7 de noviembre de 2023

Por: John Jairo Blandón Mena

En el cañón del río Micay confluyen tres municipios caucanos: El Tambo, Argelia y López de Micay. Esta zona geográfica ha sido desde hace décadas epicentro del conflicto en el suroccidente del país. En los últimos años, el sexto frente de las extintas FARC tuvo presencia fuerte, durante la que confrontó a sangre y fuego a otros grupos armados con pretensiones de dominación de la zona. Luego de los acuerdos de paz, la columna Carlos Patiño de las disidencias ha intentado disputar ese control con estructuras de la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional; y desde luego, el propio Ejército Nacional.

La principal razón de esta sangrienta e histórica confrontación es el control de las millonarias rentas provenientes del narcotráfico. Entre Argelia y El Tambo se contabilizan alrededor de 15 mil hectáreas de coca. Además de ser la zona con más cultivos de hoja de coca en el Cauca, que tiene el 70% de la producción el departamento; hay facilidades para su comercialización por los afluentes que atraviesan el Cañón del Micay hacía el Océano Pacífico, y por su cercanía con la vía Panamericana.

De igual manera, son ingentes los recursos económicos provenientes de la cadena del narcotráfico en esa región. Según la revista Cambio, semanalmente, las estructuras armadas reciben en promedio de 10 a 15 mil millones de pesos en impuestos ilegales. Por todo esto; tanto para el Gobierno Nacional es una prioridad la recuperación del Micay, como para los grupos al margen de la ley mantener su presencia y control.

El presidente ordenó, a finales de agosto de este año, movilizar 1.000 uniformados de las fuerzas especiales de las Fuerzas Militares para retomar el control del Cañón del Micay. Esta decisión, no tardó en tener reacciones violentas por parte de las disidencias en varias zonas del Cauca como Timba, Suarez y Santander de Quilichao. Sin embargo, la orden presidencial se mantiene. Ese parece ser el punto neurálgico en la iniciación y, ahora, suspensión unilateral de los diálogos de paz, como ha sido anunciado por las disidencias de las FARC.

Según lo ha planteado el presidente Petro, su intención es la sustitución de la economía ilícita en favor del campesinado. Para ello, tendrá una tarea complejísima: retomar el control territorial para la institucionalidad estatal. Ese cometido ha tenido sus más notorias contradicciones en los hechos acaecidos recientemente en el corregimiento de El Plateado en Argelia, en el que la presencia militar ha generado una reacción comunitaria adversa, que según califican algunos sectores, es consecuencia de la instrumentalización que de la población civil hacen las estructuras armadas de las disidencias.

Capítulo aparte merece la violencia que en todo el Micay han padecido líderes campesinos y étnicos en el marco de la confrontación. Se han presentado en los últimos años reiteradas y sistemáticas amenazas, asesinatos selectivos, desplazamientos y violaciones a los derechos humanos. Entre ellos, está el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Afro Renacer del Micay en el Tambo, que ha perdido a varios de sus líderes en medio del fuego cruzado. Hace tres años fueron asesinados sucesivamente José Antonio Riascos, Hugo de Jesús Giraldo López, Jesús Albeiro Riascos y Andrés Sabino Angulo.

Lo cierto hoy, es que está aumentando la incertidumbre y la zozobra en las comunidades frente a la suspensión de los diálogos con las disidencias de las FARC. Lo que se anhela, es que las conversaciones puedan ser retomadas y se logren acuerdos humanitarios que impacten la cotidianidad de la vida comunitaria. Igualmente, se espera que la intención del presidente en sustituir las economías ilícitas en el Micay se materialice para que florezca la tan ansiada paz.