Un estatuto congruente y pertinente

14 de diciembre de 2023

Por: Arleison Arcos Rivas

Acaba de pasar en la Cámara el primer debate del proyecto de ley estatutaria de la educación, que pretende dotar al país de un robusto marco regulatorio y financiero con el que pueda hacerse realidad la garantía constitucional de la educación como derecho fundamental, implementado de manera congruente y pertinente.

Resulta inconcebible que atender de manera integral a la primera infancia en el nivel preescolar de tres grados, así como la formación en la educación media no resultan obligatorias hoy, generando desproporciones, inequidades en injusticias en el acceso, ingreso, permanencia y egreso de amplios sectores sociales, que ven permanentemente limitadas y bloqueadas sus oportunidades de mejoramiento social y económico.

Aunque se afirme que el disfrute del derecho a la educación implica la prestación de servicios estatales obligatorios y gratuitos, que también pueden ser contratados por las familias con organizaciones o entidades particulares, las estadísticas arrojan serias preocupaciones respecto de la capacidad institucional para garantizar el pleno acceso en todos los niveles educativos, así como las condiciones con las que se ve satisfecho este derecho.

Pese a ello, el Estado atiende en las Instituciones Educativas cerca de 8 millones de niños, niñas y adolescentes en edad escolar, atendidos por 452.500 docentes, a los que ahora se suma un nutrido número de nuevos maestros y maestras incorporados por el concurso docente. Los particulares, por su parte, participan con el cobro de este servicio para un aproximado de 2 millones de menores, según el DANE.

Para hacer posible este derecho fundamental, de manera que el Estado y la sociedad adopten las medidas necesarias para que la educación sea pertinente, pública, de calidad e inclusiva, sin ningún tipo de limitante o exclusión, urge regularlo en aspectos sensibles a su financiamiento, fines, cobertura, intensidades, contenidos y propósitos, transformando las políticas y decisiones técnicas que afiancen las oportunidades de aprendizaje para todos y todas.

Fortalecer el derecho a la educación y su carácter fundamental y constitucional, implica realizar los fines ya descritos en el artículo 5° de la ley general 115 de 1994. En tal sentido, contando con la ley estatutaria, se deberán establecer acciones que superen el odioso asignaturismo que sobrecarga la jornada escolar con demandas formativas desarticuladoras del currículo, e impiden el avance armonioso en procesos curriculares y didácticos favorables a la articulación de las diferentes disciplinas que aportan sus saberes, procedimientos y prácticas en la escuela, apostando por trayectorias formativas completas y articuladoras de todos los niveles y ciclos educativos.

Para ello, resulta loable que la estatutaria abra espacios a las artes, los deportes y prácticas gimnásticas, el bilingüismo, el desarrollo de la inventiva científica a edad temprana, junto con el fortalecimiento de la formación ciudadana, el desarrollo de habilidades socioemocionales y la consumación de habilidades y competencias para el tiempo presente.

Con semejante propósito, el país debe avanzar hacia un currículo mucho más integrador y organizado que favorezca procesos dialógicos, consolide la interacción entre los pares escolares, contribuya a dinamizar nuevas metodologías, prácticas creativas y estrategias de aprendizaje innovadoras, fortaleciendo igualmente el dialogo formativo y profesional del magisterio en cada sede e institución educativa.  

Enfrentar la inasistencia frecuente, la deserción y el abandono escolar, atender el bajonazo motivacional posterior a la pandemia, ofrecer apoyo y acompañamiento a poblaciones diferenciadas, retar la precariedad y baja inversión directa en las instituciones educativas, resolver el atraso tecnológico e innovador, elevar la inversión en herramientas para la indagación y experimentación en ciencias naturales, sociales y del lenguaje, mejorar los materiales didácticos, requiere aumentar los recursos de gratuidad que se destinan a los Fondos de Servicios Educativos, y redirigir a programas específicos que hagan más robustos los Planes de Mejoramiento Institucionales con los aportes para calidad educativa que hoy son administrados por las entidades certificadas. 

En igual sentido, resulta determinante que el estatuto jurídico que entroniza el derecho fundamental a la educación resuelva afiance, asegure, incremente y garantice la financiación y vigencias que blinden las medidas con las que se prosigue la calidad educativa en la escuela pública. Esta salvaguarda resulta necesaria, precisamente en momentos en que sectores neoliberales de la derecha colombiana proponen trasladar recursos públicos a la oferta con agentes educativos y empresas privadas; medida que, por demás, resulta onerosa e ineficaz para asegurar calidad educativa, como sugieren diferentes experiencias de concesión y contratación con particulares.

Más allá de cualquier texto legal que pueda aprobarse; estatutario, general u ordinario, la escuela pública requiere comprender su sentido y significación en un país turbulento, desproporcionado, injusto y desigual. Para ello, retar las profecías de fracaso y superar las acciones que ahondan las brechas de desigualdad constituye un urgente e inaplazable llamado a entender que lo que resulta fundamental en la educación es que contribuya a armonizar proyectos de vida humanamente exitosos y socialmente competentes, aportantes en la transformación de las condiciones culturales, productivas y políticas que fortalecen el vivir juntos, congruente y pertinente.