El deleznable atentado en contra de la vida del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá ha suscitado una afirmación que se repite entre buena parte de los analistas políticos: “la democracia colombiana está en riesgo”. Personalmente, estoy de acuerdo con esa opinión, pero con una claridad de fondo, la democracia está en riesgo no por el hecho en cuestión, sino por todo un contexto histórico de violencia, exclusión, marginalidad, desigualdad y corrupción sostenido por las élites en el poder.

Y no me refiero al poder presidencial, que no es en sí mismo el determinante y orientador del rumbo de la nación. Con el actual gobierno queda claro que los cambios en la sociedad colombiana no necesariamente se concretan por las vías institucionales, y que un acto de violencia como el que lamentamos hoy tiene más poder de detener el avance de transformaciones que las masivas movilizaciones populares de impulsarlas.

La democracia colombiana ha sido fallida desde que la violencia armada se volvió decisoria en las definiciones electorales. El proselitismo armado por décadas les arrebató la representación a los sectores populares del país. Tuvieron que trascurrir más de dos siglos de vida republicana para que las mayorías de la nación movilizadas y ávidas de transformaciones reales pudieran elegir un gobernante que encarnara sus ideales colectivos.

Sin embargo; esos anhelos de las mayorías se vuelven irrealizables por la ausencia de democracia. A pesar de la legitimidad del gobierno y de su apoyo popular, los sectores antidemocráticos con expresiones violentas, con acciones judiciales o legislativas, o con conspiraciones económicas bloquean el avance de las reformas y cambios necesarios para dignificar la vida de millones de excluidos por siempre.

El atentado criminal a Turbay hace parte de eses intentos sistemáticos de terminar de aniquilar la democracia colombiana. De parar por medio de la violencia los incipientes avances de devolverle la paz a esta nación, de garantizar la materialidad de sus derechos y de estropear de manera insubsanable las intenciones de ese moribundo gobierno de introducir transformaciones.

Los centenares de jóvenes asesinados en Quibdó, Buenaventura, Cauca, en las comunas de las principales ciudades del país; y en general, en toda la geografía nacional, no tienen la visibilidad de Turbay, pero son la evidencia que no hay democracia cuando el Estado no puede garantizarle la vida a todos de la misma manera. En una democracia, la estupefacción colectiva no puede darse solamente ante la muerte de un poderoso; mientras que los miles de ciudadanos que caen en campos y ciudades como consecuencia de la creciente espiral de violencia del país se toman simplemente como cifras que se comparan con las del año anterior para mostrar avance o retroceso en las estrategias de seguridad.

La democracia ha estado en riesgo por obra directa de las élites terratenientes, expoliadoras, explotadoras y violentas del país que convirtieron a Colombia en la sociedad más desigual del continente que, en medio de su ambición y voracidad desmedida, no permiten la mediana dignificación de las poblaciones históricamente excluidas que nunca han estado en democracia; cuyo destino seguirá siendo el mismo, mientras la violencia sea la estrategia política que defina el rumbo del país, como parece ser en este momento.