03 de agosto de 2022

Por: John Jairo Blandón Mena

La política “paz con legalidad” del presidente Iván Duque deja un balance absolutamente negativo, tanto en materia de seguridad como en la aplicación de los acuerdos con las Farc. En este cuatrienio la violencia se recrudeció de manera dramática en los territorios. La nación está asistiendo a escenas dantescas que con el trascurrir de los días de este gobierno se hicieron parte del paisaje: confinamientos, desplazamientos masivos de poblaciones enteras, control territorial urbano y rural de grupos ilegales, masacres, asesinato sistemático de líderes y defensores de derechos humanos, plan pistola contra miembros de la fuerza pública; y, en suma, una generalizada zozobra producto del fortalecimiento de los grupos armados organizados y de la desinstitucionalización de las Fuerzas Armadas.  

Según el completo informe de la Fundación Paz y Reconciliación sobre seguridad en los cuatro años de Duque, la nueva configuración del conflicto en Colombia hace inviable la institucionalidad y la democracia en los territorios. Las disidencias de las Farc han crecido exponencialmente y ya tienen presencial en 119 municipios del país. El Clan del Golfo, actualmente el más grande actor armado, ubica sus estructuras en 241 municipios. Por su parte, el ELN ejerce su control armado en183 municipalidades. Lo anterior, sin mencionar otras expresiones asociadas al paramilitarismo y al narcotráfico, que como “Los Mexicanos” en Quibdó y buena parte del Chocó, o “La Local” en Buenaventura, o “Los Caparrapos” en el Bajo Cauca antioqueño generan una imparable estela de criminalidad en esas regiones.

Y aunque Duque saca pecho de unas supuestas tasas de homicidio en descenso. Lo cierto es que, disgregada la información, las muertes en los 281 municipios donde se concentra mayormente el conflicto en Colombia se distancian ampliamente de los promedios nacionales de zonas que no son posconflicto. En cuanto al narcotráfico, los retrocesos son visibles. Haberse apartado de la política establecida en los Acuerdos de Paz de restitución de cultivos y retomar el combate militarista y el glifosato contra cultivadores generó que el país haya pasado de 208.000 hectáreas de coca sembradas al principio de este gobierno a 234.000 hoy; lo que significa más leña para el fuego de la confrontación armada.

Ante esta debacle en materia de seguridad y preservación de la vida, el presidente electo Gustavo Petro anunció que luchará para obtener la Paz Total. Esto sin duda, no es ninguna política de gobierno, ni una propuesta electoral, sino la reafirmación del sucesivamente incumplido postulado establecido en los principios y en el artículo 22 de nuestra constitución. Por tal razón, las críticas al planteamiento de Petro no tienen asidero dentro del marco constitucional y de los derechos humanos.

La nación colombiana tiene que abrir la discusión desde la academia, la sociedad civil y la institucionalidad sobre mecanismos efectivos de sometimiento colectivo de estructuras criminales a la justicia y el establecimiento de dialogo con insurgencias armadas.  De lo contrario, nos esperan décadas y más décadas de una horrible noche, en la que la violencia y la muerte se posarán indefinidamente sobre todos los territorios y poblaciones del país.