8 de julio de 2022

Por: Alexander Iturre Campiño

Mg. Arquitectura y Urbanismo

Los retos de la propuesta de la constitución de la Región Administrativa y Planificadora con autonomía en todo el litoral Pacífico propuestos por el Presidente electo Gustavo Petro Urrego.

La Constitución Política Nacional de 1991 estableció en su Artículo 286 “Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y la ley”.

Así mismo, los artículos 1 y 287 de la Constitución establecen la autonomía de las entidades territoriales en los campos administrativos, fiscales y político. En este marco, la autonomía se entiende como la capacidad administrativa, de gestión, de planificación y generación de recursos desde la orientación de sus acciones hacia el logro del desarrollo sostenible que redunde en la calidad de vida de la población.

Por otro lado, la Ley 1454 de 2011 tiene como objeto dictar normas orgánicas para la organización político administrativas del territorio colombiano, donde el ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva de país que se da de manera progresiva, gradual y flexible.

En ésta se establece la conformación de esquemas asociativos territoriales como las regiones administrativas y de planificación, las regiones de planeación y de gestión, las asociaciones departamentales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de distritos especiales, las provincias y de planificación y las asociaciones de municipio. Pues el objetivo general es el de promover una mayor delegación de funciones y competencias del nivel nacional hacia el orden territorial.

Así las cosas, de acuerdo con este marco regulatorio vigente, para poder avanzar en la consolidación de la región del Pacífico colombiano como ente territorial autónomo se debe conocer lo que en materia de leyes y procesos se deben realizar para llevar a cabo dicho propósito.

El concepto de Región Administrativa y Planificadora con autonomía- RAP- enunciado en la Ley 1962 de 2019 establece los criterios para la conformación de las mismas.

En el año 2016 se crea la RAP Pacífico que es la Asociación de los Departamentos del Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, la cual cuenta con la figura administrativa propuesta por el Presidente electo Gustavo Petro.

“Su propósito fundamental se enfoca en la descentralización y desarrollo del país basado en un esquema de planificación desde la base social, las comunidades, las expresiones culturales, los procesos económicos y la riqueza de los recursos que caracterizan al Pacífico; siendo esta la segunda en constitución desde promulgada la Ley.” (rap-pacifico, 2016).

Frente a ello, es necesario resaltar que estas RAP siguen dependiendo económica y administrativamente de las entidades territoriales que las conforman y de los recursos provenientes del crédito público y la cofinanciación del presupuesto general de la Nación y de otras fuentes de financiación territorial.

Situación distinta se da con la Región Entidad Territorial- RET, que en este caso sí es autónoma financiera y administrativamente. Lo que en el fondo desea la gran mayoría de los habitantes de esta región porque en ella se puede contar con una junta regional compuesta por los gobernadores de los departamentos que la conforman y un gerente regional que será el representante de la Región.

Lo difícil de lograrla está consagrado en el Artículo 9 que establece las condiciones para la conversión (voluntad de los gobernadores de las entidades territoriales para adelantar dicho proceso, procedimientos, diagnósticos, proyecto de ley, aprobación por el Congreso, referendo de los ciudadanos de cada departamento en la aceptación o no de lo adoptado por éste). Esta situación no es imposible de realizar, pero sí requiere de un tiempo prudencial para su ejecución.

La más reciente Ley 2200 del 8 de febrero de 2022, da vía libre a la creación de nuevos departamentos, según lo contenido en esta:

“Artículo 13. Creación de nuevos departamentos y definición de límites dudosos para nuevos departamentos. Corresponde al Congreso de la República, fijar o modificar el límite de regiones territoriales del orden departamental y del distrito capital de Bogotá, de conformidad con la Constitución y la Ley. De conformidad con las competencias constitucionales del Congreso, la ley podrá decretar la formación de nuevos departamentos y el deslinde de las entidades existentes.

Para los nuevos departamentos, el Congreso de la República definirá los límites dudosos y solucionará los conflictos limítrofes, teniendo en cuenta los estudios normativos, los estudios técnicos y las características culturales de la comunidad. Estos estudios serán elaborados conjuntamente por las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y la Cámara de Representantes con el apoyo del Ministerio del Interior y el Instituto geográfico «Agustín Codazzi».

Parágrafo 1. Para los nuevos departamentos, el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial, será la entidad del nivel Nacional encargada de promover y liderar los procesos de articulación y coordinación con las demás entidades del nivel central y territorial dentro del proceso de exámenes de límites, definición de límites dudosos y conflictos 12 2200 limítrofes. El Instituto Geográfico «Agustín Codazzi» remitirá copia de la iniciación de los procesos al Congreso de la Republica y al Ministerio del Interior.

Parágrafo 2. Se concede al Ministerio del Interior, el plazo de 12 meses para que, con la participación de los departamentos representados a través de la Federación Nacional de Departamentos, presente el Congreso de la República, un proyecto de ley que establezca los requisitos para la creación de nuevos Departamentos.”

Es por esto que los hombres y mujeres de la región del Pacífico colombiano, en el marco del Gran Pacto Nacional, deben establecer ese diálogo directo con el nuevo gobierno para dejar claro qué tipo de figura administrativa desea el Pacífico colombiano, para de esta manera poder alcanzar el desarrollo anhelado, y así dar inicio al cierre de las brechas de inequidad y abandono en el que históricamente ha estado inmersa la región.