11 de diciembre de 2024

Por: Arleison Arcos Rivas

A dos años del suceso político más resaltante en la historia colombiana del siglo XXI, la victoria de Gustavo Francisco Petro Urrego y Francia Elena Márquez Mina, alcanzando en un proceso electoral la mayor votación de todos los tiempos, la pena y la gloria aparecen por igual en el resumen de lo que ha representado el “gobierno del cambio”.

Antecedidos del prometedor proceso de apertura política posterior al acuerdo final con las extintas FARC en 2016, e impulsados por la fuerte manifestación popular que alimentó el aguante en las protestas multitudinarias entre 2019 y 2021, la dupla articuladora del Pacto Histórico alcanzó un total de 11.281.013 votos, contra una vergonzosa campaña emprendida bajo el manto de la anticorrupción representada en el corrupto [y hoy condenado] Rodolfo Hernández, superándole por 700.601 en ese escrutinio.

Tras la victoria, la proclama del cambio que representa el giro a la izquierda en la conducción del ejecutivo, alentaba igualmente la ilusión de las transformaciones intensivas, y el compromiso ético en la conducción de las políticas y la implementación de contratos, proyectos y planes de incidencia en los asuntos relevantes del desarrollo y de la política nacional, apuntando a hacer de Colombia una “potencia mundial de la vida”.

Pese a haber develado y denunciado ollas podridas en diferentes entidades y procesos contractuales, han hecho mucho daño y dan pena los deplorables actos de raponeo, cooptación e irregularidades que afectan notoriamente la conocida postura anticorrupción de la dupla mandataria y su frecuente denuncia de entramados de corrupción que impiden que la dignidad se haga costumbre en el país.

Empañando la gloria que pudo haber arropado de principio a fin al primer gobernante de izquierda en Colombia, y a la primera mujer afrocolombiana en la vicepresidencia, pronto surtió efecto la estrategia corporativa y multisectorial para bloquear las iniciativas gubernamentales, dilatando las discusiones y debates, torpedeando el trámite legislativo, difundiendo amenazantes falsas noticias alimentadas con cifras engañosas, y aprovechando hasta el límite los papayazos, yerros, equívocos, deslices, contradicciones y actuaciones dudosas protagonizadas por personas cercanas al proyecto del Pacto Histórico, por familiares acusados de la comisión de delitos, por ministras y ministros desorbitados, por altos funcionarios corruptos incursos en investigaciones penales y fiscales, por burócratas desafectos, e incluso por decisiones incomprensibles y situaciones decepcionantes en las que la dupla mandataria ha participado.

Sin embargo, las banderas del cambio siguen en alto, pese a los altibajos. Aunque el avance de las reformas ha sido intricado, las políticas agrarias, las disposiciones orientadas hacia la transición energética, las conquistas educativas, el enfrentamiento de la pobreza y el afianzamiento de un escenario productivo más solidario muestran alcances que deberán consolidarse hacia el final de este mandato.

 

Reforma agraria y rural

Sin lugar a dudas, el impulso a la reforma agraria y rural ha sido uno de los aspectos más significativos del actual gobierno, que ha hecho de la Agencia Nacional de Tierras un instrumento poderoso para tramitar con diligencia títulos de propiedad que ya se acercan a las 200.000 hectáreas entregadas a reclamantes y población rural sin tierra o con tierra insuficiente. Aunque aún no se concreta en su totalidad la promesa de 1,5 millones de hectáreas, hay tiempo todavía para desentrabar el modelo de operación que ha ralentizado la restitución, compra y asignación; así como el adelantamiento de procesos oportunos que solventen la situación de tenedores, ocupantes, poseedores y propietarios aportantes al fondo de tierras. También hay tiempo para ponerle pilas a la generación de créditos y programas para el fortalecimiento del empresarismo asociado del campesinado.

En el mismo sentido, los ajustes para la aplicación del catastro multipropósito, el avance jurídico en la recuperación de baldíos y posesiones abusivamente ocupadas, y la asignación de mayores recursos aplicada a la compra intensiva de tierra productiva y aprovechable no dan espera.

 

Garantía pensional

Hoy, resulta alentador que el país cuente con una reforma pensional que se asienta en un pilar solidario con el que se protege a la vejez y se garantizan aportes a la jubilación de quienes hasta ahora no han podido jubilarse con dignidad, por ejemplo, con la creación del régimen especial para afrocolombianos e indígenas. Contra tal propósito, que reincide en la defensa del monopolio en manos de los Fondos de Pensiones, partidos cuestionados como Centro Democrático y Cambio Radical han presentado incontables demandas que buscan su caída en la Corte constitucional, lo que afectaría significativamente la promesa “del mayor desarrollo y beneficio social” para las y los colombianos.

 

Avances en política educativa

El sector educativo ya suma tres ministros en dos años, incluido uno que hoy es un intenso opositor. Salió del cargo igualmente Aurora Vergara, por razones que hemos mencionado en otra columna de DIASPORA.com.co.

La asignación de recursos para el fortalecimiento y construcción de nuevas sedes universitarias, el mejoramiento de infraestructuras escolares, la ampliación de becas de posgrado para el magisterio, el apoyo al sostenimiento en el SENA, entre otras, constituyen alcances notorios de esta cartera; en la que el principal factor de reconocimientos lo constituye el programa de gratuidad “Puedo Estudiar”, mediante el cual se exime del pago total de la matrícula ordinaria neta de los estudiantes en 67 universidades públicas.

 

Ingresos para los más pobres y trabajadores

El bono pensional recientemente aprobado, el control de precios inflacionarios, la creación de empleos, el incremento salarial y la implementación de medidas contra la pobreza cuentan con indicadores saludables que aportan al global de políticas encaminadas a la recuperación del crecimiento económico.

Aunque se debió elevar el costo de la gasolina para acabar con los subsidios que ahondaban el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, medida abiertamente impopular que el gobierno anterior aplazó, otras medidas asociadas al manejo macroeconómico y a la sostenibilidad fiscal, apuntan a eliminar las posibilidades de recalentamiento y recesión para el país.

Hacia una economía despetrolizada

Comprometido en la realización de la COP16 en Santiago de Cali, en la que se espera se tomen decisiones para enfrentar los desafíos ambientales ante el cambio climático, el gobierno ha inscrito al país entre las naciones que buscan la intensificación de mediano plazo hacia la reconversión energética limpia, eliminando la dependencia del petróleo. Con esa mira, el gobierno está promoviendo iniciativas contra el fracking, ha fortalecido la reforestación y el cuidado ambiental, estimulando acuerdos internacionales para financiar el Fondo de Inversión Climática, mientras permanece a la espera de que la Corte Constitucional declare la constitucionalidad de la ley que adopta el Acuerdo de Escazú.

Implementación del ministerio de la igualdad

Enfrentando el descreimiento y permanente crítica de odiadores del actual gobierno, Francia Márquez ha generado una veintena de programas que buscan consolidar la política nacional de garantías para afrodescendientes, juventudes, población sexualmente diversa, discapacidad, derechos humanos y política del cuidado; cuyas acciones empiezan a elevar los indicadores de impacto favorables a territorios y poblaciones vulnerables, marginadas y excluidas.

Faltan dos años, que estarán marcados por la eterna tensión preelectoral con miras a hacerse al control del ejecutivo por parte de los sectores tradicionales; lo que implicará un contrapunteo entre un gobierno que debe acelerar el ritmo de sus realizaciones, y sectores de la oposición que seguirán buscando el bloqueo de las reformas y apostando al fracaso de esta administración medianera, a la que ya no le queda margen de error.

De hecho, en su mensaje a la nación, el presidente enumeró veinte logros hacia el cambio prometido, asegurando que “no han sido dos años fáciles.  Hemos hecho más de lo que muchos piensan o dicen, entre otras por las dificultades fiscales que nos encontramos, pero lo daremos todo para cumplir nuestras metas”. Todavía hay tiempo para adelantar el cambio, como ya mencionamos, pero cada vez menos.

Ojalá los tiempos venideros, para el mayor bien del país, sean de menos pena y más gloria.