Persiste el bloqueo a las reformas que el gobierno nacional le planeó al país, por parte de fuerzas del congreso seriamente comprometidas con asociaciones, gremios y corporaciones empecinadas en impedirlas. Tal como el año anterior se cayó la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, este 18 de marzo podría ocurrir lo mismo con una de la más ambiciosas propuestas del ejecutivo.

Luego de superar los dos debates en la Cámara, la medida podría ser archivada en su tercer debate en Senado; pese a que parece increíble que, con una ponencia negativa amañada por ocho personas que han recibido aportes corporativos a sus campañas, tengan el poder de no considerar siquiera el debate de un proyecto de ley de tanta envergadura, cuando se ha avanzado en su discusión por tanto tiempo, con tantas propuestas sustitutivas y alternativas, planteados en tantos escenarios verdaderamente democráticos.

Más allá de la benevolencia del articulado que pretende reposicionar las relaciones productivas con mayores ventajas para las y los trabajadores, lo que ya ha sido demostrado en los debates adelantados en la Cámara de Representantes, e incluso contra las advertencias y recomendaciones hechas por un organismo que no puede ser tildado de izquierdas como la OCDE; el país queda nuevamente advertido de la voracidad con la que el grueso del empresariado persiste en la defensa del actual régimen, bajo el argumento de conservar centenares de miles de empleos que, seamos honestos, hoy no están garantizando.

De hecho, con la implementación de la funesta ley 50, no sólo creció la informalidad y la subcontratación en el país, sino que hasta ahora ha resultado insostenible establecer controles rigurosos que garanticen la duración de la jornada laboral diurna, el pago de horas extras efectivas en dominicales y horario adicional nocturno, y generen acicate a las temporalidades.

Para ello, la reforma laboral defendida por el actual gobierno y los congresistas aliados propone  formalizar ocupaciones hoy desreguladas, implementar como regla general el contrato a término indefinido, reducir la jornada laboral a 44 horas y luego  a 42, garantizar las indemnizaciones por despidos injustificados, favorecer incentivos a la contratación juvenil paga, estimular la mayor inclusión laboral de las mujeres y regular formas alternativas de trabajo a distancia, y reintroducir los recargos dominicales y festivos, y un procedimiento disciplinario mucho más meticuloso, entre otras medidas sensibles en la generación de justicia laboral en favor del trabajador.

Cuesta creer que le asistan “razones de índole técnico” al clan de los 8 que sistemáticamente han venido bloqueando las iniciativas que pasan por la comisión Séptima del Senado. Tampoco resulta fiable su empeño en afirmar que la reforma laboral “no genera empleo para los jóvenes y no combate la informalidad” cuando masivamente esos sectores se han manifestado en favor del articulado que hoy pende de un hilo en el Congreso.

Resulta peor aun la iniciativa de archivo proviniendo de seguidores y aliados de Álvaro Uribe Vélez, quien fue el principal ponente de la ley 50 y la ley 100 con las que el grueso de los trabajadores perdieron estabilidad laboral, retroactividad en sus cesantías, pago de recargos nocturnos,  menor pago por trabajo en domingos y festivos, disminución en la devolución de sus cesantías con ajuste retroactivo, y afectaciones a la garantía de sindicalización; viéndose obligados a trabajar por 300 semanas para aspirar al derecho de pensionarse con un menor porcentaje que el otrora existente, algo que además resulta harto difícil con la incorporación ventajosa de los fondos privados de pensiones.

De ahí que resulte sensata la advertencia del Presidente, anunciando una consulta popular a la ciudadanía, si no pasa la reforma. Se cae de su peso el que opulento Consejo Gremial Nacional, integrado por  afirme que “mecanismos que busquen desconocer las decisiones del Congreso o ejercer presión a través de movilizaciones generan incertidumbre, afectan la confianza en el país y profundizan la división social”, cuestionando el llamado al constituyente primario como si no se tratara de una medida de profunda raigambre democrática. Resulta perverso que se considere “imposiciones” o “amenazas” el emplazamiento a la ciudadanía para que defienda las reformas por las que votó, máxime cuando ha resultado persistente la negativa a considerar y votar los argumentos esgrimidos por las fuerzas afectas al gobierno.

Tal como hemos mencionado en diferentes momentos, lo que resulta pavorosamente antidemocrático es el silenciamiento de agrupaciones políticas representadas en el congreso que despliegan un sinfín de estratagemas que impiden el normal acopio de discusiones, exposiciones y argumentos en la contienda legislativa, provocando incluso que no se pueda sesionar, como corresponde y espera la ciudadanía.

Ante el posible nuevo revés de la reforma laboral, no por la vía de la discusión abierta y la votación amplia que merece una medida como esta, nos manifestamos a favor de que se promuevan iniciativas que encaren tal situación y convoquen a la ciudadanía a manifestarse en la calles y en las urnas, invocando un mecanismo decididamente participativo.