El estado del proceso electoral colombiano es, simplemente, calamitoso. El que los partidos tengan que desplegar un ejército de observadores y testigos que vigilen puestos de votación, urnas y votos durante y después del acto sufragista, así lo demuestra. Peor aún: pese a los niveles de control que la Registraduría dice aplicar al ofrecer una capacitación básica a las y los ciudadanos designados como jurados, la manifiesta notoriedad de las irregularidades cometidas tanto en el preconteo como en el material electoral entregado para su resguardo ante claveros, sorprende por su descaro y creciente ilegalidad.

Previo a la justa electorera, suelen levantarse reservas respecto a la transparencia en las tecnologías utilizadas para la transmisión y registro de los resultados reportados mesa a mesa, momento en el que aparecen los primeros cuestionamientos al quehacer de los operadores contratados para adelantar este ejercicio. Una vez instaladas las mesas de votación y se registran los jurados, el escarceo y la simulación fraudulenta registra las mil y una estrategias con las que se compra y vende la confección de los resultados por parte de diferentes fuerzas políticas convertidas en microempresas electoreras.

Al cierre de urnas. El timo se transforma en una metódica estrategia para hacer desaparecer o aparecer votos que no fueron depositados, duplicar tarjetones en mesas desfavorables buscando balancear guarismos con participación del azar incineratorio, hasta que llega la hora de registrar los infames formularios E14 con los que el país se sorprende, cada vez más, de la malicie que generan.

Al iniciarse los escrutinios, las inquietudes relacionadas con la calidad de los soportes, su confiabilidad y su debida custodia, ponen en entredicho a delegados de la Registraduría, jurados y claveros, coludidos en muchos puestos de votación para hacer de la trampa un principio inmerso en la acción misma de contar votos, pese al control cruzado que debería garantizar observación y control riguroso del proceso.

En principio, podría pensarse, como afirman conocedores de ese proceso de registro, que resulta tolerable un modesto margen de errores en la transmisión que, de ser así, resultarían fácilmente subsanables en los escrutinios. Sin embargo, que el proceso requiera la presencia de una celosa guardia partidista que testifique lo acontecido en 126.000 mesas dispuestas por todo el país, levantando sostenidas impugnaciones, pone en evidencia que la fragilidad del sistema no radica únicamente en los márgenes técnicos faltos de exactitud.

Que la desconfianza de lo registrado en mesas, puestos de votación y zonas electorales persista, convierte cada dato en un campo de disputa por el éxito de una candidatura voto a voto, prolongando el escrutinio y erosionando la legitimidad del resultado. A tal grado llega la crispación frente a los desmanes cometidos, que resulta necesario establecer registradurías paralelas con adelantados sistemas operativos que permitan emular el trabajo del ente rector del proceso electoral y la identificación de cada ciudadano votante, en un país en el que hasta los muertos votan.

De hecho, evidenciar errores en las actas, denunciar cifras irregulares, requerir balanceo de las boletas electorales, resulta tan frecuente como denunciar prácticas dolosas incluso contra algunos claveros, delegados de registraduría y jueces participantes en los escrutinios que deben consolidar y oficializar los resultados.

Así, partidos que logran curules y otros que las pierden al constatar alevosas cifras modificas en la revisión de las impugnaciones levantadas al pie de las mesas, o en la ingente cantidad de reclamaciones presentadas ante los jueces escrutadores, constituyen una clara constancia de las anomalías del proceso que soporta y valida la decisión ciudadana, cuya manifestación en las urnas es permanentemente boicoteada.

Si bien no puede afirmarse que todo está podrido y nada funciona en este proceso, llama poderosamente la atención el que año tras año se repitan las mismas inexactitudes, yerros intencionados y fallas sistémicas, sin que el país se decida a adoptar un mecanismo que eleve el rigor en el proceso técnico de votación, conteo y confirmación de resultados electorales.

Ya es hora de generar certidumbre en este proceso tan sensible en la vida nacional. De ahí que los llamados a que se desarrollen sistemas tecnológicos altamente eficientes con los que resulte, sino imposible, bastante difícil sostener la trampa, el dolo y el fraude contra los sufragantes, parece cada vez más urgente.

El escándalo es mayúsculo y las fisuras irreparables, pese a los gritos y altisonancias del actual registrador en contra de quienes critican la falta de auditoría en el software de escrutinio electoral cuyo código, además, no está exclusivamente bajo la responsabilidad del Estado, soportando las sospechas respecto de la legitimidad de muchos resultados que cambian la composición de las cámaras, e incluso definen las mayorías en el congreso.

De otro lado, también llama poderosamente la atención que, pese al incremento de votantes, la cifra de abstención se reitere más o menos semejante en cada ocasión. Según el censo electoral, 41287084 colombianos están habilitados para votar, alcanzando cerca de 21 millones de registros entre votos válidos, no marcados y nulos.

Si bien la decisión de no acercarse a las urnas parece menor a la de años anteriores, queda la duda respecto de la certeza con la que debería aceptarse el guarismo de quienes pueden hacerlo. Una firme y decisiva depuración del censo electoral implicaría tomar la decisión de ordenar el voto obligatorio, así sea por una única vez, considerando que subsisten marcadas diferencias entre los datos de la Registraduría comparados con los del censo poblacional del DANE, sumando mayores incertidumbres a un infausto proceso electoral que hace aguas.