El futuro del país se define este domingo. Como se ha mencionado, no se trata de cambiar un presidente sino de definir el rumbo ético de una nación, que ha sostenido una fuerte tensión contra las mafias enquistadas en todos los ámbitos en los que el poder político se manifiesta.

Es indiscutible el inusitado crecimiento electoral de una figura advenediza, sin trayectoria pública ni reconocimiento popular, que ha protagonizado en poco tiempo una notoria campaña en la que logró personificar buena parte de los intereses de la derecha colombiana. Abelardo de la Espriella, un polémico abogado defensor de narcotraficantes, paramilitares y criminales asociados a los más tenebrosos fenómenos de violencia y sonados escándalos que ha padecido el país, aspira a hacerse al control del órgano ejecutivo en los próximos cuatro años.

Del otro lado, los sectores progresistas llegan Iván Cepeda, un filósofo y magíster en Derecho Internacional Humanitario. Cofundador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, ha dedicado los últimos quince años a una notoria carrera legislativa y política en la que destaca su activa participación en la procura de la paz y el establecimiento de acuerdos con actores armados, así como su intensa acción judicial que le ha enfrentado al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

A izquierda y derecha el escenario de la segunda ha dejado sinsabores que ahondan las inquietudes por lo que pueda ocurrir, finalizado el certamen, considerando la persistente sensación de desconfianza con el desempeño de la Registraduría. Si bien en la primera vuelta no se evidenció una significativa distorsión en los resultados, las alarmas siguen encendidas a pocos días de definir al nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

Más allá del proceso, la contienda en ciernes genera preocupaciones que pasaron de ser delicadas a muy graves: las múltiples nacionalidades del candidato de la Espriella, los precedentes comprometedores con el paramilitarismo y la megacorrupción, la práctica profesional asociada a la delincuencia “de cuello blanco” y mafiosa, el fraude en la presentación de firmas con las que fue avalada su aspiración presidencial, la relativización de delitos atroces como el abuso sexual y la violencia contra menores, formas de misoginia y sexotización de las mujeres, la abierta promoción de discursos de odio que estimulan la violencia política, evidencia un marcado perfil que le asocia a la connivencia con la ilegalidad. Una reputación que trasciende el ámbito de lo personal y podría reflejar un claro compromiso con el desvertebramiento ético de la nación.

Como si lo anterior fuera poco, resulta preocupante el retroceso en derechos y garantías fundamentales asociadas a la prestación de los servicios que el estado presta, como el de la educación que voceros de su campaña indican que se buscará privatizar, además de políticas fiscalmente inviables como su propuesta de créditos al 2%, la reducción del 40% del tamaño del estado que afectaría programas sociales, o la disminución de impuestos que podrían agravar el déficit. En igual sentido, inquieta el anuncio de propuestas institucionales regresivas que implicarían la desincorporación del país en el sistema de Naciones Unidas y la salida de la Corte Penal Internacional, exponiéndonos a graves sanciones por violaciones de lo pactado.

El escenario de cierre para el proceso electoral este domingo es de alerta. Lo que está en juego podría implicar una seria constricción de derechos y libertades, si es que la victoria correspondiera a un candidato que busca exacerbar la guerra, que se solaza con la implementación de medidas coercitivas e inconstitucionales, que se «saborea de pensar en ponerles el pie en el cuello» a la gente, que promueve como su opinión la pena de muerte, que legalizaría el porte indiscriminado de armas, y que defiende en su programa la cadena perpetua, el encarcelamiento brutal, los regímenes de excepción y la implementación de medidas represivas, como expresión del “zarpazo del tigre”.

Lo digo sin ninguna ambigüedad: un gobierno de Abelardo de la Espriella no sólo es inconveniente para el país. Resultaría peligroso, demencial e institucionalmente nefasto, cuya propuesta de seguridad a ultranza puede significar la reparamilitarización, la desinstitucionalización del país y la deriva hacia el acrecentamiento de la crisis social por salidas personalistas y autoritarias sostenidas sobre un modelo de mano dura, que promete cárceles construidas 15 metros bajo tierra, el desmonte de la JEP, el desmantelamiento del estado, y exabruptos similares.

Una sociedad militarizada, con fuerte acento teocéntrico, en la que pululan las armas en manos civiles, operando con lógicas persecutorias de la oposición convertida en “enemigos” a los que hay que “destripar”, altamente voluntarista y sin mayor apego a lo instituido que se insiste en defender, amplifica la potencialidad de establecer controles políticos y sociales impositivos, de la mano de actores con muy bajo compromiso con lo instituido, tal como todavía se refleja en la herida abierta por los falsos positivos.

Invito a sus seguidores a reconsiderar el apoyo manifestado hasta ahora por esa candidatura; así como recomiendo a las y los indecisos a no votar por quien representa la erosión de las reglas colectivas y la convivencia social.

Mi voto, decididamente, será para Iván Cepeda, justamente porque representa todo lo contrario a lo dicho de su contendor; además de proponer un programa de gobierno serio, posible y firme en la continuidad de las mejores ejecutorias del gobierno saliente.