El hallazgo de millones de firmas fraudulentas presentadas por campañas electorales que aspiran a hacerse con el favor de las y los votantes en los próximos comicios presidenciales no es un asunto de poca monta. La gravedad de este hecho refleja la frecuencia con la que se apela al recorte ético para hacerse a sitiales de influencia y poder en la política nacional.

La Constitución nacional, promoviendo mayores oportunidades para que la ciudadanía exprese la diversidad de sus tendencias en las urnas, concibió la inscripción de candidaturas provenientes de grupos significativos en apoyo a una lista o candidatura. Tal como contempla la ley 1475, para ello debe figurar un formulario de recolección de las firmas que debería evidenciar el apoyo a dicha preferencia.

Sin embargo, lo que ha venido ocurriendo en el país es que la recolección de firmas se ha convertido en un rentable negocio que simula el respaldo de la ciudadanía a iniciativas políticas, cuando en realidad acrecienta el sinsabor con la representación y eleva la desinstitucionalización en el país, al generalizar prácticas de falsificación rúbricas, duplicación de datos, inclusión de personas inexistentes, firmantes que no aparecen registrados en el censo electoral, creación de perfiles inválidos al presentar datos ilegibles, o incluso presentación de formularios con renglones en blanco; asuntos que desvirtúan la legitimidad de ese mecanismo.

La falta de transparencia en la presentación de respaldos a candidaturas presidenciales no debe constituir un mero asunto mediático. Sus implicaciones, en tanto vulneran la confianza del elector al incorporar candidaturas tachadas por tales indignidades, debería constituir un asunto mayor que reclama el ejercicio de la responsabilidad en quienes facilitan o ejecutan esta clase de transgresiones que, no cabe duda, promueven la falsedad, la trampa, el fraude y la estafa como comportamientos permitidos para hacerse al querer del sufragante.

No basta con reducir estas faltas a simples reconteos de las firmas válidas. La falla sistémica consiste en proporcionar información falta de veracidad que ultraja a la ciudadanía confiada en la probidad e integridad de las opciones partícipes en la disputa presidencial. Hacer elegir en un cargo de elección popular debería importar, más allá del deseo y voluntad de quien se postula, en el entendido de que quienes validan a una determinada candidatura encuentran en ella motivos legítimos y suficientes para participar de la disputa representativa, bajo la aspiración de que la política siga siendo la expresión plural de intereses y necesidades de la sociedad.

El país lo sabe: cuando de ganar elecciones se trata, la democracia tiene precio. Ello es especialmente cierto cuando más de la mitad de las firmas presentadas por un movimiento y su candidato no resultan fiables y, por lo contrario, evidencian que el negocio de hacer firmar está poniendo en jaque esa alternativa en la motivación decisional.

Por ello, la proliferación de estas falsedades y fraudes evidencian que un instrumento diseñado para fortalecer la democracia ha sido cooptado e integrado al conjunto de prácticas que, en prosecución de intereses particulares, atentan contra la fidelidad democrática. La recolección de firmas, en lugar de ser un ejercicio de movilización y activación ciudadana, se transforma así en una estratagema de mercadeo político, que erosiona la confianza en las candidaturas, y en las instituciones dispuestas para asegurar el libre juego decisional.

De ahí que se vea con buenos ojos cómo la Registraduría invalida millones de firmas presentadas con ostentación, como si constituyeran falsos positivos reflejados en camionados potenciales de sufragantes por una determinada opción en contienda, demandando la investigación pertinente ante la posible ocurrencia de delitos.

Pasma que la actitud de quienes han sido recientemente denunciados como potenciales responsables de tal desbanco y suplantación, salen a medios a declararse incluso sorprendidos e ignorantes de lo ocurrido, cuando en sus comités de campaña deberían haber procedido con apego irrestricto a la rectitud y moralidad del proceso participativo; eliminando la duda de que tales comportamientos puedan reeditarse en plena despliegue electoral.

La democracia debe cimentarse sobre la honestidad. Los camionados de falsas firmas evidencian comportamientos coaludidos para disimular, encubrir, disfrazar y cohonestar mentiras, falsedades o incorrecciones, sepultando la veracidad de los procesos institucionales, convirtiendo en mera ficción la representatividad de quienes postulan su nombre para reclamar apoyos que, faltos de garantías, no son más que operaciones consumistas calculadas y altamente rentables, incluso implementando mecanismos de participación manipulados con fines espurios.

Resulta lamentable que la falsificación de firmas persista en erosionar la confianza ciudadana, al convertir el fraude en un negocio lucrativo, distorsionando el sentido genuino de la participación, y de la idea de voluntad popular, contaminando y vaciando de contenido a las candidaturas, a las y los candidatos y al proceso democrático mismo. En aras de enraizar la transparencia en el sistema participativo y electoral colombiano, se requiere mayor vigilancia técnica, rigor jurídico y firmeza sancionatoria para evitar que este tipo de prácticas, y otras ampliamente documentadas que operan en contra del elector, continúen degradan la responsabilidad de los representantes con quienes aspiran a representar.