Sangre, dolor y lágrimas reflejan el contexto violento que asola al Pacífico colombiano, dibujando las rutas de migración y reexistencia de las comunidades, afectadas en las comprensiones del futuro por el acrecentamiento del afrojuvenicidio,  e impotentes para hacer frente a la oleada multicriminal instalada en contra de su bienestar. Tanto la frustración por no poder concretar la Paz Total, como la arremetida persecutoria de antiguos paramilitares reconvertidos a integrantes de clanes y estructuras criminales, hace pensar en nuevos y masivos desplazamientos, sumados a las desapariciones, lesiones y asesinatos que ya se acumulan por centenares.

En lo que va del 2025, se cuentan entre 95.000 y 140.000 las personas víctimas de diferentes formas de violencia, hostigamientos, confinamientos y declaratorias de paros, constreñimientos, desapariciones, reclutamiento forzado, extorsiones y secuestros; entre otras exacciones contrarias a la protección de la población no combatiente, acosada por el fuego cruzado entre agrupaciones ilegales, así como por enfrentamientos de estos grupos con las fuerzas armadas.

La situación humanitaria desencadenada refleja serias afectaciones a la garantía de derechos y al bienestar de más de 1,5 millones de personas, llegando a casi 300.000 las y los afrodescendientes, junto a unos 100.000 indígenas impactados por múltiples situaciones que agravan su situación de vulnerabilidad, de acuerdo con datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, OCHA; exacerbando el temor por la vida, el riesgo de afectación irreparable a la identidad cultural, y la desposesión de la propiedad colectiva, ante el desarraigo en los territorios.

El Departamento del Chocó ha registrado una serie de desplazamientos masivos que acrecientan y multiplican las notorias afrentas a la vida y la seguridad perpetradas por grupos armados ilegales y organizaciones delincuenciales responsables de provocar zozobra, desplazamientos y confinamientos tanto por el reposicionamiento estratégico en el territorio por el control y exportación de cultivos ilícitos, como por la disputa en la extracción de recursos minerales y forestales; agravado por una presencia institucional deficitaria.

Pese a la reciente instalación de grupos de trabajo entre el gobierno y la principal organización criminal presente en la zona, el malestar y sinsabor de la gente da cuenta de la incertidumbre por lo que pueda ocurrir en la gobernanza del territorio, bien por nuevas oleadas de devastación como por condiciones instaladas y perdurables del ecogenoetnocidio, que alimenta frecuentes desplazamientos y repentinos fenómenos migratorios desde las zonas fluviales hacia las ciudades y campos poblados.

En el último mes, sobre el Cauca se han escenificado varios actos de guerra, contando la carga de bombas en vehículos y el lanzamiento de explosivos hacia instalaciones de la fuerza pública en zonas cercanas a escuelas y edificaciones civiles, el minado de vías terrestres y fluviales, bloqueos de caminos veredales, ataques a vehículos de personas protegidas, acometidas armadas con drones, lanzamientos de morteros;  afectando duramente el orden ciudadano, el intercambio comercial, las jornadas educativas, y la estabilidad emocional de las familias, urgidas de resguardarse ante los enfrentamientos sorpresivos y las inciertas acciones violentas.

Infraestructuras públicas y comunitarias, incluyendo escuelas y centros de salud, vías terrestres y fluviales han sido escenario en los que se registran homicidios selectivos, desapariciones y acciones de reclutamiento, denunciadas por organismos protectores de derechos, dependencias del ejecutivo, la Vicepresidencia, la gobernación del Cauca, autoridades indígenas y gobiernos locales de Corinto, Santander de Quilichao, Toribio, Jambaló, Suarez, Miranda, Timba y Caloto, principalmente.

En Buenaventura, tampoco ceden los bloqueos. Tanto los comunitarios, en defensa de los derechos de indígenas y afrodescendientes, como los provocados por actores desregulados con amplio control territorial, impactan con fuerza la vida cotidiana. En la ciudad puerto, así como se vive la calma por el momentáneo apaciguamiento, se siente el estremecimiento con la sucedánea escalada violenta de estructuras criminales sostenidas, y aquellas que entran y salen de los procesos de diálogo y negociación instalados en medio de su reagrupamiento. La debilidad de la actual Mesa Sociojurídica, ha hecho que los acuerdos dependan más del querer y la voluntad de las partes que de un sustento formal para encausar el sostenimiento de los mismos, como evidencian los emplazamientos y enfrentamientos armados provocados por unos y otros.

Las comunidades y sus liderazgos, pese a su persistencia en el reclamo de mesas de conversación y entendimiento que garanticen la seguridad y el retorno a riveras y caseríos, duramente afectados por el conjunto multipolar de la criminalidad que padece la ciudad, temen por la falta de organicidad en las intervenciones del Estado, sujetas en buena medida a acciones militares que no logran generar corredores para el retorno seguro, ni para la movilidad cotidiana entre mar y ríos.

Más allá de las eternas declaraciones y solicitudes de respeto a la vida, a la autonomía y a la autodeterminación, urge afinar las ejecutorias gubernamentales y las acciones del Ejército y la Policía para generar enclaves de protección efectiva para las comunidades, considerando que las formas de operación multicriminal hoy registran como victimarios a sujetos que hasta hace poco posaban de no combatientes, al lado de personas denunciantes y liderazgos informantes ante la Comisión de la Verdad y La JEP.

Para empeorar las cosas, la acción irresponsable, ilícita y demencial del gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump, no sólo ha supuesto nuevas amenazas a la vida de pescadores y comerciantes que pueden ser confundidos y bombardeados cal confundirles con traficantes de droga; sino que está generando disminución en la disponibilidad de pesca a mar abierto, por los temores que genera en las comunidades la potencialidad de un impacto mortal.

Contra el Derecho Internacional Humanitario, la vulneración del principio de distinción entre combatientes y población civil al margen del conflicto precariza mucho más las garantías de protección a menores, mujeres y hombres no combatientes, duramente perseguidos por sus denuncias ante organismos nacidos del proceso de paz, por su liderazgo como reclamantes de tierras y por su incorporación a la sociedad civil tras la firma de los acuerdos con las extintas FARC.

Contra el acrecentamiento de la sensación de orfandad por parte del gobierno, se impone una acción decidida de la fuerza pública para impactar y diezmar a todos los frentes, clanes, agrupaciones y bandas que asolan a la gente; ya que, pese al ofrecimiento inicial de paz total, han irrespetado los acuerdos, generando omisiones a los mismos o persistiendo en intervenciones que ponen en serio riesgo la vida, los bienes y la integridad de las comunidades en sus territorios de reexistencia.