17 de agosto de 2022

Por: Melquiceded Blandón Mena

La historia política del Estado en Colombia, se distiende entre regímenes despóticos que en el marco del poder hegemón agencian la administración del Estado a través de la guerra y la violencia generalizada contra los factores civiles y armados que desestabilizan el régimen, y entre gobiernos liberales o socialdemócratas que con la venia imperialista apuestan a la negociación política con las fuerzas insurgentes para el cese al fuego o la desmovilización de grupos armados.

Para la muestra un retazo de nuestra historia. El gobierno anterior del subpresidente se constituyó sobre la base de un sector de la sociedad que le mandato la continuidad e intensificación de la guerra contra las fuerzas civiles, armadas y desarrapadas que, desde la lectura de los cuarteles militares y medios de comunicación conexos al régimen, amenazaban el orden de excepción democrática en Colombia. Además, se ejecutaron políticas de gobierno para la ejecución expropiatoria y deformación de los fondos apropiados para el Plan Marco de Implementación derivado del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una PAZ Estable y Duradera

En ese marco, el gobierno del expresidente saliente Iván Duque, durante sus cuatro años de mandato, construyó un orden institucional para la inaplicabilidad general del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Al contrario, se configuro una política de gobierno ‘’Paz con legalidad’’, para deformar y fragmentar la institucionalidad que generó el acuerdo final de paz, además que desconoció los escenarios de Seguimiento, Impulso y Verificación de la implementación del mismo.

De acuerdo al sexto informe del Instituto Kroc, que hace seguimiento y monitoreo a la implementación del acuerdo de paz, develó que, aunque las Farc-EP se desmovilizaron, ‘’el estado de la implementación general demuestra que el 30% de las disposiciones se encuentra completo, el 19% en estado intermedio, el 37% en estado mínimo y el 15% aún no inicia su implementación’’; situación que contrasta con la velocidad y eficiencia expropiadora como fueron ejecutados la mayoría d ellos recursos para la ejecución del Plan Marco de Implementación de los acuerdos de paz.

El balance es diáfano. Los recursos de la paz para 10 años se gastaron en un año. La paz con legalidad, fue incoherente con su eslogan, en tanto, fue la estrategia diseñada por el gobierno Duque, para la ejecución selectiva y la expropiación de los recursos de la paz. La cleptocracia que históricamente ha agenciado el bloque hegemónico en el poder del Estado, se apropió del dinero para la paz que en 2020 se proyectó para un periodo de 10 años, es decir, hasta 2030, pero él mismo se gastó desproporcionadamente en un año: en 2020, los proyectos aprobados por el Uribato recibieron un billón de pesos; en 2021, 4,4 billones de pesos; y entre enero y mayo de 2022, 36 mil millones de pesos. Toda una feria delincuencial, habilitada por las elites expropiadoras.

Esperemos que entre las fuerzas progresistas y el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, se venzan los poderes fácticos enquistados en las instituciones que como polillas expolian al Estado colombiano.