Hay que decirlo con absoluta claridad: quizás desde los impulsos reformistas de la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo ningún presidente, hasta la llegada de Gustavo Petro, había puesto tanto énfasis en enfrentar las profundas desigualdades sociales que han marcado la historia de Colombia y que constituyen una de las causas estructurales de la violencia que ha padecido el país.

A pesar de los inocultables controversias y errores cometidos tanto en las formas como en el fondo, resulta innegable que durante este cuatrienio la acción institucional del Gobierno estuvo orientada, como pocas veces antes, hacia los sectores históricamente excluidos y desfavorecidos. Se podrá debatir la eficacia de las políticas o cuestionar los resultados; sin embargo, lo que difícilmente puede negarse es que la desigualdad dejó de ser un asunto periférico para convertirse en un eje central de la agenda pública.

El Gobierno de Gustavo Petro intervino allí donde durante décadas prevalecieron la indiferencia, la postergación y las promesas incumplidas y posicionando como prioridad la urgencia de cerrar las brechas que alimentan la exclusión y la violencia. Se podrá cuestionar al presidente por algunas de sus decisiones, lo que difícilmente puede negarse es que gobernó con ahínco y determinación para poner en el centro de la acción pública a las mayorías empobrecidas de la nación.

Durante estos cuatro años se produjeron transformaciones que parecían impensables para la sociedad colombiana, y las califico así porque fueron incruentas. Sentar las bases de una reforma agraria orientada a restituir y democratizar el acceso a la tierra para el campesinado; recuperar derechos laborales conculcados en gobiernos anteriores; avanzar de la noción restringida del salario mínimo hacia la garantía de un mínimo vital; destinar a la educación el presupuesto más alto de la historia; y dignificar las condiciones de vida de sectores tradicionalmente relegados, como los adultos mayores y los jóvenes deberían tener la continuidad del proyecto totalmente asegurada, pero hoy hay enormes riesgos de retroceder a tiempos de violencia e injusticia social promovidas desde la institucionalidad.

La resistencia de las élites a la expansión de la justicia en los ámbitos tributario, salarial y socioeconómico ha alimentado, con notable eficacia, estrategias de deslegitimación política, mediática e incluso de exaltación de la confrontación, orientadas a desacreditar los avances alcanzados en favor de las mayorías. En ese contexto, y aunque resulte paradójico, se intenta presentar como una catástrofe lo que para muchos constituye es la construcción de un país más equitativo e incluyente. Mientras tanto, se promueve la figura de supuestos mesías y salvadores que ofrecen recetas económicas y políticas ya ensayadas y agotadas, con el riesgo de conducir a la sociedad colombiana hacia escenarios de crisis y deterioro institucional semejantes a los que hoy enfrentan otras naciones de la región.

Quisiera cerrar esta columna con una invitación sincera a los jóvenes, a las mujeres, a los pueblos étnicos, a las organizaciones de la sociedad civil, a los miles de abstencionistas, a los sindicatos, a la ciudadanía consciente e informada y, en general, a toda la nación. El momento que vive Colombia exige algo más que preferencias electorales: nos convoca a decidir qué país queremos ser. Si uno donde la vida, la inclusión y la justicia social se conviertan en pilares irrenunciables, o si, por el contrario, estamos dispuestos a regresar a los tiempos de muerte, exclusión y desesperanza. Esa es, quizá, la decisión más trascendental de nuestra historia reciente.