Por: John Jairo Blandón Mena                                                              

Justo esta semana se cumplen 21 años de la ocurrencia de uno de los hechos más cruentos en la historia inacabada del conflicto armado en Colombia: la masacre de El Salado. Y, pasará este aniversario del horror como en los años precedentes, totalmente desapercibido, salvo porque en días recientes varios pobladores del prácticamente corregimiento fantasma incrustado en los Montes de María, recibieron nuevamente amenazas de grupos neoparamilitares sentenciándolos a muerte si no abandonan el lugar.

Las recientes intimidaciones en voz de las victimas sobrevivientes de hace dos décadas, parecen un calco de los eventos que antecedieron el abominable asesinato de 66 campesinos, que, mediante violaciones, torturas, degüellos, decapitaciones y empalamientos en la cancha central del pueblo ante la mirada inerme de sus vecinos fueron masacrados desde el 18 al 22 de febrero de 2000. No pueden dejar de recordar los moradores de El Salado ese fatídico 18 de febrero cuando presenciaron el ingreso de cerca de 400 paramilitares a su pueblo, que venían en un recorrido de muerte, luego de haber exterminado en los poblados circunvecinos de Flor del Monte, San Rafael, Canutal y Canutalito a 45 labriegos.

Esos cinco días de permanencia de los guerreros en ese territorio parecieron siglos. Mujeres maltratadas y violadas, casas saqueadas e incineradas, torturas y muerte por doquier, decapitaciones y disparos, gritos y destrucción. Un escenario dantesco, que ni siquiera las descarnadas confesiones de los jefes paramilitares que dirigieron la criminal operación logran describir. Los habitantes del otrora prospero poblado hoy son menos de la tercera parte de la población original, que después de la matanza aún guardan luto por sus familiares, amigos y vecinos caídos; con notables afectaciones psicológicas derivadas de no haber recibido acompañamiento psicosocial después de las pérdidas.

Para los saladeros estar ubicados en el corredor que comunica el bajo Magdalena con la costa Atlántica atravesando los Montes de María, los hizo ser epicentro a la vez, de prosperidad económica y de una disputa a muerte de los grupos armados irregulares por el control de esa necesaria ruta para la salida de drogas hacia el caribe. Pero otra hubiera sido su suerte, si el Estado representado en sus fuerzas militares, no hubiera actuado como un actor más en su contra, como lo prueban, por un lado, las declaraciones de los comandantes paramilitares de la operación que la califican como “un favor que le hicieron los paramilitares a los miembros de la infantería de marina”. Y, por otro, los documentos de la entonces Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que concluyeron inobjetablemente que “los paramilitares que entraron a El Salado tuvieron carta blanca de agentes del Estado”.

Las preguntas que los sobrevivientes de la masacre se vienen haciendo desde el día siguiente que cesaron los hechos, solo las pudo responder el fallo que condenó al Estado como responsable directo por dejar en completa indefensión a los pobladores de El Salado.

¿Cómo pudieron 450 paramilitares entrar a El Salado, permanecer varios días y salir hasta llegar a sus campamentos sin que las Fuerzas Militares se enteraran?

¿Por qué un helicóptero, al parecer militar, sobrevoló el poblado dos meses antes y arrojó volantes advirtiendo sobre la incursión armada?

¿Por qué durante los cinco días de la incursión paramilitar helicópteros del Ejército sobrevolaron el poblado y no generaron ninguna acción en contra del bloque paramilitar?

¿Cómo ocurrieron estas acciones a tan solo 19 kilómetros del casco urbano del Carmen de Bolívar y en una población tan próxima a Corozal (Sucre) donde se encuentra la Brigada de Infantería de Marina No.1?

Hoy, a partir de las declaraciones de jefes paramilitares y de miembros de la Infantería de Marina, no hay duda histórica ni judicial, que agentes del Estado participaron en estos hechos. Y, ante las nuevas amenazas, la institucionalidad oficial en cabeza de la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos se presentó al lugar a prometer proyectos productivos e inversiones millonarias a la abandonada región; el Comandante de la Fuerza Naval del Caribe afirmó que El Salado es el pueblo más protegido de los Montes de María; y, finalmente, el Fiscal y el Defensor del Pueblo se cruzaron misivas elogiándose por su tarea en esa región del país. Lo cierto es que todos mienten, esas promesas se han repetido numerosas veces desde que aconteció la masacre en el 2000, y lo único cierto es que el corregimiento de El Salado y toda la región de los Montes de María es una de las más empobrecidas del país, con un altísimo desempleo muy por encima del promedio nacional, sin fuentes formales de empleo e inexistencia de servicios públicos e inversión social; el otrora cultivo del tabaco que sustentó la economía regional está aniquilado por la desregularización de los precios, y los campesinos sobreviven a su suerte de los cultivos de pancoger de maíz, yuca, ají, plátano, ñame y aguacate.

En El Salado como en el Catatumbo, Tumaco, Buenaventura, el Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño, el Norte del Cauca, el Urabá chocoano, y en tantísimas zonas del país, se están cocinando las condiciones para propiciar conflictos armados aún más cruentos que los que no hemos superado.