Crisis en la Universidad de Antioquia

15 de octubre de 2024

Por: John Jairo Blandón Mena

Ninguna de las 34 universidades públicas de Colombia está pasando por un buen momento presupuestal. El sistema de financiamiento de la educación superior pública sustentado en la Ley 30 de 1992 hizo crisis. Las transferencias de recursos de la nación y las entidades territoriales que reciben las instituciones de educación superior (IES) públicas, que según el articulo 86 de la citada normatividad deben crecer según la inflación anual, se quedaron cortas frente al incremento de la cobertura, la planta docente, los procesos de cualificación y, desde luego, la burocratización académica.

La Universidad de Antioquia es un claro ejemplo. La segunda mejor IES pública del país está atravesando una crisis sin precedentes. La venta de varios de sus activos, los retrasos en el pago de salarios y honorarios, la escasez en la dotación de implementos de aseo, la postergación de inversiones en infraestructura, y la restricción de actividades formativas como salidas pedagógicas y de campo; evidencian un proceso histórico de desfinanciación que amenaza, por un lado, la continuidad de su funcionamiento y, por otro, su proyección de crecimiento misional en cobertura y calidad.  

La concepción neoliberal desde la que se erigió el modelo financiero de la Ley 30 de 1992 urge ser reformado. El aumento en la inversión en educación superior no debe tener relación con la inflación. El aumento de la investigación, de la cualificación docente, de la extensión universitaria, de la cobertura y de la proyección internacional no puede estar limitada ni orientada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

La Universidad de Antioquia para el 2024 requiere alrededor de 1,9 billones de pesos para funcionar. Sin embargo, sumados los ingresos propios y las transferencias de la nación y del departamento, su déficit incluyendo el de años anteriores alcanza los 350 mil millones. Por tal razón, el Consejo Superior está proponiendo un cuestionable programa de austeridad que busca subsanar los problemas a costa de afectar negativamente al cuerpo docente universitario.

Mauricio Alviar, Secretario de Educación de Antioquia, exrector de la Universidad de Antioquia y quien ahora preside su Consejo Superior, considera que un buen número de la multiplicidad de causas de la crisis radican en el mejoramiento de la cualificación y formación docente que, de acuerdo con el Decreto 1279 del 2002 que establece estímulos económicos para estos renglones, ha desbordado el régimen salarial y prestacional de estos funcionarios.  Anota, además, que el crecimiento de la cobertura y, con ella, de la planta de docente de cátedra y ocasionales, ha disparado exponencialmente la nomina universitaria por encima del incremento establecido por la Ley 30 de 1992.

El análisis de Alviar es parcializado. Lo que se ha presentado en la Universidad de Antioquia es una precarización de su planta docente. En el semestre anterior, en la UdeA había 1498 docentes regulares vinculados, 698 ocasionales y 6.151 de cátedra. Los dos últimos grupos representan el 82% de los profesores. Esto indica que, aunque para acceder a esos modelos de contratación temporal se requiere alta formación académica, lo que predomina en esas relaciones contractuales es la inestabilidad, la inseguridad y la baja remuneración que hace indigno el ejercicio de estos profesionales.

Puedo coincidir con Alviar en lo problemático que, según la Vicerrectoría de Docencia de la UdeA, los profesores de planta están dedicando en promedio el 25% a la docencia directa, lo cual aumenta el número de docentes de cátedra u ocasionales vinculados. Es urgente analizar caso por caso, en algunos habrá justificación por la necesaria dedicación a tareas de investigación y producción académica que hacen parte de los cometidos misionales de la universidad. Sin embargo, en otros casos, esto configura la existencia de una innecesaria élite de burócratas que se enquistan en las estructuras administrativas y cargan los presupuestos escasos de las universidades.

Por lo demás, es urgente abrir el debate a fondo con todos los sectores para reformar la caduca Ley 30 de 1992.