27 de junio de 2023

Por: John Jairo Blandón Mena

A propósito del golpe blando, que recientemente el presidente Gustavo Petro denunció se está adelantando en contra de su Gobierno por parte de la oposición y un sector de la institucionalidad. Rememoré a Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil, que desde el minuto uno de su periodo recibió toda la envestida de la derecha de su país para erosionar su gobernabilidad, y esa arremetida se concretó con su destitución senatorial en el 2016. Y guardadas las proporciones, pero con el mismo modus operandi de las élites de siempre, los expresidentes Zelaya de Honduras y Lugo de Paraguay perdieron sus cargos.

La reciente historia política latinoamericana le confiere toda la razón a la denuncia de Petro. Los gobiernos progresistas o de izquierda que han intentado materializar las reformas de cambio son bloqueados mediante los llamados golpes blandos, que son paulatinos, sistemáticos y efectivos. Pero, el que sean blandos, no elimina la posibilidad que puedan ser militares, como el que sufrió Hugo Chávez en el 2002, y que fue eficazmente contenido por las bases populares.

En Colombia, el golpe blando está en curso y tiene más líneas de concreción que las que se han consolidado en años recientes en la región. Desde lo mediático, las estructuras de comunicación hegemónicas tienen concentrada la mayor parte de su aparataje en generar contenido atacando al Gobierno Nacional, muchas veces infundado o sin fuentes ciertas. Los medios están alistados y alineados en crear una narrativa periodística para arremeter sistemáticamente contra el presidente. El fortalecimiento y engrosamiento de los medios que producen principalmente la información en contra del Gobierno así lo señala. Semana se alista para comprar el diario El Heraldo de Barranquilla; y las cadenas noticiosas más importantes de RCN Radio se fusionarán para unificar su acción informativa.

Pero ahí no se agota. Judicialmente, el fiscal general de la nación parece más el jefe de la oposición que la cabeza del órgano encargado de la investigación penal en Colombia. Su inusitada celeridad para proferir investigaciones contra todo lo relacionado directa o indirectamente con el presidente, dista enormemente con la usual dilación judicial de esa entidad en otros casos de relevancia nacional. El funcionario judicial ordena diligencias judiciales contra personas o sedes del Gobierno a partir de informaciones mediáticas, y convoca ruedas de prensa para criticar, como cualquier político en plaza pública, las ejecutorias de Petro.

En esa misma línea, se presenta una judicialización en contra de los miembros del Pacto Histórico. Se han proferido decisiones y se anuncian otras que, de consolidarse, afectarán de manera notable la integridad de esta alianza que sustentó el ascenso de Gustavo Petro al poder. Y desde luego, no se pretende una inmunidad parlamentaria, sino que no haya una acción particularmente direccionada a miembros de la coalición de partidos que acompañan irrestrictamente al presidente.

Capitulo aparte merece la actitud del Congreso de la República de convertirse en el principal palo en la rueda en el avance de las reformas sociales por las que votaron los colombianos en las pasadas elecciones presidenciales. Lo anterior, con la complicidad de algunos partidos de la coalición como la Alianza Verde. Esta estrategia viene siendo efectiva, y por ello el hundimiento de la reforma laboral, y el entorpecimiento de las otras que no avanzan el camino de los debates.

Por su parte, los ataques a la vicepresidenta no son ajenos a la estrategia de minar el Gobierno de Petro. Las expresiones racistas focalizadas en Francia Márquez no sólo evidencian el histórico racismo de esta nación, sino la intencionalidad de deslegitimar por vía del odio racial la acción de la coequipera del presidente. La Universidad de los Andes registró que en época electoral la hoy funcionaria recibió 1.103 ataques discriminatorios debido a su color de piel. Absolutamente pertinente la comunicación suscrita por organizaciones internacionales que rechazan las crecientes expresiones racistas en contra de la vicepresidenta de Colombia.

Así las cosas, solamente la movilización popular y que el Gobierno se conecte con la realidad popular de la nación puede blindar democráticamente a Gustavo Petro frente a las pretensiones golpistas de la derecha.