Primera entrega (Segunda entrega próxima semana en www.diaspora.com.co)

Por: John Jairo Blandón Mena

Los primeros pasos para la constitución de la Policía Nacional de Colombia se dieron en 1888 bajo el gobierno del presidente chocoano Carlos Holguín Mallarino, quien creó un cuerpo de gendarmería, que desplegaba sus funciones paralelamente con otras estructuras de seguridad de carácter municipal, departamental y hasta un grupo denominado “Cuerpo de Serenos” que cumplía su oficio de vigilancia en la noche en algunas localidades,  prendiendo y apagando los faroles de petróleo en las calles y anunciando las horas con sus pitos. Tres años después, por petición diplomática del gobierno se importó desde Francia a Juan María Marcelino Gilibert, un laureado militar de ese país quien fungía como Comisario de la policía gala; su función en Colombia sería la de reorganizar y unificar los cuerpos policivos primeramente en Bogotá, su cometido fue tan efectivo, que la tarea se extendió a todo el país, y ese mismo año por decreto se creó oficialmente la Policía Nacional; y él siendo foráneo, fue nombrado su primer director.

La época de consolidación republicana que marcó las primeras décadas de existencia de la Policía Nacional estuvo marcada por una creciente oleada de descontento social, a consecuencia del desconocimiento de los derechos laborales de obreros, campesinos y artesanos, eso aunado a la expedición de normas lesivas de las garantías de los trabajadores. La Ley 69 de 1928 erigió como delito reunirse bajo cualquier denominación para estimular o sostener huelgas contrarias al orden jurídico; esa misma disposición concedió amplias facultades a la policía para disolver reuniones o agrupaciones de trabajadores, función policial que se desplegaba desde antes de la promulgación de la ley, como en el caso de las huelgas en el ferrocarril de la Dorada, de los obreros textileros en Bello y las manifestaciones en contra de la renta del tabaco, por citar algunas.

El fantasma del comunismo, del socialismo, del castrochavismo o de cualquier fenómeno inventado atribuido a la izquierda, siempre ha estado presente en las clases dirigentes del país. Las primeras décadas del siglo XX estuvieron marcadas por la necesidad, a juicio del establecimiento colombiano, de evitar la llegada de las ideologías desprendidas de la Revolución Bolchevique y el fortalecimiento del pensamiento comunista, lo que propició la expedición de la ley 18 de 1928 cuya finalidad era aumentar el número de policías en departamentos como Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Magdalena y Valle del Cauca; no propiamente por fenómenos asociados al orden público o la inseguridad sino porque eran las zonas que comprendían la mayor actividad productiva y fabril del país, y por ende, era fundamental neutralizar con el aparato policivo los posibles intentos de organización obrera. A partir de esta legislación, se le atribuyó a la Policía Nacional, el rol de guardia civil y se dejó su direccionamiento y posterior reglamentación al ejecutivo; que, desde ese momento, formalizó su utilización como cuerpo armado al servicio de los intereses oficiales y no prioritariamente de la seguridad ciudadana.

Consecuencia de lo anterior, se produjeron una serie de decretos emanados directamente del Poder Ejecutivo, que le otorgaban atribuciones a los cuerpos de policía para reprimir reuniones o manifestaciones; en medio de todo este ambiente de persecución al ejercicio de la defensa de derechos colectivos de los trabajadores, fue que aconteció la denominada “Masacre de las Bananeras” en la que tropas del ejército por orden directa del presidente Miguel Abadía Méndez, dispararon contra los trabajadores concentrados en Ciénaga, Magdalena. Pero volvamos a la policía. Los últimos años de la década de los 20 que estuvieron marcados por la confrontación entre liberales y conservadores, tuvo en la policía un verdadero aparato armado utilizado en la lucha bipartidista para ejercer control con verdaderos intereses políticos, hay registros historiográficos de homicidios perpetrados por la Policía con claras motivaciones partidistas en favor del Directorio Liberal; como el asesinato del párroco de Molagavita, Santander en 1931 que generó, además del desprestigio para el cuerpo policial, el incremento de la violencia conservadora apoyada por el clero.

En la década de 1930, durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, se llevó a cabo su plan de gobierno denominado “La Revolución en Marcha”, en la que se gravo a los sectores de mayores ingresos con el impuesto a la renta y al patrimonio, se reformuló la relación entre la Iglesia y el Estado; y, se declaró la función social de la propiedad, que obligaba a los propietarios ponerlas a producir; esas reformas en el Estado generaron cambios estructurales en la policía, durante éste y el gobierno que lo sucedió, la policía se reorganizó y se le asignó la tarea única de servir a la sociedad y garantizar el mantenimiento del orden y la seguridad como un cuerpo de naturaleza civil con régimen y disciplina militares. Sin embargo, la politización al interior del cuerpo se mantenía y seguía direccionando su accionar, eso se evidenció en uno de los hechos más connotados de principios de la década de 1940, en el que fue asesinado Francisco A. Pérez “Mamatoco”, periodista del semanario “La Voz del Pueblo”, que fue apuñalado por policiales en un parque de Bogotá como consecuencia de sus denuncias sobre abuso y arbitrariedad de la Policía, hechos que conoció el comunicador porque trabajó varios años en la institución. Este hecho generó un alto repudio nacional, que fue una de las causas de la renuncia del presidente Alfonso López Pumarejo en su segundo mandato.

En el gobierno del conservador Mariano Ospina Pérez se recrudeció la violencia bipartidista, la Policía y el Ejercito tomaron parte al servicio del partido en el poder. El abuso y los desmanes policiales en contra de la población civil liberal estuvieron al orden del día durante todo el cuatrienio, al punto que la institución fue considerada en la época como una facción armada conservadora. En medio de ese absoluto panorama de violencia generalizada en Colombia, se produce la muerte en 1948 de Jorge Eliecer Gaitán, hecho en el que según la investigadora social Dayana Becerra Alipio, la Policía instigó y provocó a las masas de ciudadanos que protestaron de manera inmediata a la muerte del caudillo liberal, los cuerpos policiales no pudieron mantener el orden y evitar la destrucción de la ciudad; concomitantemente, la institución actuó excesivamente en campos y ciudades para contrarrestar las acciones de los insurrectos liberales, quienes aprovecharon para manifestar su descontento en contra de la politización de esa entidad en favor del gobierno conservador. Un importante sector de la Policía Nacional se sublevó y participó en las revueltas populares. El caos en la entidad, obligó al gobierno a contratar una misión extranjera para que se pronunciará frente al estado de la institución; muy pronto los expertos dictaminaron lo que era evidente para la sociedad civil, era necesario una reestructuración de fondo de la Policía Nacional que se debía concretar mediante la desvinculación de todo el personal uniformado de la institución, con el reconocimiento dinerario de sus derechos laborales. Concluyeron los analistas foráneos que las disputas partidistas habían corrompido la misión de la institución, llevándola a alzarse en contra de los ciudadanos, que son los que en principio debieran proteger. Dichas recomendaciones se materializaron y la Policía Nacional de Colombia fue disuelta y sus funciones asumidas por las fuerzas militares.

Pasaron dos años para que la Policía Nacional volviera a ser refundada por el Gobierno de Laureano Gómez en 1950. De ahí hasta hoy, en mi segunda entrega contaré en qué va la institución.