Se acaba el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Quienes le suceden, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero y José Manuel Restrepo Abondano, no sólo representan un gobierno de orientación ideológica contraria, sino un recorte de los horizontes del Estado, que hace temer el retorno de las peores iniciativas del fracasado neoliberalismo.

De entrada, el que en campaña no se haya conocido un programa de gobierno amplio que permita hacerse una mejor idea respecto de los pormenores de lo que será su gestión, constituye ya una primera señal preocupante. Más allá de los vociferantes anuncios en sus redes, la ausencia de un documento programático con metas, indicadores, cifras de impacto, plazos y fuentes de financiación dibuja una incertidumbre que resta seriedad a las denuncias de una supuesta “patria miseria” cuya corrección de rumbo en los próximos cuatro años llevaría, montados en el Arca de Noé, a la “patria milagro”.

No se trata de un formalismo ni de un asunto menor: presentar con solvencia un programa de gobierno evidencia la intencionalidad de concertar un contrato mínimo entre quien aspira a liderar el ejecutivo y quienes depositan su confianza al elegirlo, estableciendo un rasero que permita sopesar el cumplimiento o incumplimiento de lo prometido, una vez se convierta en plan de desarrollo.

Por eso han primado las declaraciones sueltas, el adelanto de gestiones internacionales antojadizas, las entrevistas dispersas, reuniones de equipo convertidas en inexistentes “consejos de ministros” apenas designados, además de videos y trinos efecticistas que dibujan un terreno de opinión movediza en el que las criticas suelen ser contestadas como malinterpretaciones o tergiversaciones malintencionadas.

Así, entre equívocos relacionados con la puja por controlar las directivas del congreso y la algazara por la ciudad y el sitio para posesionarse, preocupa que uno de los anuncios del electo conlleve el cierre de embajadas en Argelia, Etiopía, Ghana, Sudáfrica y Haití, además de Cuba y Nicaragua. Ese anuncio, que responde más a inclinaciones ideológicas, se hace sin que medie un análisis técnico serio ni una discusión con el Congreso, o con el cuerpo diplomático de carrera que actualmente es responsable de asuntos nacionales en dichas misiones, descuidando la importancia simbólica y efectiva de esas legaciones.

Tal anuncio, al tiempo que se intenciona reactivar relaciones con Israel y reabrir la embajada no en Telaviv sino en Jerusalén, contraviniendo recomendaciones gestadas en el contexto de Naciones Unidas, causa sorpresa y malestar; especialmente en lo atinente a las avanzadas en naciones africanas con las que el gobierno saliente ha procurado encuentros de doble vía y afianzamiento de la relación de cooperación y entendimiento Sur/Sur.

Quizá lo más grave de ese y otros anuncios es que, tras el rugido del tigre, se advierte que las decisiones de gobierno responderán a presiones coyunturales o a los intereses corporativos de quienes financiaron su campaña, incluida la declarada injerencia de los Estados Unidos en asuntos electorales colombianos. Por cierto, el país está advertido de que en ella se volaron los topes, no se ha rendido cuentas de cómo se la financió, y se han presentado denuncias de ilegalidades e irregularidades que implicarían la inusitada anulación de los comicios.

El empeño gubernamental implicaría un quiebre inaceptable en la formulación de políticas gremiales y de favorecimiento a clanes politiqueros, en contravía de lo propuesto ante las urnas; tal como puede advertirse con el nombramiento de personajes vinculados a partidos tradicionales como su prima Elsa Noguera de la Espriella y Mauricio Gómez Amin, aliados de la casa Char; el activista pro MAGA Omar Bula Escobar, el laureanista Miguel Gómez Martínez, o la muy polémica postura antiderechos representada en Viviane Morales, entre otros miembros de su “manada”.

Lo que sospecho será un manifiesto recorte civilista no proviene de tales nombres, sino de sus anuncios de mano dura y represión política, radicalización en posturas religiosas, afectación de condiciones laborales, achicamiento de la inversión social, y desmonte de reformas motivadas por un ajuste ideológico que, desde antes de posesionarse, muestra ser abiertamente deudor de favorecimientos a aliados de siempre, por parte de quienes prometían ser “los nunca”.

Lo que se recorta es el futuro. La vuelta a tecnologías, estrategias y doctrinas de control social, propias de regímenes que privilegian la obediencia sobre la deliberación y el respeto a los acumulados de derechos, marca un claro retroceso en la construcción de ciudadanías democráticas, sometidas a entuertos mediáticos y fantasmagorías populacheras como la supuesta “ideología de género”.

Con tales posturas se reinstalan viejas fórmulas de exclusión animadas por discursos que subordinan los derechos a la creencia dogmática, recortan la extensión de las libertades y anuncian imposiciones de corte neoliberal que constriñen y ponen en riesgo el reparto de bienestar ganado con el manejo económico progresista.

Si se concreta o no la clausura de la posibilidad de un pacto social incluyente, dependerá en buena medida de la acción legislativa y de la movilización ciudadana en las calles. Por ahora, quienes encarnan el proyecto de derecha, que tomará posesión el 7 de agosto en Cali en un sitio de espectáculos, están mandando señales que anuncian nuevos ciclos de estallidos y confrontaciones desinstitucionalizadoras, consecuencia de un gobierno que se muestra comprometido con el recorte de los horizontes del Estado.