La descentralización es el camino correcto

05 de noviembre de 2024 

Por: John Jairo Blandón Mena

El Estado centralista instaurado en Colombia por la Constitución de 1986 que asfixia a los territorios y vuelve inviable fiscalmente a las regiones fue solamente matizado en 1991 con la declaración constitucional de “autonomía de las entidades territoriales”. En la vigencia de la actual Carta Política ha pesado más la concepción del “Estado Unitario” en el que las regulaciones de todos los ámbitos de las entidades territoriales estás supeditadas a las autoridades de carácter nacional.

Los municipios y departamentos en medio de sus diversidades geográficas, culturales, políticas y económicas están sometidos a un régimen jurídico uniforme que los hace simplemente delegados de la asignación de recursos y la materialización de políticas públicas del nivel central. Además, lo neurálgico, es que la precaria distribución de recursos de la nación a los territorios hace inviable que se materialice cualquier pretensión constitucional de descentralización o autonomía.

Si bien, la Constitución de 1991 propuso fórmulas de avanzada para superar el centralismo, como, por ejemplo, la posibilidad de configurar una organización territorial que se armonizará con la diversidad cultural y económica de cada región, las élites capitalinas se han opuesto a entregar el poder que les permite desde sus escritorios en Bogotá o desde algún club nacional o foráneo decidir la suerte de miles que están a cientos de kilómetros viviendo realidades muy distantes a las suyas.

Así ocurrió cuando el presidente Gustavo Petro a pocas semanas de su posesión propuso la creación del departamento del Magdalena Medio, una propuesta que se ha planteado desde hace décadas, y que esta vez como las anteriores fue objeto de las más radical oposición por parte de los que prefieren que los municipios que comparten la cultura ribereña del Magdalena, la economía, el clima y la misma geografía estén dispersos en cinco departamentos: Antioquia, Santander, Cesar, Bolívar y Boyacá; sometidos a la inconexidad de políticas públicas de mandatarios con distinto nivel de incidencia en lo nacional y en sus propios territorios.

La omisión del Congreso de la República de expedir el cuerpo legislativo que materialice la verdadera descentralización en Colombia ha fortalecido el régimen presidencialista que continúa manteniendo el control en las regiones. Al contrario, se requiere que el poder local tenga mayor relevancia en la construcción de las sociedades. No es posible, que el presupuesto de la nación se alargue, mientras en los territorios donde están las verdaderas necesidades se acortan y siempre haya que recurrir al “papá Estado” para que entre al auxilio.

El proyecto de reforma constitucional que se tramita en el Congreso de la República y que busca mayor autonomía de las entidades territoriales en la ejecución de los recursos es trascendental y decisivo para el futuro del país. Esta discusión no puede ser solamente legislativa, se hace necesario que se abra a toda la nación. La propuesta de pasar del 20% actual al 46,5% en 2035 en los recursos que les transfiere la nación a las entidades territoriales mediante el Sistema General de Participaciones es un paso en la dirección correcta para fortalecer las capacidades de planeación, ejecución y de garantía de derechos en cabeza de los gobiernos locales, que en ultimas, son los que están más cerca de los ciudadanos.

Enhorabuena se abre esta discusión necesaria para el país; lo cierto, es que en este cuatrienio presidencial no se logrará materializar; pero sin duda, será un tema de obligatorio abordaje para los próximos candidatos presidenciales y de necesaria implementación para quien suceda a Petro.