El Senado, que en teoría representa la república, eligió a Carlos Camargo Assis como nuevo Magistrado de la Corte Constitucional, en un proceso en el que la dignidad de la justicia sigue siendo vulnerada por la venalidad de la política. Pese a que en la terna fue postulada María Patricia Balanta, jurista con todas las calidades y méritos, además de ser mujer y afrodescendiente, el clientelismo imperó a la hora de escoger no al mejor jurista posible, sino a quien con más favores se había granjeado el beneplácito de sus postulantes y decisores.

La Magistratura en la Corte Constitucional resulta muy sensible para un país que todavía no perfecciona sus instituciones y requiere establecer marcos jurisprudenciales cada vez más sólidos, en aras de garantizar la salvaguardia constitucional y la decencia en la toma de decisiones que inciden en el bienestar del conjunto de la nación. ¿Será este el talante del candidato respaldado por las fuerzas que han sostenido el desbarajuste de país que padecemos? Nada presagia que así vaya a ocurrir.

Por eso, inquieta que sectores de oposición al actual gobierno, tradicionalmente casados con quienes han defendido en las altas cortes intereses clasistas y posturas jurídicas regresivas, se manifiestan gozosos por esta escogencia, alegando que así se vence “la amenaza populista de un gobierno que pretende someter la justicia a sus intereses”, tal como escribió María Fernanda Cabal, queda claro que Camargo es cualquier cosa, menos símbolo de probidad e intachable proceder que asegure la necesaria independencia que debería imponerse en cualquier estrado judicial.

De hecho, a lo largo del proceso resultó consistente la denuncia de los favores debidos que le aseguraron no sólo el ser ternado por parte de la Corte Suprema, burlando su propio reglamento; al igual que resultó pronosticable la decisión final de las mayorías en el Senado abiertamente comprometidas con el lleva y trae de hojas de vida y nombramientos en altos cargos directivos de la Defensoría, cuando las transmisiones televisivas y las declaraciones le salían mal al cuestionable jurista, que usó ese cargo para aceitar la maquinaria de su postrera magistratura.

Camargo no ha sido un buen funcionario. No lo fue en su periplo al frente de la Defensoría del Pueblo pues, cuando el país necesitaba una voz fuerte y al amparo de los derechos de quienes fueron objeto de crímenes contra su seguridad, afrentas a la vida y menoscabo de su dignidad, prefirió encerrarse en su finca de veraneo, en lugar de alzar la voz contra las situaciones vejaminosas padecidas por niñas, hombres y mujeres jóvenes, adultos y ancianos afectados por diferentes fenómenos violentos.

Curiosamente, los hechos políticos han dibujado un inusitado escenario parlamentarista en la conducción de las relaciones políticas en el ejecutivo. El presidente Petro, luego de esta votación respaldada por los partidos tradicionales y de derecha, ha replanteado los acuerdos con las organizaciones políticas que respaldan a algunos de sus ministros, estableciendo una dinámica de reciprocidad entre las decisiones legislativas y la participación en un gobierno. Sin que se caiga en nuevas prácticas de interferencia entre las dos expresiones del poder público, me resulta sano que avancemos hacia un escenario político en el que las responsabilidades en la seriedad de las decisiones de importancia reajusten el tablero político y electoral, pensando siempre en la construcción del común.

Justo por ello, por haber llegado al Senado con un favoritismo que no nace de su desempeño probado sino del reparto estratégico de cuotas politiqueras, Camargo no representa a la ciudadanía que espera poder confiar en sus instituciones y en las personas seleccionadas para proveer certeza jurídica en sus decisiones, buscando el beneficio común y no la exaltación del privilegio, pese a que la frase está en sus palabras de aceptación del cargo.

Ojalá que, por sus acciones, pueda declarar mi equívoco; lo cual ocurrirá con la misma diligencia con la que manifiesto mi desazón por el que considero un evidente deterioro de la institucionalidad, que lleva a la Corte Constitucional no al mejor de los propuestos como Magistrados, sino al de más mérito en la apuesta por jugar la estrategia clientelar.

Ojalá igualmente las y los afrodescendientes que aspiran a llegar a las altas magistraturas y cargos investidos de poder, puedan hacerlo sin que se les tilde de ser instrumentos de una u otra facción, reconociendo la excelencia en su trayectoria y la solvencia de su hoja de vida. Siendo que, en el caso de María Patricia Balanta, sus pergaminos hablan por ella y debería haber sido elegida de manera unánime y sin vacilaciones, resulta desafortunado que el país se pierda, en esta ocasión, de sus servicios, no solo por el insufrible y funesto chismerío mediático corporativo, sino por no haber participado de la compra venta clientelar en la que se han convertido las elecciones para las cortes y consejos nacionales.