En el primer gobierno alternativo, progresista, o de izquierda en Colombia, la participación política de personas afrodescendientes no ha tenido el nivel de incidencia y protagonismo esperado. Bien por la actitud del gobernante, bien por la capacidad de quienes asumieron posiciones visibles en el ejecutivo, el saldo, si bien no queda en rojo, deja muchas lecciones que deberán aprenderse.

El peso de las coaliciones

En principio, resulta claro que no se puede participar de coaliciones electorales sin compromisos públicos y manifiestos en escenarios propios, en los que el debate y la concertación previa garanticen la agitación y la movilización de fuerzas capaces de mover al gobernante para garantizar lo acordado.

Si bien el diseño del futuro para un pueblo étnico no pasa por posturas unitarias, ni reclama necesariamente la constitución de partidos únicos, incorporar y confluir enprocesos político electorales propios resulta necesario y cada vez más urgente, en la búsqueda de constituir un electorado étnico incidente y victorioso, aún bajo las reglas de juego y negociación de las concertaciones y coaliciones.

Progresismo no es igual a antirracismo

En igual sentido, con muchas evidencias para sustentarlo, suponer que un gobierno progresista es igualmente antirracista, es un grave error que deja dolorosas lecciones asociadas al nivel de respuesta étnica que, sin retaliación ni espíritu de venganza, alimenten la osadía libertaria en el propósito de incidencia política y emergencia en las carteras ejecutivas.

En ello queda implicada la notoria debilidad organizativa de este momento en el movimiento étnico afrodescendiente, incapaz de levantarse y activarse para contener, bloquear e incluso impedir expresiones y acciones desobligantes, racializadas y revictimizantes, en cuanto asumen que todas las luchas sociales son semejantes al proceso de reexistencia de un pueblo étnico, cuyos padecimientos históricos alimentan sus reivindicaciones.

Las desigualdades, hay que recordarlo e insistir abiertamente, no son equiparables. Si bien todas ellas implican afectación de derechos y menoscabo de la dignidad, es la multidimensionalidad y perdurabilidad histórica lo que hace que aquellas nacidas de procesos de esclavización que convirtieron a seres humanos en cosas, en “negros”, afecte de manera generalizada, descomunal y diferente a las y los afrodescendientes frente a cualquier otro grupo humano discriminado, precisamente por la afectación generada .

De hecho, basta un acercamiento a las cifras y datos específicos para darse cuenta de que las marcadas vulneraciones y los sostenidos acumulados gestados en el trato discriminado, las prácticas de exclusión, la precaria distribución y pobreza, el acceso y garantía de derechos, e incluso la desatención a prestaciones de servicios básicos, constituyen factores que retan, limitan o bloquean de manera diferente a las y los descendientes de africanas y africanos, medidos con cualquier indicador disponible. Ello sin siquiera referirse a los problemas de salud mental, asociados a situaciones cotidianas traumáticas que provocan daño a la autoestima, pérdida de confianza, ansiedad y depresión.

Conocer la maquinaria burocrática

Para el movimiento étnico afrodescendiente queda demostrado que el ejercicio de aprender a gobernar implica hacer la tarea de formarse en las lides de la tramitación burocrática, la paquidérmica gestión presupuestal y la insufrible tramitología administrativa, diseñada así en Colombia para hacer mucho más difícil la trazabilidad de indicadores, evadir controles fiscales eficaces, y orquestar la maquinaria institucional en función de los intereses de familias clientelares tradicionales que han domeñado el aparato estatal, situando a sus cuadros estratégicamente incidentes en la determinación de lo que finalmente se hace o no en cualquier cartera del ejecutivo.

El funcionariado, más allá de los cargos de libre nombramiento y remoción, opera como una casta con nombramiento a tiempo completo y permanente, cuya actuación y movilidad no está sujeta a ninguna intencionalidad programática, toda vez que la carrera administrativa le garantiza permanencia en su cargo de manera fija, excepto por sanciones disciplinarias o penales, por llegada a la edad de retiro forzoso, o por renuncia voluntaria.  

Retar el clientelismo 

El mayor o menor nivel de ejecución en programas o proyectos pasa por estas manos, que se constituyen en nudos de una extensa red dentro de las entidades territorial y entes gubernamentales, impidiendo, ralentizando o condicionando el quehacer institucional de acuerdo a las indicaciones de quienes en su momento les favorecieron, o con quienes establecen acuerdos e intercambios de favores a cambio de ascensos, mejoramientos salariales o ampliación de beneficios, muchas veces orquestados para asegurar el funcionamiento micro y macroempresarial  en torno al cobro de “primas de éxito” en los contratos públicos o, peor aún, en las alianzas público-privadas.

Vencer el voluntarismo

Superar la idea de que las y los afrodescendientes que asumen cargos de incidencia pública se representan a sí mismos implica que, efectivamente, lleguen a tales asignaciones como producto de actuaciones y acontecimientos que les impliquen en la gestación y ejecución de planes, programas y proyectos con contenido étnico promovidos y convenidos con las comunidades, territorios y organizaciones y plataformas. Es indiscutible que tal nivel de compromiso se debilita ante la inexistencia de cuadros que respondan a nodos y núcleos de acción coordinada, e incluso censitaria y dependiente.

El resultado de las recientes incursiones evidencia que, si bien no puede confundirse la actuación estatal con las banderas de un movimiento social o étnico, la activación de reciprocidades entre una y otra resulta necesaria para contener el afán voluntarista de actores “afroconvenientes” que, llegados a instancias gubernamentales buscan asegurar su futuro y condicionar su aquiescencia en pro de ascensos y permanencia en el sistema burocrático.

También ocurre que la aceptación de embajadas, ministerios, viceministerios y direcciones pueda hacerse con carácter personalista, descuidando incluso alianzas internas, concertaciones “casa adentro” y diálogos intergeneracionales que fortalezcan en lugar de envilecer y descarriar la manera como son percibidas tales asignaciones públicas.

Urge coordinación y comunicación 

Ante las incomprensiones y los ataques inmisericordes que la opinión pública dirige hacia estas figuras étnicas, queda desnuda la debilidad de los procesos que deberían arroparles, justamente por no ser percibidas como representantes o referentes irrestrictos.

Si bien deben evaluarse las mayores o menores responsabilidades individuales, los niveles de incompetencia y la impericia en el manejo de asuntos administrativos de alta complejidad, se requiere entender cómo operan, se orientan y se mueven las multitudes en el siglo XXI, en el que la sola referencia a la pertenencia étnica, o la trayectoria precedente no garantizan ni un tratamiento ecuánime, ni una consideración que favorezca la gestación de aprendizajes.

La inclemencia con la que se emiten juicios de odio, recriminaciones abusivas y, también, críticas fundadas pero lacerantes, advierte que se deben mantener abiertas las rutas de ida y vuelta entre un movimiento y quienes lideran su agenda participando en un gobierno.

El nivel de afectación a la futurabilidad de un movimiento pasa por caminar, incluso descalzos, por los terrenos pedregosos y los lodazales de la política gubernamental, considerando además la situación en la que no se llega a tales instancias cobijados por la plena aceptación, apoyo y oficio participativo coaligado con las comunidades, organizaciones y procesos. Por ello resulta tan difícil conjurar las prácticas venales, el bloqueo burocrático, la animadversión partidista y la confabulación clientelar dentro del Estado.

Sumada a la inexperiencia en asuntos de alta gerencia estatal, cuyas habilidades requieren pericia en el relacionamiento faccionalista y detección de los procesos de apropiación del erario, es decir, el consabido “cby” con el que se aceita el mecanismo estatal en todos sus ámbitos, quienes acceden a niveles ejecutivos altos y medios en Colombia requieren fortalecer una comprensión de lo público situado en el contexto de una nación extensa, de regiones y territorios disimiles, identitaria, cultural y étnicamente cargada de urgencias aplazadas y frustraciones acumuladas por siglos.

No entenderlo significa ser tildado de traidores, desconsiderados, torpes o ineptos; personificando la impotencia con la que las comunidades y territorios han tenido que navegar en océanos de fracaso en su relacionamiento con el Estado, cosa que favorece el amiguismo y el grupismo antes que la construcción del común en el gerenciamiento público. El desengaño hace crecer la sensación de instrumentalización de las comunidades y de las personas que respaldaron una propuesta política cuya promesa era el cambio, complicando futuros entendimientos, al tiempo que se enredan las intenciones de apoyo en nuevos procesos electorales.

Mandar obedeciendo 

Como se advierte en diferentes espacios, concertaciones, escenarios de discusión preelectoral y en la efervescente agitación virtual en redes sociales, desoír a la gente trae consecuencias funestas; mucho más a la hora de contar respaldos, en la base y en la dirigencia de un movimiento, cuya cohesión está en riesgo, afectando la interlocución y el sostenimiento de sus figuras representativas. La falta de diálogo frecuente, el cerramiento de nexos comunicativos, la desatención a los liderazgos, el descomedimiento con las comunidades, la desconexión con los territorios y el alejamiento de las organizaciones y expresiones propias, tienen un desenlace funesto que, a la final, se convierte en un cobro muy costoso, reflejado en pérdida de popularidad y agotamiento de la favorabilidad.

En fin, el ejercicio de leer nuestra propia nota de conocimiento sobre la lecciones aprendidas, apenas empieza.