Por: Arleison Arcos Rivas

Un grito permanente se escucha por todas las calles del país durante estos días: ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! El sujeto de tal sindicación es el cuerpo de Policía Nacional de Colombia, cuyo accionar histórico durante las movilizaciones de protesta ha resultado lamentable; mucho más en la actual coyuntura nacional, en la que al ESMAD se lo acusa de instigar y promover acciones abiertamente criminales. Con las cifras del CINEP, Indepaz y Temblores se advierte que en los pasados 20 años, a ese escuadrón se le adjudicaban entre 34 y 43 asesinatos o “ejecuciones extrajudiciales”, dependiento del tipo judicial detallado; cifra significativamente elevada con sus extralimitaciones en lo que va de 2021.

En un país en el que sobran las balas y el bolillo, resulta precario el diálogo y la justicia. Así se aprecia en la actual coyuntura de Paro Nacional en la que, ante el descontento masivo y contra toda expectativa democrática, las respuestas institucionales se exceden en sobradas evidencias de fuerza que registran la visible y descarada operación de efectivos policiales realizando acciones marcadamente delincuenciales y criminales junto a actores paramilitares y parapoliciales sin identificar. La suma de registros gráficos, audiovisuales y transmisiones en vivo no deja lugar a dudas respecto de la desinstitucionalización que carcome raíz, tallo, ramas y frutos del manzano policial; especialmente en la actividad del ESMAD.

Tan sólo en los eventos escenificados entre el 28 de abril y lo que va de mayo del 2021, se confirman más de 50 asesinatos, 14 de estos afrodescendientes, 379 desapariciones, 22 actos de violencia sexual, al menos uno de ellos detonante del suicidio de una niña de 17 años; 530 heridos entre los cuales destacan 51 por arma de fuego y 30 de estos por lesiones oculares, que se suman al acumulado de abusos de autoridad, excesos de poder y multiplicación de vejámenes denunciados en diferentes momentos por organismos de derechos humanos, que también registran agresiones a sus defensores y a la misión médica.

Si bien todos estos actos deben ser esclarecidos y algunos seguramente no hayan sido perpetrados por uniformados de la fuerza pública ni hayan ocurrido en ejercicio de funciones de seguridad, sí resultan consistentes con el Informe “Bolillo, Dios y Patria”, disponible en temblores.org, en cuyo seguimiento se registra la manera como la violencia policial se ha instalado como política de estado, caracterizada por la comisión de actuaciones homicidas, masacres, hechos de violencia, desapariciones, detenciones arbitrarias, agresiones sexuales y daños a terceros, con precaria responsabilidad en el trámite penal ordinario y en el sistema excepcional de justicia penal militar y policial para actos ocurridos en la prestación del servicio.

Así, entre otros datos registrados en el informe, sobresalen las 39.613 personas lesionadas, 289 personas asesinadas y 102 hechos de violencia sexual que constituyen una lacónica evidencia de que los actos denunciados no corresponden a hechos aislados ni son perpetrados por “manzanas podridas” o individuos justicieros disfrazados de policías.  Otros informes destacan incluso el subregistro informativo de los actos cometidos por accionantes uniformados durante el servicio o adjudicables al servicio prestado por la fuerza pública. Aun así, Temblores, informa de 25.897 investigaciones disciplinarias por parte de la Policía Nacional en el periodo comprendido entre 2017 y 2019, archivando el 77% de los casos, declarando la absolución en el 22%, lo que arroja un pírrico restante de un 1% de actuaciones disciplinarias efectivas; con similares proporciones en la Procuraduría.

Con semejantes cifras, la reforma de la Policía Nacional y el desmonte y recomposición del ESMAD no dan más espera. Desde su creación, en 1999, ese escuadrón y sus integrantes han sido permanentemente señalados de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, proceder con fuerza injustificada o exceso de autoridad y comisión de actos de violencia sexual contra mujeres especialmente jóvenes, 12 en medio del paro. En su operación, resulta patente que dicho cuerpo opera sin estricto apego a las regulaciones y con serias dificultades para individualizar y responsabilizar a quienes a su interior vulneran derechos, ocasionan actos de tortura, provocan desapariciones y afrentas a la integridad personal o ejecuciones extrajudiciales; pese a que contra toda evidencia disponible, el General Vargas, actual Director General de la Policía Nacional defienda que ese cuerpo “profesional”, actúa “con estricto apego a la ley”.

Si se observa el perfil requerido para pertenecer al ESMAD, su selección considera no sólo exigentes cualidades físicas y de autodisciplina, sino capacidad creativa, habilidades cognitivas para la retención de información, el planeamiento y la toma de decisiones, liderazgo y trabajo en equipo, manejo de relaciones interpersonales, motivación y adaptación para enfrentarse de manera exitosa a situaciones de riesgo, estrés e incertidumbre. Tal perfil implica entonces que los agentes del ESMAD no son operativos convencionales de la fuerza pública sino sujetos que, en el ser, el saber y el hacer deberían encarnar con suficiencia las pretensiones civilistas de la Dirección de Seguridad Ciudadana. Contra las mismas, con frecuencia vemos que sus activos operan armas y pertrechos con imprudencia y elevando su letalidad, irrespetan los protocolos administrativos proferidos por las autoridades civiles, desoyen los mandatorios judiciales y hacen oídos sordos a las peticiones de actuación “sin violencia por parte de manifestantes pacíficos; respondiendo al cúmulo de derechos de quienes protestan con un sonoro disparo a la Constitución.    

En su respaldo encontramos a sectores militaristas al mando de las entidades gubernamentales y actores recalcitrantes de la derecha política. Con la misma contundencia que la furibunda senadora Cabal, una de ellas, afirma que los soldados del Ejército no son damas rosadas sino una fuerza letal que entra a disparar, se expresa la “gratitud infinita con nuestros héroes del ESMAD, quienes, a pesar del maltrato y hostigamiento de los violentos, siguen protegiendo la vida de los colombianos, aunque eso signifique poner en riesgo la suya”. Nada se dice de las tantas ocasiones en las que el ojo ciudadano transmite los maltratos, hostigamientos y acciones violentas promovidas por dicha fuerza.

En lugar de constituirse en un referente institucional respetado por su apego a la normatividad y su estricta operación en garantía del derecho a la protesta y la salvaguarda del orden, se acumulan los videos, registros gráficos, grabaciones  de audio y testimonios que indican el alto nivel de belicosidad con el que se opera el armamento “no letal” de manera directa y desproporcionada sobre grupos e individuos manifestantes e incluso contra no partícipes de protestas que resultaron afectados, lesionados, desaparecidos o muertos por su accionar; elevando las situaciones de choque y confrontación ciudadana con efectivos de dicha escuadra. Incluso en los noticiarios y medios convencionales, vemos todos los días y en cada ocasión en la que aparece el ESMAD, que opera con la misma intención de ocasionar daño y lesionar a quienes en la calle se manifiestan, provocando y generando situaciones de peligro a la ciudadanía hasta en sus sitios de residencia.

Es claro que se requiere alguna medida de actuación institucional regulatoria de la protesta social que contenga los actos contrarios a la misma y fomente la restitución de la seguridad como bien público. Para ello se cuenta con el Manual para el Servicio de Policía en la Atención a Multitudes y el Manual de Procedimientos para las Operaciones de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden. Sin embargo, ningún reglamento autoriza a violentar las garantías a ese derecho constitucional actuando de manera desproporcionada y temeraria o escalando el nivel de conflictividad de una situación para generar las condiciones de contención violenta de la misma, como ha ocurrido, contraviniendo los postulados garantistas contenidos en dichos instrumentos regulatorios.

En buena medida, tales acciones abusivas expresan una tendencia gubernamental a desconocer las motivaciones del malestar, contener sus expresiones con improvisadas mesas de diálogo, minimizar las pretensiones de quienes se manifiestan, estigmatizar la movilización social, declarar la infiltración de actores desregulados y desactivar la protesta social con su exposición mediática virulenta, la adjudicación de actos vandálicos y la aplicación de tácticas de represión bélica por parte de una fuerza policial militarizada que opera bajo el principio de salvaguardar el orden ante situaciones consideradas delictivas, sin que las mismas estén firmemente definidas y resulten discrecionales, artificiosas y elusivas en la legislación vigente.

Dado que así no se gobierna, al menos no para afianzar prácticas civilistas en la actuación institucional, urge cambiar el libreto gubernamental y su replicabilidad mediática, avanzando hacia un plano de mejor entendimiento de las reclamaciones acumuladas, cuyo tratamiento y resolución ya no da más espera. Las reformas que el país deba implementar, seguramente tendrán que alcanzar rasgos constitucionales, empezando por la transformación de la fuerza estatal para que nunca más pueda operar como una banda de asesinos.