Por primera vez, un pleno de Naciones Unidas toma una decisión que condena con la mayor severidad el prolongado legado histórico de la esclavización, y reconoce este fenómeno como “el crimen más grave contra la humanidad”, perfeccionando la dinámica resolutiva frente a este flagelo en el lenguaje de ese organismo multilateral que, en dos ocasiones previas, ya había condenado el asunto sin enfrentarse a medidas contra el olvido y en pro de la reparación.

Aunque fue adoptada por 123 naciones a favor, con 3 votos vergonzosamente en contra, resulta bastante notorio que se hayan presentado 52 abstenciones, entre ellos Estados miembros de la Unión Europea y el Reino Unido, directos partícipes en la instalación, masificación, mercantilización y tecnificación de las estrategias con las que, por siglos, se intensificó la deshumanización que convirtió en negros a pueblos de procedencia africana, racializándoles con el propósito de animalizarles y convertirles en cosas productivas.

Lo que se articuló en torno a la mercadotecnia rentista que transformó seres humanos en instrumentos fabriles no fue de poca monta. De hecho, a diferencia de cualquier otra atrocidad y hecatombe producida por la voracidad humana, ninguna como la negrificación y esclavización adquirió el carácter inherente, permanente, sistemático y demoledor que caracterizó a todas las formas de cautiverio de africanas y africanos durante la instalación colonial e incluso bajo los regímenes republicanos.

Tal como se estudia en mi tesis doctoral, naciones europeas articularon un complejo sistema político, jurídico, religioso, antropológico y filosófico sobre el que se estructuraron imagoloquías, que constituyen dispositivos interpretativos con los que imágenes, memoria, representación y acción política juegan en contra de las y los africanos y sus descendientes, durante siglos de sujeción esclavista. En esta confabulación participaron naciones, comerciantes, propietarios, mercantes e iglesias que configuraron la desproporcionada sistematicidad y apropiación patrimonial sostenida con el genocidio de pueblos procedentes de África, ferozmente resistentes en su descendencia.

La brutal codificación de seres humanos como propiedad enajenable, heredable y transferible, como bien transable, usable y desechable, y como animales de faena, en cuyos cuerpos se fijaron las invariantes de la explotación y la inferiorización, constituye una afrenta criminal de lesa humanidad y máxima gravedad, tal como fue denunciada desde su instalación por voces que articularon el movimiento antiesclavista y las acciones contra el mercado de la piel, negrificando la historia.

La negrificación es la base societal que sustenta la práctica económica colonial de capturar y desenraizar a individuos, familias, clanes y naciones enteras, socavando su voluntad con látigos, cadenas y cepos, cazándoles como bestias, exportándoles como mercancía, importándoles cual si fueran objetos, y negándoles toda comprensión igualitaria, en la era de la esclavización.

En el complejo relacional deshumanizado y negrificador que instala la esclavización como el mayor crimen contra la humanidad, los lenguajes, las imágenes y los símbolos del oprobio condensan la experiencia colectiva del sufrimiento como una marca permanente inscrita en la piel, codificando la subrogación social, el trato discriminatorio, el prejuicio cultural, la denegación simbólica, la marginalidad económica y la exclusión política, contra las que se ha luchado y se lucha de manera sistemática y persistente por individuos, grupos y colectivos decididos a perpetuar la pertenencia identitaria como hijos e hijas de África, especialmente en América.

Más allá de que haya constituido un fenómeno datable históricamente, por cierto con características disimiles frente a las actuales formas de esclavización, es en el carácter persistente de sus consecuencias lo que debe considerarse en la valoración de la resolución anunciada por Naciones Unidas. La racialización y el conjunto de las desigualdades estructurantes que sitúan a las y los africanos y sus descendientes entre los más afectados por la desproporción económica, la desincorporación tecnológica, el desarraigo cultural, la subrepresentación política y la animadversión social, constituyen huellas de un crimen persistente, que ahonda las brechas y las fronteras que constituyen el sustento de la lucha étnica por la afrodescendencia.

Sanar la historia implica descentrarla, reconfigurarla y reescribirla, dando voz y existencia a quienes estuvieron ahí, se manifestaron y fueron desoídos por la arrogancia imperial antiemancipatoria eurocentrada, a la que, incluso hoy seguimos enfrentados, como evidencian las notorias abstenciones de naciones seriamente involucradas en la producción de riqueza producida por individuos sometidos a cautiverio perpetuo.

Para ello, no bastan los reconocimientos y las declaraciones, así como tampoco las públicas peticiones de perdón ni los actos simbólicos que dejan por fuera y ni siquiera consideran la implementación de acciones que contribuyan a eliminar toda forma de menoscabo a la integridad de quienes no encuentran condiciones societales para superar, la invisibilización, la precariedad educativa, las limitaciones en el acceso laboral, el desbalance de ingresos, las tasas desfavorables en los sistemas sanitarios, entre otros factores con estadísticas significativamente diferenciales medidas en todos los indicadores y coeficientes.

La reparación histórica constituye una firme denuncia y actuación que pone en evidencia el ordenamiento de un sistema de sobreexplotación y abuso del trabajo en cautiverio transgeneracional o perpetuo de infantes, jóvenes, adultos y ancianos, hombres y mujeres a quienes se impuso el borramiento de sus identidades y culturas, despoblando a sus naciones originarias para someterles al desarraigo y la expoliación mercantil en el tinglado trasatlántico.

La reparación histórica, sustentada en el carácter perdurable y en las consecuencias persistentes y estructurales que evidencian la continuidad del crimen, se articula sobre el ajuste proporcional que garantice restitución simbólica, reconocimiento fáctico y actuación eficaz para compensar daños derivados de la negrificación, la esclavización y la ideación estructurante del racismo.

La reparación debida apunta al reconocimiento de salarios no pagados durante siglos de explotación, reclamando el costo material y sustancial gestado con la apropiación arbitraria y forzosa del trabajo humano negrificado. En consecuencia, todo acto reparador debe superar la brecha racial tras la expropiación de la riqueza acumulada durante siglos de expolio, al tiempo que hace frente a los daños morales e inmateriales consustanciales a ese sistema de explotación multisecular.

Esta declaración de Naciones Unidas, pese a que no adquirió carácter vinculante en este momento, resulta fundamental para proseguir la larga marcha emancipatoria del pueblo afrodescendiente, como quiera que no cierra sino que abre las puertas a la perpetuación de la memoria y la manifestación de la presencia y reexistencia de quienes, contra la precariedad y el sufrimiento perpetrado por las familias, empresas, potencias y fuerzas sistémicas beneficiadas por la instalación del oprobio esclavizado, reclaman el triunfo de las y los que, considerados vencidos, siguen caminando y agitando la bandera de su definitiva liberación.