Por: Selene Arcos y Arleison Arcos Rivas

¿Ha cambiado Colombia con Petro? 

Seguramente hay muchos aspectos de la vida nacional que debieron ser transformados con mayor osadía. El olvido de los pasos fundamentales asociados a la voluntad de cambio resulta evidente al no concretarse la compleja y necesaria ingeniería social que conlleva trascender un periodo de gobierno. 

Claramente hubo desaciertos; mas es innegable que fue una apuesta por un gobierno que expresara una mayor soberanía popular, que acercara a las bases sociales la expresión política nacional, antes goda y reservada.  Sin embargo, no logramos ni instalar una “revolución”, ni hacer imperar las reformas, ni mutar la matriz de poder que estructura y determina los rumbos de la vida en el país. No era posible.

Pese a la aguda oposición política, la manifiesta animadversión gremial y corporativa, el sistemático bloqueo legislativo, el cerco desde las altas magistraturas y la intensa agitación mediática promoviendo que entrega una “patria miseria” con la perorata de que «cesó la horrible noche», parece más sensato afirmar que el gobierno Petro deja al país en el umbral de un despertar que, ojalá, no anteceda a nuevas pesadillas.

Aun así, cuatro años después, el país ha cambiado sustancialmente. De entrada, resulta alentador que el país ya pueda contar en su historia con un gobierno alternativo, de corte progresista, que impulsó significativas conquistas sociales y buscó reordenar el presupuesto nacional de manera que pudieran ser atendidas, al menos en principio, algunas de las problemáticas y necesidades regionales largamente aplazadas.

Fue posible animar el debate público con permanentes anuncios de acciones encaminadas a fortalecer ejecutorias garantistas, que pusieron en el centro de la discusión la salud, la educación, las pensiones, la tenencia de tierras, la legislación laboral, la divulgación e innovación científicas, la formación y el reconocimiento económico al personal médico, la industria militar, el bienestar y la remuneración de la fuerza pública, entre otros asuntos de honda significación nacional. 

Sin embargo, la marcada beligerancia tras cada trino y mensaje presidencial exacerbó los ánimos, especialmente de sus detractores, dificultó el avance hacia un escenario en el que el antagonismo surcara la senda de la comprensión creativa de los conflictos del país, ensanchando la brecha que representa la abierta polarización.  

Fue posible administrar, comercializar y monetizar los bienes que han sido incautados, decomisados o sometidos a extinción de dominio, reorientando el accionar institucional hacia el interés público, direccionando la destinación de estos activos al servicio de proyectos productivos, organizaciones sociales e instituciones bienestaristas. Si bien su implementación ha sido objeto de críticas y ha enfrentado desafíos, el propósito de convertir tales bienes en herramientas para la reparación, el desarrollo y el bienestar social marca un contraste frente a la vieja práctica de concederlos a la camarilla de aportantes y promotores gubernamentales de turno.  

Sin embargo, la provisionalidad característica de la entrega de tierras bajo este esquema evidencia los límites de la reforma. Buena parte de los predios devueltos y entregados a las comunidades y asociaciones que los exigieron, lo ha sido bajo la figura de comodato o administración temporal en vez de titulación definitiva. Dicha fragilidad, sin blindaje legislativo o institucional que trascienda el periodo gubernamental, deja la puerta abierta a que el entrante gobierno devuelva lo andado, o a que cierre el camino a la transformación estructural de la tenencia de tierra en el país. 

Fue posible ahondar la gratuidad educativa, elevar los cupos universitarios, incrementar el presupuesto de las instituciones de educación superior, apalancar nuevas universidades, adquirir predios destinados a multicampus, asignar mayores presupuestos a los fondos de servicios educativos en los colegios, fortalecer la infraestructura educativa para la educación básica y media, entregar modernos laboratorios de robótica, aumentar ostensiblemente las becas de maestrías y doctorados, y asegurar el ascenso y mejora salarial de miles de maestros vinculados en vigencia del Estatuto de Profesionalización.

Pese a ello, no hubo mapa para el dimensionamiento de una política educativa mucho más audaz. En el baúl de las oportunidades perdidas quedaron iniciativas malogradas como la Ley Estatutaria de la Educación, que buscaba blindar constitucionalmente el derecho a la educación, y la reforma de un modelo de financiamiento que perpetúa el endeudamiento en vez de garantizar el acceso a la educación por parte del ICETEX, no lograron superar los debates del Congreso. Lastimosamente, la ampliación de cobertura avanzó en materia presupuestal y administrativa, pero se postergó la discusión sobre su carácter de derecho fundamental y su plena garantía en la praxis. 

Fue posible promover el empleo formal y la ocupación laboral, llegando a tasas históricas en la reducción de uno de los indicadores más sensibles para el conjunto de las familias colombianas. Junto a mejoras sostenidas en la asignación básica mensual buscando acercarla al salario mínimo vital, y la incorporación de aportes económicos a la tercera edad, resulta significativo el quiebre de la línea de pobreza multidimensional por el que hoy hay menos nacionales en condición de miseria. 

El reto enorme, para una sociedad abiertamente desigual como la colombiana, sigue siendo el persistente impacto de la informalidad que contradice las bajas tasas de desempleo. Más de la mitad de los ocupantes del país se hallan por fuera de la protección laboral y social que supone la formalidad. Siendo así, el decrecimiento de esta cifra no se ha traducido en la misma proporción en trabajo dignificado y con seguridad.

Fue posible soñar con un país de propietarios, dando mayores alcances a la dinamización de una reforma agraria que, mediante compra de tierras y recuperación de baldíos, redistribuyera y formalizara la propiedad de predios. Sumada a la aprobación de la Ley de Jurisdicción Agraria, avanzaron tanto la restitución a las víctimas de despojo como la resolución de conflictos por la tenencia irregular, posesión ilegal e indefinición de linderos. 

No obstante, los conflictos por la incursión de actores armados y terratenientes generadores de hostigamientos, amenazas, muertes y nuevos desplazamientos de quienes han recuperado sus tierras, no cesan. Siendo esta una de las principales causas que alientan las confrontaciones armadas y la debacle del paramilitarismo en el país, la deuda social queda en evidencia por el acrecentamiento de las violencias y la proliferación de actores desregulados y multicriminales que dieron al traste con los propósitos de la paz total.

Sin pretender hacer un balance total del gobierno, el acumulado que pueda hacerse parece afirmar que Colombia aún no despierta, apenas empieza a abrir los ojos. En ese umbral hipnopómpico, inestable, reversible y entre claroscuros, parece haber quedado el país: ni dormido del todo, ni aún despierto. Se movieron indicadores, se abrieron y ampliaron caminos, se pusieron sobre la mesa cosas que aún ni tenían nombre; pero el sopor de antaño, el del molde generador de poder de élites, sigue siendo instrumento de Morfeo, tirando a la somnolencia de la acostumbrada duermevela. 

Una enorme espada oscilaba sobre el umbral del gobierno, indicando el decurso de sus acciones: tener éxito. “Si no lo hacemos bien”, advirtió Gustavo Petro el día en que se posesionó, “pueden venir tinieblas”. Las tinieblas, hay que decirlo, son el manto de la incertidumbre. Todavía a medio abrir los ojos, pareciese que Colombia no encuentra la fuerza ni la voluntad para terminar de despertar.