Pasadas las elecciones, el país todavía no se repone del cúmulo de dudas, suspicacias, denuncias y resquemores que han generado las exposiciones de nuestra precariedad institucional, en un proceso político revestido de riguroso tecnicismo. Tras la aparente victoria de la derecha, el progresismo gobernante cedió a la presión por reconocer al ganador, sin que por ello haya desestimado el emprendimiento de acciones judiciales que pretenden la inusitada anulación del certamen sufragista presidencial. Sin embargo, lo que está en juego es la existencia misma del Estado Social y Democrático de Derecho, amenazado por múltiples formas de irrespeto a la voluntad popular manifestada en las urnas.

De entrada, dejo en claro que no se cuenta en el momento, al menos a la luz pública, con la suficiencia probatoria que nos permita, como opinadores, afirmar categóricamente la consumación o no de un fraude contra el elector. No obstante, tras diferentes consultas a expertos en la tecnología electoral que usa Colombia, diligente observación de las acusaciones y justificaciones de la acción de nulidad presentada, y rastreo de información electoral provista por testigos y comentaristas, se hace evidente que subsisten serias dudas que deberían ser objeto de meticulosa averiguación e indagatoria por parte de las autoridades.

Para empezar, esta acción de nulidad constituye un procedimiento especial presentado ante el Consejo de Estado como responsable de los asuntos administrativos de la nación, buscando impugnar la elección de quien fue proclamado Presidente de la República, por causales de incumplimiento, irregularidad, ilicitud o vicio en lo escrutado.

En el caso de las elecciones de este 2026, la sutileza tecnológica con la que se habría adelantado el proceso de trastocamiento en el baloteo pareciera de ser tan fina que, de existir, resulta bastante improbable que las autoridades puedan siquiera detectarlo, sin acudir a elaborados procesos de reconstrucción en la arquitectura de datos que soporta el código fuente del software electoral, cuya propiedad es de la nación pero resulta controlado por un agente empresarial fuertemente cuestionado, al que se suman otros proveedores con infraestructuras distintas que, sin embargo,  operan de manera tal que no se logra reducir el riesgo de manipulación intencionada.

En esta ocasión, si bien la Registraduría permitió que se adelantaran auditorías externas, se reservó el sellamiento del código fuente y la trazabilidad de su custodia, sin acceso abierto para su inspección, lo que impide detectar las discrepancias y fisuras en el eslabonamiento de los datos escrutables.

Las auditorías que hayan de realizarse, de manera que el país tenga certeza sobre la fiabilidad en el complejo ecosistema de contratos, proveedores, programas y sistemas, más allá de las declaratorias de principios, enunciaciones injuriosas y cuestionamientos, requieren rigor y demostrabilidad, de manera que puedan vencerse técnica y competentemente las insinuaciones o inventos sobre el fraude. Hoy el país no cuenta con pruebas sobre la integridad en la ejecución o producción del proceso electoral que informe si resultan totalmente idénticos y fiables la copia del código que se preserva en la Procuraduría frene a la que opera un tercero a nombre de la Registraduría el día de las elecciones.

Sin embargo, ello no resulta posible si permanece el secretismo en el manejo y arquitectura de los mismos, de manera que puedan reconocerse las capas del sistema que resultan comprometidas en el proceso de conteo, registro en actas físicas, fidelidad en la transmisión, preconteo técnico digital, agrupación y solidificación de datos, cadena de custodia y trazabilidad durante el trámite electoral. Si el descongelamiento del sistema ocurre sin posibilidad de auditaje oportuno, en pleno proceso electoral, no puede asegurarse la coincidencia de datos, como tampoco la inexistencia de alteraciones reales.

Bien sea por grave manipulación o por irregularidades intencionadas, las inconsistencias durante el proceso de votación, conteo, digitación, transmisión, consolidación y publicación del escrutinio deben investigarse pues, de haber ocurrido como se denuncia, por ejemplo, en las mesas en el exterior, se habría resquebrajado el orden constitucional y la prestancia institucional con la que debe actuar la Registraduría Nacional y todos los agentes partícipes en las justas. Sin que se atienda a la totalidad de las evidencias empíricas concretas que demuestren la solvencia del proceso que va de la urna hasta el escrutinio las sospechas subsisten, tanto como la necesidad de aceptar los resultados, pensando en la estabilidad institucional en la transmisión del mando ejecutivo.

No obstante, asuntos de grueso calado persisten y generan marcadas desconfianzas en toro a la soberanía decisional del elector: Amen de las irregularidades en el escrutinio, un juramento exorbitante que surge de la nacionalidad estadounidense del presidente electo, no parece un asunto menor si se considera su aquiescencia con el actual gobierno de ese país, al cual ayudó a elegir con su voto y con el cual ha manifestado plena complacencia y disposición.

Siguiendo el hilo, el ataque a la soberanía nacional cuenta con una pública y manifiesta declaración de intervención por parte de actores extranjeros durante la campaña, sin que las autoridades correspondientes hayan bloqueado de inmediato tal injerencia. Resulta igualmente preocupante que la Registraduría, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral hayan permitido tal intromisión sin adelantar con oportunidad las debidas actuaciones que les competen, restando a las garantías con las que la ciudadanía debe asistir al certamen institucional.

Aunque en la historia del país jamás se han declarado nulas las elecciones presidenciales, lo que hace suponer que las actuales actuaciones de competencia administrativa no prosperarán, debemos preguntarnos por qué, si las pruebas resultan sólidas y suficientes para identificar los graves delitos que pudieran haberse cometido, debería ser diferente la aplicación del mecanismo de anulación en el caso de quien regirá el ejecutivo nacional, siendo que ese instrumento ya se ha usado en casos subnacionales.

Como colombianas y colombianos merecemos plena solvencia en el trámite electoral, sea cual fuere, desde la elección del personero en una institución educativa hasta la justa presidencial del país. Por ello, en esta ocasión se reclama a las autoridades competentes que operen con seriedad. La persistente sospecha de fraude tecnológico y de sutiles estrategias para trampear el baloteo no son nuevas. De hecho, desde el 2018 la Registraduría ha evitado aplicar con total radicalidad la orden impartida por el Consejo de Estado para corregir estructuralmente las notorias fallas, inconsistencias e irregularidades del software de escrutinio, sin depender de un proveedor privado externo al que no resultan aplicables controles públicos sobre la cadena de subsistemas que componen el proceso electoral.

Como recomiendan los expertos consultados, el país electoral requiere un protocolo de verificación criptográfica que permita la trazabilidad de cada transformación del dato en toda su cadena, es decir de extremo a extremo. Este no es solo un asunto técnico sino de grueso calado institucional pues, finalmente, de ello depende quien sea proclamado, con validez técnica, legitimidad política y rigurosa legalidad, Presidente.