04 de mayo de 2026

 

Por: John Jak Becerra Palacios

“Ninguna empresa me da empleo. Avanzo en los procesos de selección, pero cuando llego al último filtro, desaparezco’’.[i]

 

Un hombre que ganó y perdió al mismo tiempo

En 2018, la Corte Constitucional de Colombia emitió la sentencia T-572-17 […], un fallo denominado “histórico”: por primera vez, un tribunal reconocía el racismo antinegro en el entorno laboral como una violación de derechos fundamentales.

El hombre detrás de ese precedente soy yo — Jonh Jak Becerra Palacios —, un africano nacido en Colombia que durante años soportó insultos racistas en la empresa A.R. Los Restrepos S.A.S. en Bogotá. Me llamaban “esclavo”, “mico”, “gorila”, “King Kong” […], mientras la empresa guardaba silencio. Cuando denuncié, fui despedido bajo la etiqueta de “problemático”.

Cinco años de litigio (…). Una sentencia histórica (…). Y, sin embargo, hoy no puedo conseguir empleo en el sector privado — ni siquiera para labores básicas.

Lo que vivo tiene un nombre preciso: muerte laboral.

No es una paradoja. Es el racismo estructural operando con precisión quirúrgica.

 

La sentencia de muerte que no firma nadie

Después del fallo, entré a procesos de selección una y otra vez […]. Cumplía perfiles, superaba pruebas, llegaba a las etapas finales — y entonces, sin explicación, la puerta se cerraba.

Las bolsas de empleo y empresas de selección — que controlan una parte significativa del mercado laboral colombiano — parecían operar bajo una lógica silenciosa: una lista sin firma, sin registro, sin posibilidad de defensa.

Una investigación de Las2orillas lo nombró con crudeza: “sentencia de muerte laboral”.

El Ministerio del Trabajo, obligado por la Corte a fortalecer mecanismos contra el racismo, no actuó.

Yo mismo lo he dicho:

— «El hecho de que se me niegue el derecho al trabajo genera un efecto mortal […]. He Estado a punto de perder mi casa. Mi salud mental y mi estabilidad están en juego».

Lo digo también desde un nosotros:

Nosotros — las personas negras/afrodescendientes — cargamos el racismo incluso cuando “ganamos”.

La soledad (…), la depresión (…), la sospecha constante […].
Siete años después del fallo, el dolor no cesa.

Esto no es metáfora.

Es lo que Frantz Fanon llamó: la zona del no-ser — ese lugar donde la humanidad negra es suspendida antes de cualquier evaluación, antes de cualquier mérito, antes de cualquier oportunidad.

 

Lo que los marcos teóricos ya sabían

Mi caso no sorprende a quienes entienden el racismo como sistema.

Fanon (1952) advirtió que el colonizado que apela al derecho descubre que el sistema posee mecanismos más profundos que sus propias leyes. La sentencia                T-572-17 […] fue reconocida — pero luego neutralizada en la práctica.

Amos Wilson (1998) lo plantea sin rodeos: el poder real no reside en los tribunales, sino en el control del empleo y los recursos. Una sentencia sin redistribución de poder económico es decorativa.

Charles Mills (1997) describe el contrato racial […]: un acuerdo implícito que excluye a ciertos sujetos de la plena ciudadanía. Yo gané formalmente; en la práctica, sigo excluido.

Achille Mbembe (…): necropolítica.
No se trata solo de decidir quién muere físicamente, sino quién puede vivir social y económicamente.

A mí no me mataron. Me negaron los medios de vida.

El resultado — como lo nombro — es mortal.

Patricia Hill Collins completa el mapa con la matriz de dominación:
empresa + bolsas de empleo + instituciones estatales + silencio mediático […].
No es un actor. Es una red.

 

La criminalización de quien denuncia

Hay una perversión estructural en mi caso:
mi dignidad fue convertida en amenaza.

No soy percibido como alguien que defendió derechos, sino como: “problemático” y “conflictivo”.

Esto tiene un nombre: DARVO (Deny, Attack, Reverse Victim and Offender).

El agresor niega (…), ataca (…), invierte los roles […].

En el mercado laboral colombiano, denunciar el racismo equivale a autoexcluirse.

El mensaje es brutal:

— si resistes en silencio, puedes permanecer
— si denuncias, desapareces

Esa lógica no protege a una empresa.
Protege al sistema.

 

La falta de solidaridad: una conversación incómoda

Hablar de la falta de apoyo dentro de sectores afro es incómodo […]. Pero necesario.

John Henrik Clarke explicó que la fragmentación afrodescendiente no es natural: es producto de la colonización […].

En Colombia, algunos sectores que han accedido a espacios institucionales operan bajo una lógica de supervivencia individual. Acompañarme implica costos políticos reales.

No es simple traición. Es una consecuencia estructural.

Pero también debo nombrarlo con honestidad: hay mezquindad […], hay  instrumentalización de las luchas colectivas para fines individuales.

La pregunta correcta no es: — «¿por qué no apoyaron?»

Sino: — «¿qué condiciones produce el racismo estructural para que la solidaridad sea tan costosa?»

 

Lo que mi caso revela

Mi historia no es solo personal […]. Es un experimento social involuntario.

Revela que:

— el mercado laboral privado tiene más poder que la Corte Constitucional
— las instituciones del Estado operan por omisión
— denunciar el racismo tiene un costo devastador
— una sentencia histórica puede coexistir con la exclusión total

El racismo en Colombia no necesita declararse.

Opera en:
— formularios que nunca avanzan
— llamadas que no llegan
— puertas que se cierran sin explicación
— silencios que sostienen el orden

 

Una deuda colectiva

Yo hice posible el precedente jurídico más importante sobre racismo laboral en Colombia […].

Lo hice atravesando cinco años de desgaste institucional, con apoyo jurídico de Dejusticia, pero con un costo humano profundo.

Hoy:
— sigo sin empleo estable
— sigo alzando la voz
— sigo cargando una victoria que no transformó mi vida material

Mi caso no es pasado.
Es presente.

Y mientras lo sea, la sentencia T-572-17 seguirá siendo — como advertía Fanon — la excepción que permite que todo siga igual.

La pregunta que queda abierta (…), urgente, inevitable, es:

¿de qué sirve un fallo histórico si el sistema conserva intacto el poder de decidir quién puede vivir — y quién debe desaparecer laboralmente?

[i] Declaración al periódico El Espectador 2022, ODR-PCN, Dejusticia y Universidad de los Andes.