El Senado colombiano está jugando con fuego, avivando cada vez más la tea de la inconformidad popular. De espalda al país, las erráticas medidas que ha decidido implementar para bloquear sin siquiera discutir las reformas presentadas por el gobierno del cambio, son acompañadas ahora por nuevas jugaditas abiertamente fraudulentas, que impiden la consulta directa al constituyente primario.

En primer lugar, la persistente negativa del congreso a hacer su trabajo, el cual es estudiar los diferentes proyectos que son presentados a su consideración. Si bien resulta posible que se archiven iniciativas, sea cual sea su origen, el que esto venga ocurriendo con las alentadas por el gobierno, sin someterlas a debate y deliberación, resulta abyecto y contrario al querer del constituyente, que confía a un cuerpo representativo tal prerrogativa.

Peor aún resulta que la negativa a debate no sea decidida en plenaria, sino en una comisión compuesta por una fracción bastante precaria de políticos electos renunciando a la función legislativa por la cual la nación les concede la potestad para crear, interpretar, modificar y derogar leyes y códigos; lo cual no ocurre, de hecho, cuando las propuestas no surten debate alguno.

En segundo lugar, si bien responde formalmente a lo reglamentado, utilizar las mayorías del congreso para anular la intención reformadora del gobierno, rompe con la tradición deliberativa con la que se establecieron los cuerpos representativos en las repúblicas constitucionales, las cuales se deben al querer de la ciudadanía, a la vigencia de sus derechos y a la garantía de equilibrio entre los diferente poderes públicos.

Las democracias se desequilibran y pierden su rumbo cuando los cuerpos que la componen se desinstitucionalizan, respondiendo a intereses y pulsiones de determinados sectores de la sociedad caracterizados por su marcada propensión a la contención de las transformaciones y, como en el caso colombiano, a la apropiación incontenible de la riqueza socialmente producida y no repartida con justicia.

En tercer lugar, el diseño de estratagemas dilatorias y mecanismos que constriñan o impidan la deliberación e incluso la participación directa del constituyente primario, debilita representación y acrecienta su crisis, al tiempo que anula toda alusión a la participación como fundamento de la vida democrática.

Acudiendo a subterfugios que erosionan la expresión libérrima de la voluntad popular, se sujeta a los pueblos a una estructuración formalista y protocolaria del proceso decisional. Si el querer de la ciudadanía no puede ser consultado en asuntos de singular importancia, tal como está contemplado en la constitución, se deteriora el dinamismo societal y la democracia retrocede en la consolidación de garantías participativas.

En Colombia, estas tres formas de desgaste de la democracia avanzan, confirmando la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus representantes. El efecto acumulado del malestar anuncia la emergencia de nuevos estallidos sociales, cuyos brotes de insurgencia podrían escenificarse al ahondar la brecha de inconformidad con quienes deberían interpretar el brío reformador por el que diferentes generaciones, especialmente las más jóvenes, se mantienen a la expectativa.

Tal como mencionaba en una reciente columna, la intranquilidad de amplios sectores ciudadanos a quienes les perturba la sinrazón con la que las elites y sus emisarios en el congreso han decidido anular las oportunidades de cambio, simplemente desatendiendo el deber del legislativo de discutir, acordar y decidir el rumbo de las propuestas con las que se confeccionó uno de los planes de desarrollo más ambiciosos de nuestra historia.

Ello se confirma en la obtusa decisión del Senado que acaba de archivar la convocatoria a consulta popular, presentada por el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Como estrategia de freno a la manifestación directa de la ciudadanía en las urnas, el farrullero y conservador presidente del Senado anunció una agenda que, dos meses después, súbitamente alteró el orden del día para votar la resurrección del proyecto de reforma laboral archivado por ocho senadoras y senadores; disminuyendo las posibilidades para que siguiera la discusión y votación de convocatoria a Consulta Popular, como efectivamente ocurrió. Como si fuera un chiste que se cuenta solo, siete de los cuales votaron irresponsablemente para revivir lo que archivaron de un plumazo, por cierto, evidenciando la intencionalidad maleva para no acudir a ese mecanismo amplio de participación.

Si bien no se elimina de tajo esta posibilidad, sí se le quita oxígeno al emprendimiento consultivo, promoviendo la discusión de un proyecto de reforma laboral que, seguramente, terminará siendo negado o nuevamente archivado por la plenaria, tal como ya se ha anunciado por muchos de quienes ayer hundieron el preguntar por el deseo y querer a la fuente última del poder constituyente.

Por ello, quienes se sienten desilusionados y coartados por un congreso servil que celebra a grito atrabiliario la negativa a llamar al pueblo para que se exprese, hoy reclaman convocatorias a huelgas indefinidas, cierre del congreso y convocatoria a una asamblea nacional constituyente; en medio del creciente desasosiego por el reiterado desaire legislativo, que eleva el aire enrarecido de la protesta masiva y, ojalá no sea así, definitivamente irrefrenable, ahora que el congreso decidió seguir jugando con fuego.