31 de enero de 20205

 

 

Por: Arleison Arcos Rivas

El gobierno de Donald Trump se anuncia como la exacerbación del presidencialismo absolutista, una forma de la gestión gubernamental que jerarquiza el bloque de poder nacional, encumbrando a una figura mediática, no necesariamente carismática, que antepone intereses corporativos y ejecutorias unipersonales, contra propósitos comunes de entendimiento social y acuerdo trasnacional.

El gobierno presidencial surge en la historiografía política como consecuencia del interés de las naciones por limitar y controlar el poder omnímodo de las monarquías y la liberalidad cortesana, contando con la legitimidad otorgada por el constituyente primario al votar libremente entre opciones en disputa por el control del aparato institucional, y por la representación de las distintas facciones o perfiles ciudadanos.

Como gobierno del pueblo, el presidencial se cubre con los ropajes de la democracia, pese a que los nuevos estados nacionales surgidos en el siglo XIX coincidieron en llamarse repúblicas, y que algunas decenas de países combinan las convenciones representativas con formas parlamentarias que les permiten responder al interés de cambio expresado por sus sociedades, en elecciones con periodos fijos o de convocatoria móvil.

En últimas, las naciones de hoy son repúblicas en su gran mayoría, monarquías parlamentarias las que le siguen en número, y monarquías absolutas, teocráticas o parlamentarias, mientras otras pocas tienen regímenes y cuadros de autoridad que van desde el mayor absolutismo hasta la menor dictadura. Como sea, incluso las monarquías más personalistas adoptaron formas compuestas de mando y dirección de los asuntos ejecutivos, implementando Presidencias, primeros ministros, Gobernadores Residentes, o Secretariados, que contribuyen a oxigenar los asuntos políticos y dirigir el gobierno en nombre del Estado.

Aunque en política todo puede ocurrir, no suele pensarse en procesos involutivos que reinstalen monarquías, pese a que ya ha ocurrido, como en España, en movimiento contrario a la mayoría de naciones de Europa y otros continentes que eliminaron esa figura o la condicionaron bloqueando el poder despótico de los reinos trasnacionales y nacionales.

Tampoco debería resultar posible que una república, bajo los códigos electorales participativos, asumiese posturas autoritarias que equiparen a sus gobernantes con los antiguos monarcas absolutistas, pues, como bien ha precisado la teoría política sobre las democracias, obedece a investiduras populares del poder, jurisdicciones y fueros separados, distribución institucional de las competencias y control mutuo de las decisiones; con lo que se pretende eliminar el personalismo de las naciones sin estado y la arbitrariedad de los estados prenacionales.

En América, aunque resulta un dato sorprendente, hasta inicios de la segunda década del siglo XXI, se cuenta una docena de extensiones de reinos o gobernaciones vinculadas a un monarca no residente europeo. Algunas naciones han dado pasos para convertirse en repúblicas, mientras otras se gobiernan a sí mismas de modo virtualmente autónomo, pese a que no han roto sus vínculos con realezas foráneas. En todos los casos, sus procesos políticos pasan por elecciones convenidas y representación popular en sus cámaras.

Tanto en las monarquías subsistentes, en las que se pretende que el rey sea la imagen unificadora que provea y garantice la perpetuación de la nación; como en las repúblicas democráticas en las que se pretende concentrar los monopolios estatales atendiendo a procesos reglados constitucionalmente para provocar el mayor consenso y aminorar el disenso, la estabilidad suele ser un propósito indeclinable en el juego político, regulando la agitación política mediante la existencia de partidos y movimientos, que obran  en un marco institucional en el que se apela a conducir a la nación, entre varias opciones, concertando alguna forma de orden bajo la ley.

Con tamaña diversidad gubernativa, hay un filón que parece bloqueado, de acuerdo con las concepciones más autorizadas respecto del gobierno de las repúblicas democráticas contemporáneas: El absolutismo presidencial.

Si pudiera ser posible, tal forma de gobierno eliminaría las potencialidades de la gobernanza y de la gubenamentalidad, en la medida en que desconoce el peso de lo instituido y somete la capacidad de gobernar al arbitrio personalista del presidente, arrumbando o incluso alentando, cuando no ignorando abiertamente, la vigencia constitucional.

De otro lado, bajo la implementación de un régimen de opinión, se somete el ejercicio admnistrativo estatal al arbitrio decisional y la arrogancia discursiva del gobernante, minando la especialización burocrática y la distribución de poderes que garantiza los pesos y contrapesos defendidos como esenciales para caracterizar a una democracia estable, e incluso, bien ordenada.

¿Está en riesgo la firmeza de tal perspectiva con las actuaciones emprendidas en el segundo gobierno de Donald Trump? Pareciera que sí, si se considera la arrogancia con la que se presenta como un gobierno plutocrático, deudor de las megafortunas que lo han auspiciado; además de la obcecación con el separatismo antimigratorio y la arrogancia imperial con la que se ha dirigido al mundo desde el mensaje presidencial y la infatigable firma de caprichosas directivas.

El presidencialismo absolutista se va lanza en ristre contra la solvencia moral de las democracias, concebida bajo el permanente escrutinio del querer del gobernante frente a la prevalencia del interés general, que corresponde adelantar a los medios de comunicación orientados bajo principios de objetividad e imparcialidad. Azuzando pasionalmente a la opinión pública, la apropiación corporativa de tales medios somete la difusión informativa a la producción masiva de la falsedad, a la propagación del descrédito y al influjo desarticulador de influenciadores malintencionados.

Medios parcializados y opinión manipulada se convierten en el alimento nutricio del absolutismo presidencial, en la medida en que anula la criticidad y baja las defensas públicas contra el personalismo, diseñando y moldeando la respuesta social unanimista y sin disidencias.

Mientras el mundo ve con horror el lastimero desfile de inmigrantes deportados con indignidad y sin cuidado de su humanidad, la actitud de Trump sólo ratifica lo dicho: el fascismo está siempre a la derecha y gobierna absorbentemente en el norte. Tanto en su lenguaje, como en sus gestos, actitudes y ejecutorias, lo que se impone es la dinámica de control absoluto que reincide en una fórmula clásica: vender un enemigo productor de inseguridad, al que se pueda temer de tal manera que toda acción emprendida en favor de la seguridad resulte tolerable.

El reciente chaqueteo entre Petro y Trump evidencia los peligros del personalismo politiquero que transpira el presidencialismo absolutista. Terminar encadenando y llamando “asesinos, capos de la droga y miembros de pandillas” a niños, mujeres y hombres migrantes sin ningún tipo de requerimiento judicial, distinto al ingreso como indocumentados a un país en el que espiran a mejorar su vida, evidencia el demencial destino del presidencialismo absolutista: la anulación de todo derecho humano, a discreción del gobernante, bajo el camuflaje de la oferta de seguridad.