20 de enero de 2022

Por: John Jairo Blandón Mena

Cualquier política pública en favor de la niñez queda absolutamente deslegitimada con la muerte de un solo niño de hambre o por cualquier causa prevenible. Los derechos de los niños y la política de estado en Colombia sobre infancia y adolescencia creada en 2018 y con vigencia hasta 2030, son un absoluto canto a la bandera, si juzgamos por las dramáticas cifras sobre ese grupo etario en todos los ámbitos.

Aquí asistimos a un sistemático infanticidio. A los cerca de 3.000 infantes caídos en medio de la violencia del país desde 2017 hasta la fecha, hay que sumarles los que mata la desnutrición (166 en el 2021). Y cómo justificar desde cualquier instancia, que un país despensa mundial de alimentos y el sexto con mayor riqueza hídrica en el mundo los niños se mueran por decenas por falta de comida y de agua.

Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad creada en 1968 por Carlos Lleras Restrepo para la misma finalidad que debería cumplir en la actualidad: “la prevención y protección integral de la primera infancia, la infancia y adolescencia y el fortalecimiento de los jóvenes y las familias de Colombia”; se ha convertido en una entidad altamente politizada y burocratizada, más al servicio de los directorios políticos que de las niñeces del país (así en plural debemos utilizar el término). 

Los últimos directores y directoras del ICBF han cumplido cabalmente el requisito de ser cercanos políticamente al presidente de turno, pero no todos, el de tener la experiencia técnica para direccionar la importantísima política pública en cabeza de esa entidad. Y no me sumo al clamor unánime de descabezar a la actual directora por su inexperiencia en temas de niñez. Me parece oportunista y politiquero, porque esas voces no se levantaron en anteriores nombramientos, como cuando el Iván Duque designó a Juliana Pungiluppi Leiva con cero experiencias en el tema de la niñez, pero con el mérito de que el expresidente era su padrino de matrimonio. Aunque dicho lo anterior, creo que la actual directora debe marginarse de su cargo.

El ICBF con un presupuesto superior a los siete billones de pesos debería arrojar mejores resultados en el cumplimiento de su cometido constitucional y legal. El caso de los niños wayuu que mueren por desnutrición en la Guajira no es el único que lamentar. Ayer la Contraloría destapó una red de corrupción en la regional Chocó, en la que funcionarios desaparecieron de las arcas de la entidad más de 6.000 millones, en un territorio donde también los niños se mueren de desnutrición. Pero la historia se repite en casi todos los departamentos del país, en el que los politiqueros se pelean por el manejo de los 8.856 empleados de planta y 6.148 contratistas con que cuenta la entidad, que aumentarán con el proyecto de incrementar en 6.000 los puestos de trabajo.

Y el problema del ICBF no es de falta de funcionarios ni de presupuesto. Es que la entidad debe manejarse y tener un marco jurídico distinto. Los procesos altamente centralizados de esa institución hacen que la política de la infancia en Colombia se construya y se ejecute desde un escritorio bogotano, y no desde la realidad de las regiones. Se requieren verdaderos procesos de méritos a todos los niveles, que le arrebaten ese botín a la politiquería.

Son pocas las fórmulas que se expresan en esta columna. Lo que sí es cierto e imperioso, es que esa entidad debería entrar urgentemente en un proceso de reestructuración que la pongo a tono con las necesidades apremiantes de las niñeces en Colombia.