En el despliegue de las campañas electorales por la presidencia ha ganado una mayúscula significación la referencia a la identidad sexual y étnica de algunas de las candidaturas en contienda. Identidades afrodescendientes e indígenas entran en la disputa por la primera magistratura con personas abiertamente gay o lesbiana, visibilizando la tensión con la diversidad y la diferencia en un país persistentemente racista, homofóbico, sexista y clasista.

El trasfondo del debate, caldeado por una inusitada, inconexa y contradictoria dupla, no se resume en declaraciones que a algunos puedan parecer desafortunadas, a otros inaceptables y a los más generen perversa indiferencia. En el caso de Oviedo, candidato vicepresidencial junto a Paloma Valencia, más allá de una declaración vergonzosa, a todas luces contraria a las pretensiones y luchas igualitarias de colectivos sexualmente diferenciados en las democracias contemporáneas, la discusión de fondo es por la pretensión universalista que alimenta las políticas defendidas por un partido afincado en manifestaciones universales, altamente conservaduristas.

El diferente y el diverso, en esa lectura monocorde, suma en cuanto totalidad indivisa, sin garantías de incorporación virtuosa de su manera de ser, su estilo de vida, sus opciones o sus emblemas. En ese modelo, los otros y las otras siempre quedan expuestos a la permanencia, a lo establecido e instituido, a la no pertenencia y a la expropiación de su mismidad, considerando que sus particularidades constituyen apenas exotismos, o rasgos diferenciales asimilables en cuanto se adapten a los valores tradicionales.

Una sociedad leída con ese prisma produce alterofobias, monstruosidades que se regodean en la negación de la riqueza existente en lo diverso, patologizando la diferencia y sometiéndola a una circunspección pecaminosa, indeseable y anómala que debe ser corregida, invisibilizada e incluso limitada en sus causas y reivindicaciones.

Esa comprensión social homogénea obliga a adoptar forzosamente la tradición como única norma válida, convirtiendo la ley, los reglamentos y las políticas en dispositivos de exclusión con los que se postergan las inventivas sociales promotoras de derechos.

Una lectura tan miope y monocorde de la sociedad perpetúa desigualdades, constriñe oportunidades y termina por legitimar violencias, reales y simbólicas; como bien ha documentado la Comisión de La Verdad respecto de las exacciones del conflicto y su alto costo para mujeres, grupos étnicos e individuos y colectivos de diversidad sexual.

A lo que se apunta es a afirmar un modelo de sociedad cerrada, una manera protocolaria de comportarnos con los otros, pretendiendo normar a los otros, convertirlos y presionar su asimilación, sin concederles las amplias garantías con las que puedan disfrutar de su propio ideal de vida y concordar, desde su narrativa existencial en lo público, las condiciones de igualdad que les permitan participar en la construcción de normas y decisiones colectivas.

En el debate público la diversidad no es una dádiva ni la diferencia es una concesión. Su respeto, afirmación y garantía tiene que ser parte insoslayable y constitutiva de lo común, impidiendo a las facciones más conservadoras de la sociedad hacerse a las instituciones del estado para fijarlo como un mecanismo para separar, inhabilitar, restringir o excluir a sujetos y colectivos específicos.

La diversidad y la diferencia, categorías que adquieren matices distintos en la teoría política apuntan a centrar el contenido de la inclusión y convivencia en sociedad enfatizando las particularidades sustantivas de los grupos humanos que la componen. Diversidad y diferencia constituyen categorías interdependientes: la primera asegura la pluralidad y la inclusión, mientras la segunda garantiza reconocimiento y justicia mediante el desmonte de desigualdades históricas.

Así, mientras la expresión plural de identidades y culturas implica la garantía de coexistencia en la diversidad evitando la uniformación y asegurando la inclusión de las y los habitualmente excluidos; el reconocimiento de la diferencia apunta a la garantía de justicia para grupos que no pueden ser reducidos a la igualdad en abstracto y, por lo mismo, precisan de atención a necesidades específicas históricamente desatendidas o tramitadas de modo desigual.

En el camino hacia la presidencia, sin cálculos electoreros ni burdos conteos de adhesiones, las campañas políticas deberían asumirse como laboratorios de democracia intercultural y diferenciación, de manera que la ciudadanía que se activa para ir a las urnas encuentre espacios informativos y escenarios deliberativos en los que les permitan postular sus preocupaciones e intereses, de cara al diseño de políticas que pongan en el centro del mensaje político las decisiones estratégicas que caracterizarán a quien controle el gobierno.

La verdadera importancia del debate sufragista consiste en ofertar a una sociedad un horizonte de futuro posible, innovador, creativo y nutricio, que no puede reducirse a la repetición insulsa de titulares, a la reacción airada contra los oponentes, a la rutina de las agresiones mutuas, a las consignas partidistas retóricas y edulcoradas, a la reiteración de la vacuidad en las promesas de campaña, a la espectacularidad de las encuestas, y al juego mecánico del marketing electorero.

Ojalá que los encuentros multipartidistas venideros resulten constructivos para el país, convocando a las candidaturas a centrarse en propuestas que cimenten el porvenir, impactando realidades concretas con acciones estratégicas, perdurables y de largo aliento, capaces de vehicular el rumbo del proyecto de nación que podemos construir en común.