21 de julio de 2026

Por: John Jairo Blandón Mena

Hace algunos años leí Teoría y resistencia en educación, del pedagogo estadounidense Henry Giroux, quien sostiene que los maestros deben asumirse como intelectuales transformadores, capaces de formar ciudadanos críticos que cuestionen el orden social y contribuyan a la construcción de una sociedad más justa. Esa visión cobra hoy una vigencia innegable, en un contexto en el que la educación no puede ser neutral. Parafraseando a Paulo Freire, educar es mucho más que transmitir conocimientos: es generar conciencia sobre la realidad para que quienes han sido históricamente oprimidos desarrollen la capacidad de transformarla.

Esa misión pedagógica resulta indispensable para fortalecer la democracia y ampliar las posibilidades de emancipación de los sectores históricamente excluidos por el statu quo. Sin una educación que forme conciencia crítica frente a las estructuras de la desigualdad y la injusticia, serán las propias víctimas del sistema quienes terminen reproduciéndolo. Sin embargo, cada vez es más evidente que una parte del magisterio ha ido perdiendo ese horizonte transformador, cediendo al acomodo y a una lógica más preocupada por la estabilidad y las reivindicaciones propias que por su papel como sujeto político y pedagógico de cambio.

Cada vez resulta más evidente y preocupante el debilitamiento del pensamiento crítico y deliberativo en amplios sectores del magisterio. La voz de las maestras y los maestros ha ido perdiendo presencia en los debates fundamentales que definen el rumbo de la nación. Da la impresión de que una parte importante del ejercicio docente ha terminado por concebir la educación como la simple transmisión de contenidos oficiales y el desarrollo de competencias funcionales a las exigencias del mercado laboral. En esa lógica, la escuela corre el riesgo de renunciar a una de sus misiones esenciales: formar ciudadanos con capacidad de pensamiento crítico, compromiso democrático y disposición para cuestionar las estructuras de poder que reproducen la desigualdad y la exclusión.

La pasada contienda electoral dejó al descubierto profundas contradicciones en amplios sectores del magisterio colombiano. Pese a que el gobierno de Gustavo Petro impulsó avances significativos en la materialización de la educación como un derecho fundamental, incluyendo mejoras estructurales en las condiciones salariales y laborales del magisterio, un número importante de docentes manifestó su respaldo a un candidato que calificó públicamente a la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) como un «cáncer» y anunció una reforma curricular orientada a reinstalar concepciones educativas propias de un modelo conservador y regresivo, distante de los principios democráticos y emancipadores que históricamente ha defendido la educación pública. A ello se sumó una postura sindical que, en términos políticos, resultó insuficientemente contundente, pues Fecode no comunicó de manera clara e inequívoca los riesgos que las propuestas del hoy presidente electo representaban para el sistema educativo, la autonomía pedagógica y la garantía del derecho a una educación crítica, plural y democrática.

Escuché decir a algunos maestros y maestras: “este país lo que necesita es mano dura”. Esa afirmación no solo resulta inquietante por su contenido, sino porque revela una preocupante desconexión con la historia de violencia, exclusión y autoritarismo que ha marcado a Colombia durante décadas, e incluso siglos. Si quienes tienen la responsabilidad de formar ciudadanía esas lecciones históricas, cabe preguntarse qué horizonte democrático están transmitiendo a sus estudiantes.

Como advierte Henry Giroux, la educación está llamada a ser un espacio de formación crítica, capaz de cuestionar el orden social existente e imaginar alternativas más justas y democráticas, no un escenario para reproducir discursos autoritarios. En algunos sectores del magisterio pareciera haberse producido un preocupante desplazamiento: las legítimas reivindicaciones laborales han cedido terreno a una visión individualista, que, en ocasiones, se asemeja más a la lógica de una élite que defiende privilegios y exclusiones que a la tradición ética y emancipadora que históricamente ha dado sentido a la profesión docente.