14 de marzo de 2024

Por: Arleison Arcos Rivas

El Pacto Histórico está hoy ante la pregunta por si puede perdurar más allá del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez consolidando un proyecto perdurable de izquierda gobernante. Afirmarse como colectividad alternativa, logrando armonizar las distintas fuerzas a su interior, será una tarea titánica que debe superar el entusiasmo inicial por haber alcanzado la presidencia, siendo golpeado a los pocos meses con el precario avance electoral en las elecciones locales y regionales, justamente por los desacuerdos cófrades.

El Presidente, líder de la Colombia Humana, ha manifestado la urgencia de que el funcionariado sepa qué hacer y lo haga con diligencia, sin excusas dilatorias ni trancones burocráticos que imposibiliten el avance en la ejecución de políticas para cumplir con las expectativas expresadas en la decisión de darle a la izquierda la oportunidad de gobernar.

Por su parte la vicepresidenta, impulsora de Soy Porque Somos,  ha sido honesta y contundente en manifestar que en cuatro años no se alcanza a mover la maquinaria estatal para que se sostenga el ritmo de las reformas y se despliegue la totalidad de las estrategias encaminadas a combatir desigualdades enquistadas por siglos, que siguen jugando en contra de buena parte de la población y de amplios territorios de la nación.

Ambos, dejan constancia del desespero con esa fracción del funcionariado que descontrola las operaciones estatales, desequilibra el interjuego entre dependencias, desfigura la atención a los problemas ya diagnosticados, dificulta el circuito decisional y aminora la intensidad con la que se espera asumir las responsabilidades gubernamentales y calibrar las transformaciones que dependen del nivel más alto en el gerenciamiento público. Impaciencia que diferentes colectivos y opinadores extienden igualmente a partidos y movimientos articuladores del Pacto, en el que determinados representantes parecen más interesados en figuraciones personalistas que en provocar confluencias performativas e incidentes. Algunos tienen un brillo opaco, casi invisible.

Sumado a ello, ha crecido la incomodidad con la vetusta oposición que disolvió una coalición en la que las reformas deberían haber concentrado el debate y la discusión respecto de un país más allá de las toldas politiqueras. Las talanqueras levantadas resultan tan odiosas que, contra el querer normativo, las propuestas defendidas por el actual gobierno ni siquiera son discutidas en las sesiones parlamentarias, retardando hasta el límite de las legislaturas la oportunidad para concretarlas por la vía institucional.

Ante semejante bloqueo, a mi juicio abiertamente inconstitucional, el gobierno fija sus puntales al vincular a figuras fuertemente involucradas en la continuidad del proyecto político que puede articularse a su llamado de concretar un solo partido. Los nombramientos de Cielo Rusinque, Alexander López, Gustavo Bolívar, Carlos Carrillo y los precedentes de Ricardo Bonilla, José Daniel Rojas y Jaime Dussan, marcan el rumbo que eleva las capacidades de gobernar en asuntos sensibles que producen acumulados estratégicos para tal fin.

A este bloque que eleva la experticia gubernativa de los movimientos articulados en el Pacto Histórico, se suma el conjunto de mujeres y hombres parlamentarios, funcionarios de nivel alto y medio, asesores, embajadores y ministros [algunos, destacadas figuras provenientes de partidos aliados], directores de organismos descentralizados e institutos, cuyo trabajo es conocer el Estado por dentro, la hondura de las problemáticas acumuladas, la dimensión e incidencia de sus acciones, sus grandes cifras presupuestales, sus ritmos, estancamientos, contradicciones y potencialidades.

No se trata, entonces, de agigantar familias clientelares, ni de establecer nichos contractuales, ni de alimentar carteles mercantilistas y clanes burocráticos. Se trata de superar la idealización de la política para encarar su operacionalización, contando con activistas y líderes oficiosos, tanto con profesionales de peso, situados en enclaves decisionales de singular importancia para asegurar la marcha funcional estratégica al frente de organismos públicos y dependencias estatales que concretan el Plan Nacional de Desarrollo.

Un proyecto que nunca había gobernado en tal tamaño, apenas empieza a reconocer en el terreno de la ejecución política la profundidad de la fractura social y el diseño intencionalmente desigual que fueron configurando quienes se adueñaron de las instituciones, domeñaron el erario y acapararon los cargos investidos de autoridad durante siglos, controlando el escenario del desarrollo económico y territorial a su acomodo.

Si bien estos no son años de aprendizaje, ni se llega a tales cargos como avezado activista pero técnico párvulo, entender y diferenciar las causas de los síntomas,  enfrentar la desilusión creciente por la desatención estatal a la extensión y garantía de derechos, trastocar el malestar con la representación política incapaz de interpretar el querer popular, y generar políticas que aseguren cambios estratégicos y transformaciones concretas en la vida de la gente en campos, poblados y ciudades, no ha resultado fácil en lo que va de este gobierno.

Tanto en las voces del Presidente, como en las declaraciones de la Vicepresidenta y Ministra, se pone de presente que alcanzar tales magistraturas no representa de suyo un control total de la burocracia estatal, ni la desarticulación de las fuerzas sociales, políticas y económicas más retardatarias, ni la confección de condiciones ejecutivas para caminar a un paso que no rompa el vestido de la institucionalidad.  

Aprender a gobernar, no para perpetuar la arquitectura social desfavorecida que hemos tenido, sino para intervenir la consolidación del futuro posible y sostenible que encamine al país hacia una trayectoria con porvenir, requiere sostenerse en la disputa de poder que se refleja en la contienda por el control ejecutivo, responsable de la decisión e implantación de las políticas.  

Si, bajo las claves de la perpetuación del capital, respetando las reglas del procedimiento democrático, no resulta posible socavar y anular el peso del decisionismo financiero y corporativo, lo que lleva este gobierno alternativo deja entrever su potencialidad y marcada intencionalidad de convertirse en el fiel de balanza que ponga coto al salvajismo necropolítico que se instaló con la voracidad financiera y los macabros desafueros violentos animados por el efecticismo rentabilista; abriendo al país a consideraciones éticas en el actuar de sus funcionarios, tanto como a la consideración del peso de las responsabilidades planetarias en la toma de decisiones sobre el futuro.

En tal acuerdo, restructurar el gobierno es necesario, incluso corriendo el riesgo de ser cuestionado por la asunción de posturas organicistas, si con ello se impulsa la centralidad de la vida y el relevamiento de lo humano en la acción gubernamental, tal como quedó consignado en la ley del plan, dando impulso a una economía para el Buen Vivir, que combata las desproporciones e insolidaridades, y ponga piso firme a la edificación del Vivir Sabroso.

Por ello, si lo que se pretende es aprender de los fracasos de los gobiernos precedentes que, ni política ni administrativa ni económicamente trazaron la ruta del bienestar humano extendido y garantista, ocupados como estuvieron en asegurar el eficientismo de los negocios más que la satisfacción de los derechos,  resulta urgente andar por el camino de la articulación de las alternativas políticas que garanticen el triunfo presidencial y el control del legislativo en el 2026, avanzando en la agitación y agrupamiento de fuerzas locales y regionales que fortalezcan las opciones victoriosas en municipios y departamentos.

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Una nota anterior en https://diaspora.com.co/una-izquierda-que-aprenda-a-gobernar/, registra otras consideraciones respecto de este mismo asunto.