Aunque todas las expresiones políticas con personería jurídica o número plural de ciudadanos podían realizar consulta interna, según están reglamentadas, renunciar a seleccionar de manera democrática las diferentes candidaturas y designaciones podría llevarlos a pagar el precio de un error, al no atreverse a acrecentar las oportunidades de crecer en legitimidad ante el electorado.

Los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos pueden someter a consulta la decisión de quienes serán sus candidatos en cargos de elección popular, además de otras decisiones de índole interno. Dado que constituye un mecanismo ideal para que las colectividades acudan a las urnas profundizando la participación y democratización pocas organizaciones que se han arriesgado a acudir a esta instancia,

El pasado 26 de octubre, apelando a la constitución y la ley, el Pacto Histórico adelantó su consulta presidencial y la selección de figuras que asumirán las curules que gane ese partido en las elecciones de congresistas en el 2026. Esta consulta se adelantó luego de una enconada y desinstitucionalizadora intervención en el proceso organizativo de partidos por parte del Consejo de Estado y del Consejo Nacional Electoral, afectando el mandato constitucional según el cual todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder política, lo que implica la potestad para constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin límite distinto al que la misma carta otorga.

Ante el desbarajuste, la Registraduría Nacional del Estado Civil, apelando al tenor de lo reglamentado, dispuso lo conveniente para que se adelantara este dictamen popular, en fecha única en la que también podrían haberlo hecho otras colectividades. Sin embargo, más por temor a obtener bajos resultados que por otro tipo de cálculos y consideraciones, las fuerzas políticas diferentes a las del Pacto se abstuvieron de medirse con este procedimiento.

Además, ante la desafortunada e irregular intervención de la autoridad rectora de los asuntos político-electorales, otras colectividades tuvieron que retirarse de la consulta para atenerse al carácter partidista [y no interpartidista] del a misma, estableciendo una injerencia indebida en este trámite legitimador.

Que el Consejo Nacional Electoral busque amañar o, por lo menos, condicionar la realización de las consultas más allá de lo preceptuado, interpretando la ley con formas desreguladas que afectan la democracia interna y la posibilidad de establecer alianzas y coaliciones generando incluso nuevas agregaciones políticas, resulta preocupante; toda vez que con ello se pretende incidir en la correlación de fuerzas partícipes en la contienda electoral, promoviendo acciones contrarias a la autonomía y visibilidad política de las agrupaciones de la izquierda progresista que se mide en las urnas.

Para colmo de males, en lugar de agigantar el inmenso logro que representa el que más de 2,7 millones de personas se hayan manifestado en una fecha sin compromiso electoral distinto al de votar por las candidaturas en consulta, el voluntarismo, el personalismo y la arrogancia de algunas figuras que se disputan los primeros sitiales en las listas confirma los latentes vientos de fragmentación y sectarismo que la izquierda debe enfrentar para cohesionarse internamente tanto como para presentarse como una fuerza unificadora de la nación.

Ante el sensible error de quienes no quisieron convocar a sus adeptos y cuadros para que se manifestaran en la selección de sus representantes, la izquierda arranca en punta en el partidor electoral, pues no puede descartarse el influjo optimista que tiene una cifra de participación tan nutrida, en un país en el que los partidos tradicionales están en bancarrota ética, siendo sometidos permanentemente al descrédito.

De hecho, el llamado a la unidad de la derecha por parte de viejas figuras presidenciales impopulares como el liberal César Gaviria, el conservador Andrés Pastrana, junto Germán Vargas, líder de un partido plagado de corrupción como Cambio Radical y Álvaro Uribe, cuyos eternos procesos judiciales le desgastan cada vez más, palidece ante la manifestación multitudinaria acumulada en las urnas en favor del Pacto Histórico.

Para sectores políticos alternativos, necesitados de generar acumulados de poder que se expresen en términos de victoria electoral, queda el amargo sinsabor del desperdicio de votos que representa el que varias de las aspiraciones emergentes se hagan contar sin alcanzar una alta votación individual, evidenciando la urgencia de que las organizaciones y consejos comunitarios del pueblo afrodescendiente encuentren una estrategia de coordinación y concertación de sus pretensiones representativas más allá de las dos curules de la hasta ahora cooptada circunscripción especial.

De hecho, la concertación de diferentes organizaciones y consejos en torno a la figura de Martín Alonso Caicedo Carabalí [Martín Carabalí] evidencia el impacto decisivo que tendría dicha juntanza, en un pueblo cuyo caudal electoral supera los 5 millones de votos. Aunque parece improbable que toda esa votación pueda canalizarse en candidatos únicos o concertados, resulta decepcionante no haber articulado una instancia con autoridad nacional que promueva, convoque y articule las particularides étnicas que pueden y deben postular de manera autónoma sus propias candidaturas; otro de los graves errores cuyo precio seguiremos pagando.