Por: Melquiceded Blandón Mena

Históricamente, el aniquilamiento de la diferencia, el exterminio de la oposición y la desaparición física del oponente es una de las prácticas que ha caracterizado al régimen político colombiano. La apariencia nos muestra un Estado con un armazón institucional donde hay función pública, partidos políticos, congreso, aparato de justicia, elecciones, prensa, ejercito y policía, relaciones interestatales fluidas y participación en el sistema de organismos multilaterales tales como ONU y OEA.

Colombia no ha tenido, ni tiene una ocupación directa de otro Estado que le imponga un comportamiento particular a sus instituciones, y aunque se reconozca la abyección de sus fracciones dominantes hacia poderes globales como EE. UU, la asimilación y ejecución política interna guarda una autonomía relativa que le confiere unos matices específicos a la construcción y control del orden social.

La formación política colombiana se encuentra atravesada por el aniquilamiento permanente de la diferencia. Su historia se distiende en un vaivén de genocidios, asesinatos de líderes, exterminios militares de organizaciones políticas, conflictos armados interpartidistas y guerras civiles aupadas en la oposición política.

Una intolerancia generalizada y una agencia criminal del orden social para la »estabilidad» de las élites y del régimen político. Desde las cacerías de indígenas y afrodescendientes; las matanzas de campesinos en las luchas por la tierra; las masacres y asesinatos del pueblo liberal por los Pájaros y Chulavitas en la violencia; el exterminio de las fracciones gaitanistas y del movimiento A Luchar; el genocidio político continuado y extendido del Partido Comunista Colombiano (PCC); el aniquilamiento del movimiento Unión Patriótica (UP), donde asesinaron a más de 6.000 víctimas integrantes y militantes de este partido político a partir de 1984 y por más de 20 años; el exterminio de cerca de 3000 sindicalistas colombianos asesinados en los últimos 25 años  (León Valencia, 2012); los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros de las FARC, donde desde la firma del acuerdo de Paz en 2016, hasta agosto de 2020, han sido asesinados más de mil líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos (indepaz, 2020).

Todo un orden político construido para la liquidación física de la diferencia. Establecimiento que integra un conjunto de familias herederas de la colonia que mantienen sus poderes políticos regionales y un conjunto de alianzas para el control local, regional y nacional de su hegemonía. Por tanto, en las historia del poder político en Colombia, se encuentran la promoción, los pactos, las alianzas y la connivencia de las elites regionales y andino – céntricas con clanes violentos, grupos armados y estrategias estatales contrainsurgentes como práctica para el mantenimiento del orden y la ‘’estabilidad’’ social.

Así, aunque en el discurso el Estado se muestre fuerte y unitario, no tiene el control en amplias regiones, hace la caricatura de la soberanía e institucionalidad, pero el poder regional se construye, -valga los matices- entre grupos armados, elites familiares, gamonales del bipartidismo y empresas trasnacionales. En ese sentido, el Estado se configura como una serie de poderes fácticos que operan a través del andamiaje institucional.

¿Cómo entender el exterminio de miles de líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos y exguerrilleros desmovilizados de las FARC?

Una de las razones más fuertes para comprender los móviles del establecimiento para exterminar la UP, fue su inusitado crecimiento político – electoral, concretado en dos candidaturas presidenciales, una decena de congresistas, diputados, más de un centenar de concejales, una veintena de alcaldías y miles de militantes que empezaron a configurar micropoderes regionales de izquierda, en abierta oposición al bipartidismo y las elites locales – regionales en territorios tan importantes como Urabá, Nordeste antioqueño, Magdalena Medio, entre otras zonas.

Por tanto, las elites regionales sintieron amenazados sus poderes, y articularon un plan nacional, para su exterminio, con los resultados conocidos. Hoy, sucede algo similar: que en cuatro años hayan sido asesinadas más de mil personas que tenían algún tipo de liderazgo local, responde a un patrón sistemático y articulado de exterminio.

Producto del clima de esperanza y frente al desescalamiento del conflicto armado, los sectores populares avanzaron en la concreción de sus agendas y fueron emergiendo en el escenario político sujetos e iniciativas proclives al cambio social y a la ‘’profundización de la democracia’’. Se fue configurando un momento histórico, donde a pesar del acallamiento de las voces disonantes y escépticas, se creyó en la posibilidad de un cambio, de una serie de reformas, a partir del cumplimiento de los acuerdos entre las FARC y un sector del establecimiento.

En la misma línea, y ante las elecciones presidenciales de 2018, un amplio sector del movimiento popular y el voto de opinión proclive a las reformas, apoyó al candidato Gustavo Petro, con una participación de más de 8 millones de votos, lo que de facto se constituyó en una amenaza para el establecimiento.

El bloque burgués colombiano, jamás perdonará la amenaza que representó para el orden socio – político, la osadía de ponerle 8 millones de votos a un candidato abiertamente opositor al régimen político. Este hecho despertó las alertas del poder, quien en respuesta encendió la máquina de guerra. El asesinato masivo, el genocidio y exterminio de líderes sociales, sindicales, exguerrilleros desmovilizados y la base social de la Colombia humana, se corresponde con planes sistemáticos, que a través de sus poderes fácticos enquistados en las instituciones del Estado reprime, asesina y extermina la amenaza electoral de proyectos políticos populares contrahegemónicos.

‘’Agúzate que te están velando’’, porque como nos legó nuestro compañero y amigo, Campo Elías Galindo ‘’De la mano de las ciudadanías libres, la sociedad colombiana es más crítica que en años anteriores, y más sensible a los abusos y a la arbitrariedad de las élites que gobiernan’’.