25 de julio de 2022

Jhon Jairo Blandón Mena

Una tarea incumplida por el actual y los últimos gobiernos ha sido la reconstrucción de los lugares afectados por fenómenos naturales. Hoy, hay decenas de miles de colombianos que esperando anuncios gubernamentales se quedaron en el pavimento. Y con la misma fuerza que el agua, el viento o un movimiento telúrico destruyó sus casas, así mismo, la institucionalidad entre promesas se ha llevado sus esperanzas de volver a tener una vivienda digna.

Parece que el modelo de corrupción haitiano de la reconstrucción tras el terremoto de hace una década ha sido copiado en Colombia. El país caribeño después de la tragedia de 2010, recibió varios miles de millones de dólares para la reconstrucción que quedaron en fondos de administración bajo el control de foráneos. Pero hasta hoy, no se ha terminado de levantar la infraestructura de Puerto Príncipe y de las ciudades afectadas por el fenómeno natural. A tal punto, que el año pasado tuvo lugar otro terremoto y cogió a los haitianos con la destrucción del anterior.

Ya la institucionalidad colombiana había mostrado su incapacidad en este tema. En la reconstrucción más grande que se ha hecho en el país: la del Eje Cafetero después del terremoto de 1999, el entonces presidente Pastrana creó el Fondo de Reconstrucción (Forec). Recibió casi 2 billones de pesos del erario y varios millones de dólares de la comunidad internacional, sin contar con las decenas de toneladas de alimentos y enseres. Sin embargo, los directivos de esta entidad terminaron en estrados judiciales por investigaciones por sus evidentes manejos ineficientes y poco transparentes. A tal punto, que jamás contabilizaron las cuantiosas donaciones ciudadanas que ingresaron al Forec por vía de consignaciones bancarias, por donde se canalizaron las expresiones solidarias de la nación ante esa catástrofe.

Son varios los casos que pudieran referenciarse, pero en esta columna haré referencia a tres. Gramalote, un municipio en el departamento de Norte de Santander que en diciembre de 2010 fue destruido completamente como consecuencia de un movimiento telúrico. En 2012, el presidente Santos a instancias del Fondo de Adaptación creó la mesa interinstitucional para la reconstrucción de Gramalote. Hasta la fecha, 128 familias de ese territorio siguen sin recibir su vivienda, tampoco se entregaron los cientos de subsidios para emprendimientos prometidos después de la tragedia.

Esta situación no dista de lo que acontece con la reconstrucción de buena parte de Mocoa, Putumayo, destruida tras la avalancha de 2017 generada por el desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco. No le bastó a esa comunidad con los 330 muertos, 400 heridos, 71 desaparecidos y más de 1.300 damnificados; sino que ha tenido que soportar los sucesivos incumplimientos del Estado. Varias entidades se atribuyen entre ellas responsabilidades pero no hay significativos avances, al punto que la misma Contraloría afirmó recientemente que el retraso en esas obras está generando la perdida de millonarios recursos públicos. Y aunque este año el presidente Duque le adicionó más de 310 mil millones a los contratos de reconstrucción, lo cierto, es que las obras no se culminan y los damnificados siguen viviendo entre plásticos o en refugios temporales porque ya no hay subsidios de arrendamiento.

Y por último, está el caso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Caracterizado porque luego de la devastación que el huracán Iota propició en el archipiélago, especialmente en Providencia, Duque anunció que reconstruiría en 100 días lo destruido por la tormenta. Sin embargo, pasó todo 2021 y buena parte de 2022 y las obras siguen sin terminarse. Ya el nuevo plazo será hasta antes que se acabe el actual gobierno. Pues, le quedan escasas dos semanas y parece que serán insuficientes para entregarle la nueva infraestructura a los isleños.

Ante la indolencia de este y los gobiernos anteriores con los colombianos afectados por fenómenos naturales, se espera que el nuevo presidente Gustavo Petro pueda cumplir las promesas estatales de devolverle la dignidad a tantísimos que lo perdieron todo. Incluyendo a los actuales y por siempre afectados por la inundaciones en la Mojana sucreña y en el Chocó.