19 de abril de 2026

 

 

Por: Camala Marambio[i]

 

El nuevo gobierno chileno avanza con un plan de militarización y control en la frontera norte, combinando infraestructura, vigilancia y sanciones, en un contexto donde el endurecimiento hacia la migración convive con iniciativas de flexibilización penal para delitos graves, en particular respecto de chilenos con afinidad ideológica con el Ejecutivo.

Desde Santiago de Chile

El pasado 16 de marzo, el nuevo Presidente chileno, José Antonio Kast visitó el norte del país, específicamente Arica, con el fin de la implementación del Plan Escudo Fronterizo, el cual consiste en la construcción de una extensa zanja en la frontera del norte de Chile con la intención de frenar “la crisis migratoria sin precedentes” según el nuevo gobierno.

El objetivo del viaje fue realizar una visita inspectiva a la construcción de zanjas por parte del Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército en conjunto con personal del Ministerio de Obras Públicas, en el sector de Chacalluta, con la intención de poner barreras para detener la migración ilegal en la frontera.

Este plan considera medidas firmes como el cierre total de los pasos no habilitados, sanciones severas y un despliegue militar y policial sin precedentes. Incluye un sistema de contención física y tecnológica combinado: muros de seguridad de hasta 5 metros de altura, zanjas de hasta 3 metros de profundidad en sectores de alto tráfico migratorio, cercos perimetrales electrificados, torres de vigilancia, radares térmicos y drones autónomos con cámaras de reconocimiento facial, infrarrojos y térmicos operando de forma permanente.

Según el Partido Republicano, bajo la dirección de José Antonio Kast, el Plan Escudo Fronterizo busca frenar la migración ilegal, el contrabando y el crimen organizado. Días previos a su visita al norte de Chile, el Senado aprobó con 23 votos a favor y 22 en contra el Proyecto de Cumplimiento Alternativo de Penas Privativas de Libertad. Es decir, la posibilidad de conmutar penas a personas condenadas por homicidio, parricidio, violación y crímenes de lesa humanidad. Kast defendió dicho proyecto de ley, señalando que: “Nadie merece morir en la cárcel (…) Esto es un cumplimiento alternativo de la condena enfocado en temas humanitarios”.

De esta forma, se observa que el Gobierno de Kast busca enfocar la delincuencia en determinados cuerpos. Cuerpos pobres. Apunta hacia aquellas corporalidades que migran buscando un futuro mejor económico como sinónimo de delincuencia.

Con toda esta síntesis, cabe recordar que la pobreza tiene un color y que el actual gobierno de Chile apunta hacia ciertas corporalidades, caracterizándolas como delincuentes. ¿Migrar es un delito? ¿Es necesario perdonar a los criminales de lesa humanidad por afinidad ideológica?

Migrar es un derecho.

 

 

[i] Curadora transdisciplinaria, investigadora y escritora.