La urgencia de convocar a todas las expresiones, comunidades, procesos, organizaciones, colectivos, agrupaciones y liderazgos del pueblo afrodescendiente es inaplazable. Más allá de que no haya sido posible hasta ahora, contando incluso con la primera mujer de este pueblo en ocupar la alta dignidad vicepresidencial, evidencia que el camino no es fácil, que hay fuerzas disipadoras de la unidad y fuertes contradicciones en la defensa de intereses en los que no siempre priman las reivindicaciones sentidas en los diferentes territorios.

Hace doce años, cuando llegábamos a los emblemáticos 20 años de la ley 70 de 1993, se realizó el primer, y hasta ahora único, Congreso Nacional Afrocolombiano, cuyas pretensiones de autonomía quedaron frustradas por la presencia de actores sociales indecorosos, tanto como por la malintención estatal buscando alimentar faccionalismos contrarios a la articulación de un escenario autónomo y con su propia agenda.

Con la pavoneada exhibición de figuras que han sido fuertemente cuestionadas en el Pacífico colombiano y centenares de funcionarios del gobierno de Santos, se buscaba contar con un escenario de legitimación de políticas sensibles para la economía nacional y los oligopolios concentrados en la explotación de minerales, la extracción maderera, la bioproducción y la concentración de tierras, aminorando la potencialidad de la Consulta Previa, Libre e Informada, fomentando los denomimados “megaproyectos” que responden a la voracidad extractiva de los oligopolios de las riquezas en los territorios ancestrales.

Quibdó, pese a su novedad, dejó el sinsabor de lo que pudo haber sido y no fue, para marcar el rumbo definitivo de los procesos de desarrollo social, económico y político que dieran mayor dinamismo a la existencia del pueblo afrocolombiano. Sin embargo, tal como dejó sentado la Corte Constitucional en 2014, en la emblemática sentencia T-576/14, la convotoria de un grupo étnico no puede ser constreñida por intereses administrativos o de gobierno, que pongan en riesgo su autonomía, o la definición de los asuntos de su injerencia.

Ante los vientos que anuncian un “Congreso Nacional Constituyente” a celebrarse a finales de 2025, viene bien revisitar las lecciones aprendidas del Congreso precedente, a efectos de garantizar que su convocatoria, diversidad participativa, propósitos, deliberaciones y alcances redunden en organización, pluralismo, transparencia, coordinación y mayor bienestar para el pueblo descendiente de africanas y africanos en Colombia.

Considerando las prevenciones grupistas que, de inmediato, cuestionan a quienes se concertaron para convocarlo, en lugar de sumarse a su robustecimiento y consistencia para que consolide y proyecte mejores formas de tramitación de acuerdos y desacuerdos que ponen en riesgo incluso lo conquistado hasta ahora; conviene blindar al Congreso de cualquier vento de  fragmentación y separatismo, amplificando las oportunidades para que los disensos también sean incorporados en su empuje.

Desde la certidumbre de que al congreso puedan postularse todas las expresiones, habrá que asegurar que llegue quien pueda llegar sin ninguna distinción y sesgo, siempre que su actitud y pretensión sea aportar a que se avance en la transformación de condiciones reales de indignidad padecida en territorios rurales, litorales, islas, campos poblados y ciudades. El propósito no puede ser encontrarnos para dividirnos más ni permitir que fuerzas venales sigan controlando los espacios propios y las representaciones en escenarios de interlocución.

Peor aún, ante el asedio de expresiones multicrimen que asolan las poblaciones, ponendo en riesgo la vida y la perdurabilidad ancestral, deben afinarse los instrumentos de exigibilidad de derechos para avanzar en el autogobierno y en las estrategias de desarrollo étnico autónomo que han sido fuertemente coaccionados con el incremento de homicidios, amenazas, nuevos destierros y extorsiones a la dirigencia de los consejos comunitarios, y a liderazgos de las diferentes expresiones organizativas asentadas en territorios ancestrales, comunidades campesinas y escenarios urbanos.

Tal como aspirábamos haber consolidado con la Autoridad Nacional Afrocolombiana gestada en Quibdó, se eleva la necesidad de estructurar nuevos espacios participativos, mejores mecanismos de interlocución y configurar una ruta autonómica que recupere las lecciones aprendidas tras décadas de frustraciones, inversiones mal planificadas, indicadores deplorables, políticas ineficaces, actuaciones desorganizadas, agendas insignificantes, e injusticias que se perpetúan; mientras las fuerzas políticas tradicionales se roban incluso la representación étnica en la Cámara de Representantes.

No podemos ceder ante las pretensiones mañosas que reinstalaron espacios consultivos alejados de la vida y las necesidades de nuestras comunidades, recordando los tiempos en que a los gobiernos les bastaba concertarse con unos pocos consultivos para alcanzar su cometido, en torno a procesos de consulta previa amañados, venales y, no en pocas ocasiones, adelantados en contravía de las expectativas y necesidades de las mismas comunidades afrocolombianas.

Se requiere instalar mecanismos de coordinación y concertación que contribuyan a afianzar la autonomía territorial, el autogobierno, la justicia comunitaria y la definición de políticas, generando transformaciones en la dinámica de representación y recambios en las asignaciones y delegaciones, de modo que se comnsoliden protocolos actuacionales y decisionales legitimadas en nombre del pueblo afrocolombiano.

En igual sentido, es hora de establecer acuerdos que radicalicen la defensa y garantía de las conquistas nacidas del Convenio 169 de la OIT y de la ley 70, especialmente, buscando el perfeccionamiento de la Consulta previa para que efectivamente resulte libre e informada y comunitaria. De igual manera, se requiere afirmar las urgentes reformas al código minero para que no lesione derechos ya adquiridos; al igual que la tramitación e implementación de políticas de desarrollo rural y urbano, la transformación de las Comisiones Autónomas Regionales y de otros organismos de protección ambiental y la definición de políticas públicas con sistemas de indicadores étnicamente diferenciados, que evidencien el alcance real de las políticas encaminadas a eliminar las fronteras de indignidad que padecen las y los afrocolombianos.

Bienvenida la propuesta de un Congreso Nacional Constituyente del pueblo afrodescendiente en Colombia, del cual esperamos, ojalá, que no nos deje vestidos y alborotados.