15 de julio de 2021
Por: Arleison Arcos Rivas
¿Quién habría imaginado la apertura de las puertas del infierno tras el inocente acto de reclamar el apoyo y agitación de Álvaro Uribe Vélez en las filas del liberalismo en 1997, cuando al paisa le conminaron a apoyar al candidato de su partido? ¿Quién habría calculado el grave error de no haberle ungido como candidato y jefe único del Partido Liberal en 2001? Veinte años después, vemos que tal convocatoria no resultó para nada convencional y que la disidencia del hoy expresidente y su combo no sólo implicaría el desajuste total de los partidos viejos y nuevos sino, además, la instalación de un entramado político – mercantil construido entre frecuentes señalamientos de ilegalidad, sentencias y extradiciones, desnaturalización de las instituciones y privatización del Estado.
Uribe y el uribato son lo mismo: el uno crece por el otro. Su eterna defensa del orden y la seguridad, han convertido a Uribe en un sujeto mucho más que polémico, tuitero encendido y frecuente invitado a espacios informativos, evidenciando ser una autoridad a la que obedecen miles y le apoyan millones, cuya decisión electoral ha sido puesta, hasta ahora, a lo que disponga y diga.
Desde su desafiliación del Partido Liberal, la creación del movimiento Primero Colombia, la gestación del partido de la U y su posterior rechazo al mismo para crear el Centro Democrático, dan cuenta del carácter caudillista y ególatra del antioqueño que ha construido sobre su apellido y su presencia un extendido emporio empresarial y político de dudosa legalidad, asociado a la tenencia de la tierra, la ganadería y la diversificación en diferentes sectores corporativos en los que participan sus hijos, su esposa y un significativo número de familiares, además de sus aliados, muchos de los cuales tienen casos abiertos, han sido condenados e incluso extraditados.
En un largo acumulado, desde los tiempos de joven funcionario con creciente estela e influencia, inicialmente a la sombra de Mario Uribe, su primo y político de oficio, y luego por sus propios enlaces, contactos y personalidad autoritaria, el caballista del Ubérrimo ha sido denunciado en centenares de casos, con señalamientos de participación y notorias sindicaciones e indiciamientos sustanciados en sus diferentes facetas como Alcalde, Gobernador y Presidente.
El diversificado portafolio de mujeres y hombres opinadores, funcionarios, finqueros, políticos, terratenientes, ganaderos, banqueros, comerciantes, industriales, gamonales y cacaos de uno y otro clan que, burlados en su buena fe o plenamente conscientes, se cubren con la bandera del entramado mercantil, criminal, desinstitucionalizador y demencial que ondea con su efigie, constituye un régimen que dicta órdenes, toma decisiones y se afirma en actitudes, valores y posturas que refuerzan la imagen del expresidente antioqueño como dueño, señor y única voz entre sus fieles. Aunque él no ha sido condenado y sólo fue privado de la libertad temporalmente, el reclamo de verle en la cárcel o ante la Corte Penal Internacional no decrece y, por lo contrario, aumenta.
Si tan sólo fuera por constituir un liderazgo absolutista, aguantaríamos que levanten a su nombre una estatua que, seguramente, sería derribada de igual manera como están cayendo las de totalitaristas, bribones y dictadorzuelos por todo el mundo. Sin embargo, el acumulado delincuencial denunciado en cabeza propia y en el de testaferros, auxiliadores, cooperantes, perpetradores y seguidores de lealtad extendida más allá de toda prueba y todo sacrificio, evidencia el alto nivel de peligrosidad que ha representado el uribato como proyecto político de larga duración.
Incontables procesos relacionados con apropiación de tierras, creación de grupos paramilitares, exportación de narcóticos, abuso de poder, chuzadas y perfilamiento de opositores, comisión de ejecuciones extrajudiciales y masacres, entre otros asuntos, registran el entramado de un juego relacional en el que las dinámicas de influencia política y económica articuladas por el uribato inciden con intensidad en la imagen de la nación, la constitución de la sociedad, la orientación de la economía y el control de las instituciones públicas, sobre las que se materializa la plataforma de un partido político movilizado por intereses clientelares y corporativos.
Aunque Álvaro Uribe goza de libertad procesal, es un prisionero de los estrados judiciales en los que personalmente y con su séquito de abogados se mantiene de caso en caso y de indagatoria en indagatoria, en una exasperante prolongación de la impunidad sobre cuestiones que le han servido para declararse eternamente perseguido; mientras las víctimas reclaman incesantemente la justicia que no llega. El entorno mafioso a su alrededor es tan profuso que incluso se han levantado mapas genealógicos que dan cuenta de la extensión familiar de sindicaciones, muertes, condenas y extradiciones que dan forma al andamiaje delincuencial del uribato.
De tanto en tanto, los medios y redes ventilan fotografías, grabaciones y audios de procesos judiciales en los que el líder y sus seguidores son registrados insinuando, gestionando o dando ocasión para el juzgamiento de actuaciones ilegales, contactos cuestionados y reiteración de comportamientos tipificados por los que ministros, políticos, abogados, funcionarios, testigos y otros actores han sido asesinados, han ido a la cárcel o se encuentran incursos en procesos judiciales en los distintos estrados judiciales.
Si bien el Uribato no ha articulado un pensamiento político propio y se confecciona con una ecléctica selección de nociones y posiciones acotadas en frases que pretenden ser populares y masificadas, su líder suele agitar los medios con categorías y curiosas conceptualizaciones que rápidamente son adoptadas por sus seguidores sin mayor discusión. Desde el “mano firme, corazón grande” adoptado como lema del Centro Democrático, hasta la “revolución molecular disipada” con la que tergiversa las ideas de Guattari, el uribato y su líder se expresan en frases afincadas sobre el sentimiento patriótico, el reclamo de seguridad, el apoyo a las fuerzas armadas, la defensa del porte de armas, la cooperación ciudadana con las autoridades, construidas al calor de los ataques a opositores, la vinculación de la fuerza pública en la comisión de actos contrarios al honor militar, la articulación de cuestionadas y malévolas estructuras de vigilancia y seguridad en campos y ciudades y la defensa de quienes se han hecho a miles de hectáreas de tierras obtenidas con presencia paramilitar y defendidas como supuestos tenedores de buena fe.
Sintiéndose traicionado por quien fuera su ministro y estimulado por un fuerte apoyo popular a la exigencia de seguridad y orden, Uribe y el uribato se lanzaron a hacer trizas la paz. Su insistencia en el cuestionamiento a los acuerdos con las FARC, la radicalización del fuero militar y el impulso incesante a la derogatoria de la Jurisdicción Especial de Paz, han animado buena parte de las iniciativas legislativas presentadas por representantes y senadores centrodemocráticos e incluso por el actual mandatario; las cuales han resultado frustradas e impopulares, pese a su influencia notoria en el control de distintos órganos del poder, al intercambio de favores en asociaciones público – privadas y en la captura presupuestal para la coalición mayoritaria y las disidencias de los partidos autoproclamados como independientes.
Veinte años después, parece hora de bloquear en el proceso decisional electoral la estela nefasta que ha instalado al uribato como un régimen de larga duración, que pretende perdurar, en el país. Por fortuna, hoy, parece posible.
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