Por: Melquiceded Blandón Mena

Durante la presente semana, el equipo de redacción del portal de opinión y análisis político DIÁSPORA, realizará diversas lecturas del estado de cosas y la investigación alrededor de la masacre de Llano verde en Cali.

Como bien es sabido por la opinión pública nacional, el pasado 11 de agosto cinco jóvenes afrodescendientes (Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas) salieron de sus casas en busca de una tarde de ocio en los cañaduzales colindantes a los alrededores del barrio Llano verde, donde es una práctica habitual elevar cometas, apropiarse de un trozo de caña para endulzar la existencia en un barrio donde reubicaron a población reinsertada de grupos armados y familias en condición de desplazamiento forzado confinadas en el oriente de Cali, todo un coctel de la exclusión que hábilmente agencian las élites caleñas.

Sin embargo, como una tragedia que se repite y se normaliza en diversas ciudades y campos de Colombia, sin mediar palabra estos cinco jóvenes entre los 14 – 16 años, fueron torturados y luego masacrados con tiros de gracia en un cañaduzal de la hacienda Las Flores. 

Hoy, casi tres meses después del trágico hecho, aún la justicia no tiene acciones concluyentes sobre este múltiple asesinato. Sólo se cuenta con algunos capturados y una serie de hechos desarticulados que mantiene impávidos a los forajidos, y perpetua el orden socio – urbano de las ciudades en Colombia, donde descansan cómodamente las condiciones de posibilidad en que emergen las masacres.   

Por tanto, y sin el ánimo de reemplazar el aparato jurisdiccional, queremos contribuir con algunas tesis críticas que ayuden a establecer los contextos, estrategias y las fuerzas en disputa que convergen en la configuración del orden criminal en el oriente de Cali, lo cual podrá extrapolarse a otras ciudades colombianas.

Primero, la zonificación en territorios periurbanos colindantes con haciendas cañeras de sectores excluidos o empobrecidos que por lo general han llegado a Cali en busca de inserción laboral o huyendo del interminable conflicto armado colombiano, generó una guerra no declarada entre hacendados, pobladores que pugnan por construir un hábitat y mafias que lotean invasiones para establecer cobros extorsivos, ventas ilegales de lotes y control del territorio.

Segundo, al control de la propiedad y de los cañaduzales que contratan los hacendados, ha configurado un modelo de aseguramiento gansteril y paramilitar del territorio, donde un puñado de pistoleros controlan el paso por linderos, definen quién se muere, quién se destierra, dónde y cómo se roba, quién paga y quién y cómo se vive en la zona.

Tercero, es un orden consolidado y legitimado por sectores poderosos de las élites vallunas, donde la connivencia institucional con el crimen es absoluta. Se crea un aparato de justicia criminal para el control del reasentamiento.

Cuarto, el orden criminal que agencia los territorios del Oriente de Cali, también responde a redes de invasores de predios y traficantes de armas. Tesis que trabaja la fiscalía para dar con los asesinos. Sin embargo, consideramos mucho más relevante develar las familias ligadas a los negocios de invasiones ilegales que crearon y se benefician del orden paramilitar.

Estaremos al tanto de los hallazgos de la fiscalía, pero sobre todo del contexto que se va develando, pues siguiendo a Dostoyevski, ‘’quien se miente y escucha sus propias mentiras llega a no distinguir ninguna verdad, ni en él, ni alrededor de él’’.