Por: John Jairo Blandón Mena

La próxima semana se cumplirá un año de la localización por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional de un laboratorio para la producción de cocaína con cerca de siete toneladas de insumos químicos y 9.453 gramos de pasta base de coca en la finca de propiedad de Fernando Sanclemente, quien en ese momento fungía como embajador de Colombia en Uruguay. Un suceso de semejante gravedad debió haber movilizado el aparato judicial de inmediato, pues no, solamente dos meses después de los hechos el funcionario renunció voluntariamente a su cargo, aun no se entiende como el presidente Duque sostuvo a una persona con un señalamiento por narcotráfico en su cuerpo diplomático. Pero, lo más grave es que la vinculación a un proceso judicial mediante indagatoria del exembajador y exfuncionario de toda suerte de altas posiciones estatales, solamente se dio diez meses después de la ubicación del complejo para la producción de narcóticos. Hoy, la única persona que está privada de la libertad por cuenta de los hechos es el mayordomo de la finca, quien mediante su abogado ha expresado no entender la dilación de la Fiscalía en recibir su testimonio en el que declararía y aportaría pruebas en contra de los responsables directos del negocio ilícito. Ni el testimonio se ha recibido, ni el traslado a un sitio de reclusión seguro donde no corra peligro su vida; todo pareciera, que a la Fiscalía no le interesa conocer la verdad, y que le está apostando a que la defensa interponga una solicitud de libertad por vencimiento de términos, y la intención de colaboración del procesado se dilapide ¿A quién (es) protege (n)?

Otro caso absolutamente asombroso por la impunidad y la burla a la justicia es el del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, durante su nefasto periodo al frente de ese departamento creó los carteles de la hemofilia, del sida, del síndrome de Down, de la odontología, mediante los cuales se presentaban pacientes ficticios al saqueado sistema de salud cordobés, operaciones en las que el señor Lyons, según su propia confesión se embolsilló 8.950 millones de pesos de un desfalco total de más de 150 mil millones. En la actualidad, el exmandatario, quien además fue protagonista del soborno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, vive holgadamente en Miami, Estados Unidos, donde hace unos meses se vio en una mansión celebrando con conjunto vallenato a bordo su cumpleaños. A mediados de 2019, Lyons llegó en audiencia virtual desde el país del norte a un preacuerdo con la Fiscalía, en el que no se contempló la reparación de perjuicios al patrimonio público, y en el que la pena a imponer será de 5 años y tres meses, que según comunicado de la propia Fiscalía pagará “cuando regrese al país”. Y para completar, el padre de Alejandro Lyons, el señor Alejandro Lyons de la Espriella está siendo investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, su audiencia preparatoria en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería se ha pospuesto injustificadamente varias veces, la última reprogramación fue el pasado diciembre para el próximo 13 de abril. Seguro le apuestan a un vencimiento de términos.

Y la cadena delitos que tuvo lugar en la Corte Suprema de Justicia, y que eufemísticamente se denominó “Cartel de la toga”, cuando en la realidad era todo un entramado conformado por magistrados y fiscales que cobraban sumas millonarias a procesados en esa alta instancia judicial para obtener sentencias favorables, tiene presos a decenas de personas sin jerarquía judicial que no eran los determinadores de las conductas, y al señor Gustavo Moreno quien es el “chivo expiatorio” de los verdaderos responsables que son los togados y los políticos de diversa índole. Entretanto, el exmagistrado Leónidas Bustos incriminado hasta los tuétanos por testimonios de sus otrora subalternos y procesados, huyó a Canadá, donde hoy vive cómodamente con su familia, y en reciente audiencia manifestó que “no regresará a Colombia”.

Por eso, la justicia es para los de ruana. La severidad de las penas solamente opera con delitos comunes que son cometidos por el grueso de la gente de a pie. Aquí, Políticos y empresarios vulneran el sistema judicial con artilugios, tretas y artimañas jurídicas; y, afuera, se valen de la inexistencia de mecanismos de cooperación judicial para disfrutar sus fortunas en la impunidad y la tranquilidad de otro país.

*Imagen tomada de https://www.laorejaroja.com/