17 de mayo de 2022

Por: John Jairo Blandón Mena

La semana pasada ocurrió en Antioquia un hecho absolutamente trágico y repudiable. Que por la coyuntura política electoral que vive el país, o quizás, porque ya estamos acostumbrados a que cada barbarie diaria supera a la anterior, no tuvo la relevancia y trascendencia que ameritaba. Bryan Sierra Peña, un menor de 19 meses, quien era víctima de violencia física, desnutrición y hasta agresión sexual fue trasladado por funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la red hospitalaria de Medellín, donde llegó sin signos vitales, fue reanimado e internado en la UCI, en la que murió por la gravedad de las lesiones.

En este ámbito es gravísima la situación en Colombia. El cuatrienio de 2017 a 2021 ha sido uno de los más violentos para los niños y niñas del país, 2.487 menores perdieron su vida violentamente en este periodo. Indicadores nefastos que posicionaron al país del Sagrado Corazón como el cuarto del mundo donde se asesinan más niños y niñas de acuerdo a datos de la ONG Save the Children.

Y el 2022 continua siendo nefasto. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tan solo en los tres primeros meses del año han sido asesinados 163 niños y niñas en Colombia. Una completa barbarie, un sistemático infanticidio que contraria totalmente los postulados del Gobierno, que mediante el ICBF cacarea permanentemente que “la niñez está en el centro de su gestión”.

Y es que no pueden estar en el centro los niños y niñas, en un Gobierno que no ha reconocido las violencias sistemáticas que ellos y ellas padecen. Al que parece no inmutarle la tasa de infanticidios y las violencias sexuales de toda índole que tan sólo entre enero y marzo de este año registraron 2.061 casos.

El panorama es espantoso. Y las burocratizadas entidades a cargo de garantizar los derechos de los menores ni siquiera reconocen la gravedad de la situación. El ICBF y la inútil Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia brillan por su completa ausencia cuando se presentan las violencias en contra de los niños y niñas. Su rol se ha convertido en el de lanzar estrategias y programas rimbombantes para todo, que se quedan en ejecución de acciones y en la justificación de la inversión del presupuesto, que a juzgar por los indicadores que aquí presento, no impactan las condiciones reales de la niñez en Colombia.

Y volviendo a la trágica muerte con la que empecé. La directora del ICBF en Antioquia, funcionaria con alta calificación en esa entidad porque cumplió con los lineamientos de contratación y con el desarrollo de las iniciativas institucionales, no pudo evitar manifestar su inmenso dolor con la muerte de Bryan. Ese dolor se tradujo en su inmediata renuncia al cargo que ostentaba. Manifestó a los medios tras su dimisión “Lloré mucho y reconozco que me afectó tanto que me venció. Tanto maltrato en un cuerpo tan pequeño no se soporta y no lo pensé dos veces para renunciar”.

Esta renuncia de Selma Patricia Roldán fue presentada como un simple hecho mediático consecuencia del dolor de la funcionaria. Sin embargo, lo que subyace a esta situación, es la aceptación de la incapacidad de la institucionalidad de cumplir con su cometido constitucional de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La nación debe reflexionar sobre una profunda reforma al ICBF, una entidad que con un presupuesto cercano a los siete billones de pesos ha sido un fracaso en la protección de los derechos de los menores.

Por eso, yo aplaudo la dignidad de la doctora Selma Patricia Roldán. Y en su caso, #YoTambiénRenunciaría.