Éramos niños cuando las imágenes en el televisor nos dibujaban a superhéroes fantásticos enfrentados a los más temibles operarios del espionaje, sembradores de caos y generadores de alertas y amenazas que permanentemente ponían en riesgo a ciudades, países o al mundo entero.

Exogalácticos o científicos locos, los contrincantes tenían características comunes en las tiras cómicas y programas de televisión: grandilocuentes, de apariencia extravagante, con ambición desmedida, permanentemente amenazando, apocalípticos, malévolos, ladrones o dotados de múltiples recursos. Todos, incluidas las pocas villanas, tenían sin embargo la enorme debilidad de no contar con aliados suficientes para llevar a término sus macabros propósitos, siempre bloqueados por la Liga de la Justicia o por justicieros supremamente creativos o con poderes sobrenaturales.

Poco a poco, los dibujos llevados a las pantallas de cine requirieron adversarios más vigorosos y potentes que hicieran posible su enfrentamiento por forzudos exmilitares, dispuestos a acabar hasta con el nido de la perra con su furor patriótico. Rambotizados, presenciamos millones de muertes multicolores, justificadas con tal de rescatar a la hermosa rubia, al prisionero de guerra o al científico conocedor de un secreto monumental para la humanidad.

Aleccionados con esas películas en que los contendores son enemigos absolutos, sujetos potencialmente violentos e influenciables aprendieron también a cortar cabezas, poner bombas en emboscadas, sembrar minas al pie de escuelas, torturar desmembrando órganos superiores o inferiores, cortar aparatos sexuales y asesinar a cientos, a condición de que los caídos pudiesen ser despojados de cualquier rasgo de humanidad, demonizados e imposibilitados de agencia, contra los cuales la violencia resulta legítima y heroica.

En Colombia, tal volumen de estímulos bélicos tuvo serias consecuencias en las prácticas de señalamiento, enfrentamiento y eliminación de personas que, so pretextos ideológicos, fueron convertidos sin más en opositores, contra los cuales resultaba válido aplicar el repertorio completo de inhumanidades con la que los defensores de la patria y de la democracia asolaron campos y ciudades.

Para estos, conformados en bloques y frentes, todo valía en una guerra sostenida para contener “la amenaza terrorista” en la que los paramilitares resultaron ser los héroes a quienes el establecimiento arropó con públicos reconocimientos e institucionales silencios frente a la devastación que provocaron por todo el país, en lo que luego fue identificado como una contrarreforma agraria a punta de armas.

Gobiernos afectos a esas prácticas las estimularon generando incluso experiencias demenciales caracterizadas por la desaparición y muerte de supuestos contendores dados de baja en operativos militares, sometidos a una grotesca falsedad, a cambio de beneficios como ascensos, descansos, pagos, privilegios y reconocimientos; a todas luces desproporcionados, ante la muerte de quienes convirtieron, irreparablemente, en positivos y bajas legítimas.

Quienes han reconocido sus exacciones lo afirman con total contundencia: no pensaban que provocasen dolor mientras, sin matiz alguno, sembraron los campos con cuerpos porque el otro, simplemente, no merece existir. El sufrimiento de los caídos y sus familias, borrado de todo relato oficial, se contaba en cifras de neutralizaciones y objetivos cumplidos.

Los adversarios de la televisión ya pasaron de moda, tanto como los bloques de poder que enfrentaban a capitalistas y comunistas por el control de los países. Ahora los adversarios son más fluidos, se los determina a escala colectiva o incluso individual, y conviven en la misma ciudad y con la misma gente que propone destriparlos. El trumpismo imperante, con el que esta estratagema viene creciendo, contando para ello con firmas tecnológicas segmentadoras, cuerpos policiales desregularizados e incluso con agentes institucionales que prohíjan y patrocinan sus injusticias, pretende imponer nuevas formas de perfilamiento, sospecha, señalamiento y sometimiento a la acción disuasora de la oposición, “por la razón o por la fuerza” según ha dicho el más reciente de sus aliados.

Hay que tomarse en serio expresiones como “demócrata de izquierda radical” y “terrorismo de la extrema izquierda” que han sido instaladas en el discurso cotidiano de los emisarios trumpistas perfilando con hostilidad a quien ose cuestionarles, cargando su narrativa con adjetivos y descalificaciones reiteradas: feas personas, narcoterroristas, bandidos, delincuentes, falsos, marrulleros, desadaptados a quienes es necesario enfrentar, derrotar y castigar.

Más allá de la consabida verborrea electorera, esas expresiones reflejan una estrategia discursiva que construye un imaginario confrontacional y belicista que carga el espacio público con la simbología de la guerra, mientras deshumaniza al opositor y naturaleza contra este toda la transgresión verbal, psicológica y potencial con la que se alimenta a la manada de seguidores reales y en las redes sociales.

Si, como todo parece indicar, se ha fraguado una componenda para manipular gobiernos y derrotar tecnológicamente a las izquierdas que se presentan a elecciones, contando con actores trasnacionales, la naturalización de la narrativa violencia contra los opositores no resulta para nada propia del calentamiento verbal electorero. Todo lo contrario, constituye una herramienta trascendental para instalar un orden autoritario en el que la persecución política no se circunscribe al ámbito nacional sino que constituye un instrumento de gobernanza que cuenta con el beneplácito y cooperación de agencias transnacionales.

Así por ejemplo, la instrumentalización de la lista OFAC, la persecución migratoria, la denegación de asilo, el bloqueo de activos, el asecho con pleitos jurídicos dentro y fuera del país, se suman a las estrategias de disciplinamiento que pretenden instaurar instancias políticamente alineadas como el rimbombante Escudo de las Américas.

Los anuncios y prácticas de judicialización selectiva, estigmatización mediática, presión institucional y coordinación sancionatoria ocurren como un conjunto de prácticas persecutorias legitimadas contra quienes resultan incómodos en la consolidación de un orden autoritario que trasciende las fronteras nacionales en que las expresiones progresistas seguirán siendo fácilmente tildadas de terroristas; es decir, constituyen los nuevos enemigos contra los que toda forma de represión resulta plausible.