Acuerdo ilegítimo

11 de junio de 2024

Por: John Jairo Blandón Mena

El mutismo de los partidos de oposición frente al Proyecto de Ley Estatuaria de Educación que se tramita en la Comisión Primera del Senado es por decirlo menos, sospechoso. Que esa propuesta legislativa de origen gubernamental avanzara de manera tan célere y con la aquiescencia de Cambio Radical y el Centro Democrático invitaba a pensar que había gato encerrado.

Los cambios que se pretendían introducir en la propuesta original eran de tal magnitud y tan radicales en erradicar la desigualdad educativa sostenida y alimentada históricamente por las élites de este país, que tal como ocurrió con las reformas a la política, a la salud, o a la pensional se esperaba una recalcitrante oposición que obstaculizara el avance de la normativa que garantizaría el carácter de derecho y no de mercancía de la educación.

No hay dudas del talante ético, transparente y técnico de la actual ministra de Educación; sin embargo, sus contradictores en el debate representan colectividades que en este ámbito están exclusivamente movidas por el mantenimiento del proceso de mercantilización de la educación y de la formación puesta al servicio del mercado; y lo último que les importa, tal como aconteció con el debate sobre la salud es democratizar el acceso y garantía del derecho.

En ese sentido, Nelson Alarcón, expresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, y ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, afirmó que la ministra parece haberse dejado embaucar del Centro Democrático. Y eso es posible, creo que este acuerdo al que llegó la jefe de la cartera con Cambio Radical y el Centro Democrático dejó tranquila y feliz a la oposición, a juzgar por la palabras de la senadora Paloma Valencia, pero generó una alerta en la base magisterial que lo llevará mañana a movilizarse contra el Gobierno, que en cabeza de la ministra sigue defendiendo el producto de la embaucada de la oposición para llegar a lo que FECODE llamó acertadamente  un conciliábulo. Palabra que la Real Academia de la Lengua define como: “Junta o reunión para tratar de algo que se quiere mantener oculto”.

Habría que decirle a la ministra, que, así como era ilegitima la elección del rector de la Universidad Nacional porque desconocía la consulta a la comunidad académica y que se hizo con tretas y argucias ilegales. Es también ilegitimo un acuerdo en materia de educación al que se llegó sin consultar al sindicato que agremia a más de 270 mil de los casi 320 mil educadores de la nación; y con quien el Ministerio de Educación tiene instalada una mesa permanente de comunicación.

Las declaraciones de Paloma Valencia celebrando el acuerdo con el Gobierno denotan un amplio desconocimiento de la realidad educativa del país, al responsabilizar solamente al maestro de la calidad del sistema; y exhortando a que estos deben penalizarse cuando los resultados de los estudiantes no son óptimos. El acuerdo que se confeccionó según FECODE a puerta cerrada, y que se constituyó en una enmienda al proyecto original que este sindicato apoyaba desde el principio, no debe tener otro camino que su retiro.

Lo cierto, es que no hay ninguna posibilidad que en un gobierno democrático avance un Proyecto de Ley Estatutaria de Educación sin el apoyo de los educadores del país.  Por otro lado, el Gobierno Petro caminaría en la inmoralidad si insiste en que se apruebe una legislación que no tiene el apoyo del gremio al que le debe en buena medida su victoria electoral.