Sanción al cemento

1 de octubre de 2024

Por: John Jairo Blandón Mena

La violencia se tomó el futbol profesional en Colombia. En los últimos 15 años, según un estudio de la Universidad Central de Bogotá, van más de 250 hinchas muertos como consecuencia de la intolerancia asociada al entorno de este deporte. Cada 20 días, una familia colombiana pierde a uno de sus hijos por la sinrazón del color de una camiseta. Tristemente; lo que debería ser una fiesta está agudizando la confrontación de grupos de jóvenes, especialmente en las comunas y sectores más empobrecidos de las principales ciudades.

Varios de los estadios del país se convirtieron en teatros de enfrentamientos de grupos de muchachos que pertenecen a algunas barras contrarias, que en los últimos años han sido permeadas por delincuentes que utilizan la legitimidad del accionar de estas para cometer actos vandálicos y criminales y arroparse con la impunidad del señalamiento colectivo.

La falta de tecnología en los estadios de Colombia ha impedido la judicialización de los responsables de acciones criminales durante los partidos. Herramientas básicas como la carnetización de los hinchas, que ya son efectivas en otros países, aquí no ha sido posible consolidarla; a pesar, que desde 2017 se destinaron recursos públicos y de los hinchas para el proceso de enrolamiento. Sin embargo, este no pudo avanzar por las descoordinaciones entre el Ministerio del Deporte, la División Mayor del Futbol Colombiano (DIMAYOR); y el contratista Tuboleta; que no lograron que la infraestructura de autenticación, la consolidación de las bases de datos, los torniquetes con sistemas de identificación y los carnés operarán en los principales estadios del país.  

Lo que se encontró después en el fallido proyecto de carnetización es que los clubes no pretendían que este fuera una herramienta para garantizar ambientes seguros a los asistentes al espectáculo del futbol; sino, una estrategia para fidelizar su hinchada. Esa actitud mercantilista de la dirigencia del balompié colombiano en detrimento de la seguridad en los estadios ha llevado a que algunos equipos otorguen beneficios económicos a barras de las cuales no tienen control. En este ámbito hay que recordar la forma en que la barra del Atlético Nacional Los Del Sur, que recibía contratos y beneficios económicos del ese club, en abril de 2023 ocasionó disturbios que hirieron decenas de policías, aficionados y generaron múltiples daños en el equipamiento urbano de Medellín.

La final en la reciente Copa América en Estados Unidos nos demostró que un partido puede ocasionar una tragedia. Hace una semana en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín se presentó una batalla campal entre un sector de la barra visitante del Junior y las del Nacional que dejaron decenas de heridos y un partido suspendido. Las imágenes son dantescas: cuchillos, machetes y una confrontación criminal. Hay corresponsabilidades: un precario dispositivo de seguridad de la policía, las barras que acuden a la violencia y al insulto como forma de alentar al equipo, jugadores que incitan a la violencia con sus celebraciones y actitudes en el terreno de juego; y algunos equipos, que como ya se dijo, patrocinan barras con antecedentes de violencia.

Pero quizás; los más grandes responsables son las autoridades administrativas, futbolísticas, judiciales y civiles. No hay un plan serio para erradicar las violencias del contexto del futbol. Las sanciones que deberían ser ejemplarizantes para los responsables recaen es sobre el cemento. Al día siguiente del insuceso, el alcalde de Medellín anunció una sanción para que el equipo juegue sin público los dos partidos siguientes. Similares han sido las ultimas sanciones que sobre hechos semejantes se han tomado en otros estadios. Se sanciona el cemento, pero los responsables no son individualizados, ni judicializados. Y los equipos que patrocinan estas barras, más allá de su afectación económica por los partidos que juegan sin público, siguen compitiendo, y de vez en cuando cambian de estadio para evadir las pírricas sanciones de la DIMAYOR; a la que parece solo importarle sancionar el cemento y no enfrentar con efectividad la creciente violencia en el espectáculo más importante para la nación.

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Sobre el autor

Doctor en Educación de la Universidad Católica Luis Amigó. Magíster en Educación del Tecnológico de Monterrey. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Especialista en Métodos de Enseñanza Virtual de la Universidad Católica del Norte. Especialista en Estudios Afrolatinoamericanos y Caribeños de Clacso. Abogado de la Universidad Católica Luis Amigó.   Se ha desempeñado como docente universitario. Coordinador del Equipo de Trabajo de Medellín en el Proceso de Comunidades Negras (PCN). Coautor de libro: Debates sobre conflictos raciales y construcciones afrolibertarias. Editorial Poder Negro. 2015.
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