La posesión presidencial nunca ha sido un asunto discutible en la política colombiana. No sólo porque todos y todas identificamos dónde queda la sede natural del Congreso, ante el que toma juramento, sino porque resulta apenas obvio que ese debería ser un evento de interés general cuyo costo resulta moderado.

Desde la investidura de George Washington como primer presidente de Estados Unidos, tres meses antes de la toma de la Bastilla en Francia, las repúblicas democráticas han establecido ese paso como un ejercicio de transición mandatoria y transferencia simbólica, pacífica e institucional del poder político.

Simón Bolívar solemnizó en Angostura su juramentación como primer ciudadano de la nación cuya independencia lideró. Desde entonces, esa entrega y transmisión constitucional simboliza la profundización del escenario patriótico en el que se asegura la unión y continuidad del Estado más allá de toda diferencia partidista.

La ceremonia de posesión ratifica ante el pueblo la ruptura con los regímenes monárquicos y absolutistas, estableciendo como principio de actuación pública que el poder no se hereda ni se impone; que sus prerrogativas se reciben en préstamo, y que por ello se jura, bajo la mirada vigilante del Congreso que representa al sujeto de la nación. Sin su certificación del juramento no se produce efecto jurídico alguno, a menos que medien circunstancias imposibilitantes contempladas, que requieran acuerdo en el traslado de la sede del Congreso, o posesión en condiciones excepcionales ante la Corte suprema o ante testigos.

Por eso el juramento, hecho sobre la Constitución, reza así: «Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia», como lo consagra el artículo 192 de La Carta, prestando este trámite en la sede oficial del órgano legislativo, que es el Capitolio Nacional. Por el volumen de invitados, por comodidad, y por la mayor apertura a la participación popular en este evento, se ha extendido su realización a la Plaza de Bolívar o a la Plaza de Armas del Palacio de Nariño.

Para el desarrollo del evento de posesión, el gobierno saliente licita y adjudica un operador logístico con responsabilidades de coordinar operativa y técnicamente el protocolo diplomático y demás requerimientos considerados por la Dirección de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. La Casa Militar, junto con las autoridades militares y de policía, asegura el lugar donde la ciudadanía, los congresistas, los dignatarios y demás asistentes acompañan al presidente entrante en el inicio de sus funciones.

La polémica que se ha presentado hoy, más que legal o de significación protocolaria es de profundo calado constitucional, al manifestar el electo que su posesión tendría lugar en una guarnición militar, además por fuera de la ciudad de Bogotá. Las complejidades logísticas que ello representa, considerando que en ese acontecimiento participaría un mínimo de dos mil personas, no son pocas ni despreciables, elevando sustancialmente los requerimientos financieros, inicialmente tasados en 6.000 millones de pesos asignados a Douglas Trade como operador logístico en el presente año.

Asuntos relacionados a invitaciones y publicaciones, transporte aéreo y terrestre, alojamiento sin condiciones hoteleras y de servicios adecuadas, montaje técnico y operativo, procedimientos y protocolos, logística y mobiliario, sonido y video, agua, bebidas y alimentación, vehículos y anillos de seguridad, esquemas de protección y asignación de fuerza pública disponible; todo ello en volúmenes monumentales, que se complejizan siendo el departamento del Cauca el lugar indicado por el electo, cuyas particularidades de orden público elevan mucho más los costos estimados.

Si logra ser autorizada por las dos cámaras del congreso, y sorteado el notorio incremento presupuestal que implicaría esa novedad logística, el asunto constitucional no es de poca monta. ¿Qué simboliza una toma de mando en una guarnición militar restringida para que sea posible la participación de la ciudadanía?

En la tradición republicana del país, cuyas elites sacan pecho al denominarla “la democracia más antigua”, el presidente de la república ha fortalecido la condición civilista y de irrestricto apego mandatoria como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, como se desprende de la vigencia constitucional y legal, al recibir del pueblo, a través del Congreso, la suprema investidura ejecutiva.

Ese evento no constituye, como ha querido interpretarlo el electo, un acto de apoyo y respaldo a la fuerza pública. En sí mismo, tampoco constituye una manifestación del enfoque de seguridad que ha ofertado en su pasada campaña y que podría ser el sello de su administración, pendiente incluso del avance de las denuncias presentadas promoviendo la invalidez de su elección.

Tal postura, no solo rompe con la manera como se ha desarrollado el acto solemne en la sede natural del Congreso, sino que minaría el carácter civil y constitucional del mismo al trasladarlo a un cuartel, porque diluye la frontera con el estamento castrense, cuya función está regulada para asegurar el territorio nacional, mantener el orden público, y proteger los derechos, libertades y bienes de la ciudadanía, mediante el uso y monopolio de las armas.

El poderío civil, entonces se impone al militar, como queda expresado en los desfiles del 20 de julio en los que la fuerza uniformada marcha ante la ciudadanía que los legitima. Así se desprende de la fórmula santandereana según la cual “las armas os han dado la independencia, y las leyes os darán la libertad”.

Sería desolador que se concrete el gesto de posesión civil bajo el respaldo de las armas como sustento de la legitimación presidencial, abandonando la lectura de la toma de juramento como promesa al pueblo, a cuyo mandato debe obedecer, paradójicamente obedeciendo al capricho del electo en lugar de afianzar y protocolarizar la solvencia de las instituciones.

La posesión presidencial no es un acto personal sino institucional y su esencia transmite solidez civil y constitucional. Difícil entender que quien hizo campaña como “Defensor de la patria” pretenda imponerle un cariz militar al orden republicano que le obliga.