El obtuso gobierno que apenas llega a su primer mes acaba de tomar la peor decisión contra la seguridad ciudadana. Levantar las restricciones al porte de armas tan solo presagia desasociego y temores.

Si Colombia fuese una sociedad exitosa en provocar tránsitos hacia la plena civilidad de sus gentes, podría entenderse que una medida como esa en nada afectaría el comportamiento ciudadano y la vivencia respetuosa de la convivencia, que sería un propio en nuestras maneras de reaccionar y resolver los conflictos. Sin embargo, la tradición violenta que evidencia múltiples situaciones de confrontación resueltas con lesiones y ultimaciones producidas por la frecuente recurrencia a las armas de fuego, constituye una advertencia que un gobierno serio y responsable no debería ignorar.

Tal como manifiesta en su página de Facebook la Mg. Karolina Guerrero Obregón, Asesora de paz en Buenaventura, “En un país que todavía llora a sus víctimas de la violencia, donde muchas comunidades viven bajo amenazas y donde la seguridad sigue siendo una deuda histórica del Estado, levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas, no es solo una improvisación, es también una invitación a la guerra.”

Facilitar el porte de armas en manos de particulares constituye un aliciente a la explosión de las determinaciones violentas que ponen en jaque la seguridad ciudadana, en un país en el que tramitar las diferencias mediante el diálogo, la promoción del entendimiento o la tramitación institucional, ha resultado elusivo.

Los medios de comunicación convencionales y las redes sociales reproducen con frecuencia videos en los que se hace patente que, antes que disminuir, se multiplican las probabilidades de tragedia tras la ocurrencia de cualquier disputa cotidiana en el hogar, en la calle o incluso en templos y edificaciones públicas; dejando en evidencia que la eufemística “gente de bien” suele comportarse muy mal cuando porta un arma.

Las estadísticas dejan muy claro que el Estado no sólo ha puesto en entredicho el monopolio de las armas al disponerlas ampliamente en manos particulares, sino que, aun reguladas requiriendo la aprobación del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos adscrito al Comando General de las Fuerzas Militares, transitan con mucha facilidad en manos de actores desregulados y criminales.

Aunque esa dependencia queda facultada para expedir, revalidar, suspender, cancelar o revocar permisos, y las demás autoridades militares deben ejercer la inspección, vigilancia, incautación y decomiso de las armas, la altísima frecuencia con la que se registran muertes y lesiones por arma de fuego mientras las restricciones han sido amplias, permite suponer que se elevarán mucho más ahora que se anulan sus restricciones.

Aunque preocupa, el de la liberalidad de las armas es uno solo de los asuntos inquietantes en lo que va de este gobierno. La suma de agravios se agiganta y, como reconoce en su twitter el periodista Pascual Gaviria, este largo mes puede resumirse en “apología a las armas, Cristo Rey, tutelaje gringo, beneficencia de primera dama frente a la tragedia, alegoría institucional a la muerte, burla al Estado laico, acoso a la prensa incómoda, extorsión a los gremios, amenaza a migrantes venezolanos”, sumado al tránsito de militares por el territorio, el anuncio de la posible instalación de nuevas bases gringas, propaganda partidista en balones entregados a damnificados, acciones selectivas en el ofrecimiento de apoyo con socorristas, filtro ideológico a la ayuda humanitaria internacional, reconocimiento de a Israel de la posesión del Golán, bloqueo informativo exclusivista para “medios amigos”, establecimiento de sedes alternas no autorizadas, silenciamiento al anuncio de cifras oficiales que debe informar el DANE, bombardeos con nuevas afectaciones a menores entre las víctimas, retorno de aspersión aérea con glifosato, entendimiento hacia Estados Unidos sobre tierras raras y materiales escasos, descalificación de fallos judiciales, eliminación de categorías como “niña” y “campesino”, persecución al fantasma de la ideología de género, y congelamiento del gasto y de la contratación, que tienen a varias entidades públicas al borde de la parálisis, en un momento de crisis nacional.

La lista de salidas en falso, equívocos desafortunados, evidencias de desconocimiento, y las aprehensiones por los niveles de competencia de algunas personas en ministerios y direcciones, no es menor. Aunque hubo amplia difusión a una supuesta “Arca de Noé” que evidenciaría la intensa preparación de más de ocho meses dedicados a planear los asuntos de gobierno, la improvisación parece ser una constante, en funcionarios que se negaron a participar del empalme que, por ley, les resultaba obligante. Con ello dejaron claro que, pese a declararse defensores de la constitución y la ley, serán múltiples las afrentas a las mismas, por parte de un gobierno empecinado en desmontar todo lo construido por el anterior.

Ante las ocurrencias, caprichos y veleidades que desdicen del conocimiento real de la sociedad colombiana, debe insistirse en la urgente necesidad que tenemos de desarrollar la capacidad de gobernar; que no consiste solo en afanarse por ocupar los espacios decisionales y de gobierno, sino en comprender los fines del Estado, respetar plenamente la vigencia de sus instituciones, ejercer las funciones con apego a lo reglado, y asumir con responsabilidad las consecuencias de cada decisión pública, evitando que los errores decisionales terminen por afectar seriamente la vida cotidiana de millones de personas.