09 de agosto de 2022

Por: John Jairo Blandón Mena

Hace algunos meses leía en un diario el anuncio del nombramiento del viceministro de Creatividad y Economía Naranja, cargo creado en el ministerio de Cultura durante el cuatrienio de Duque. Inmediatamente, pensé sobre cuál podría ser la función de esa dependencia gubernamental. Recordé en ese momento el precepto constitucional del artículo 122 que establece “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento”; y concluí que, aunque seguramente alguna normativa contemplaba las atribuciones de ese cargo, ellas mismas eran inservibles, tal como lo fue la tal economía naranja durante todo el anterior periodo presidencial.

La institucionalidad estatal tiene varias entidades con una cuestionada efectividad. En las que los ingentes recursos públicos que se invierten para sostener sus enormes plantas de personal no tienen relación directa, o de costo beneficio con los resultados que arroja su gestión. La Contraloría General de la República es una de ellas, más de 4.000 funcionarios en los que se va billonario presupuesto para ejecutar el control fiscal, tarea en la se recuperan menos del 4% de los recursos de los procesos donde se declara responsabilidad fiscal.

Una tarea impostergable de este gobierno es hacer la transformación y modernización del Estado. Por ejemplo, es necesario hacer el tránsito de esa caduca Contraloría a la Fiscalía Anticorrupción, como lo planteó Gustavo Petro. Ubicar, una vez transformada, a la Policía Nacional en el ministerio de la Convivencia y Seguridad Ciudadana. Y en esa línea, las mal llamadas consejerías presidenciales deben ser miradas con lupa.

En los cuatro años de Duque, sus 12 consejeros con su sequito de alrededor de 50 funcionarios cada uno le costaron al país más de 232 mil millones de pesos. Pero, sus resultados son totalmente nulos. La Consejerías para la Participación de las Personas con Discapacidad, para la Equidad de la Mujer, para la Vicepresidencia, para Asuntos Políticos, para la Transformación Digital; y todas, tienen sus funciones duplicadas en ministerios o en otras entidades del Estado. O acaso, ¿la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia no está subsumida en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar?

Por tal razón, en hora buena el anuncio del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de que la mitad de esos Frankenstein desaparecerán. La austeridad y el recorte en la burocracia tan cacareadas por todos los presidentes recientes, pero tan ausentes en su accionar, debe ser una política de este gobierno del cambio. Es imperioso trasladar los dineros públicos otrora malgastados en clientelismo y burocracia a los territorios carentes de vías, de infraestructura de salud y educación, de saneamiento básico; y en general, del Estado Social.

Son esperanzadores estos anuncios. Todas las entidades que inmisericordemente nos sacan la plata del bolsillo a los colombianos para sostener costosas nominas que no aportan a la concreción de los fines del Estado deben desaparecer. Entretanto, otras como el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA), que nunca ha debido desaparecer, por su importancia en la garantía de la seguridad alimentaria para los colombianos, debe refundarse, como efectivamente se está haciendo desde el ministerio de Agricultura.

Por último, la Vicepresidencia que no tiene funciones constitucionales más allá de reemplazar las faltas definitivas del presidente. Esta vez tendrá un papel protagónico en la transformación del país.