18 de mayo de 2023

Por: Arleison Arcos Rivas

No salgo del asombro con el silencio cómplice de los medios masivos e informativos corporativos ante las macabras declaraciones de Salvatore Mancuso Gómez, exjefe paramilitar que rindió audiencia en busca su reconocimiento por parte de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, como punto de conexión entre paramilitares y miembros de la fuerza pública

La JEP es la instancia rectora del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, nacida del proceso de entendimiento y negociación entre el gobierno nacional y las extintas FARC, con el que se tramitó un acuerdo de paz con el que se buscó sellar décadas de guerra y avanzar hacia una elusiva paz estable y duradera. Pese a que la Corte Constitucional constriñó como comparecientes a personas naturales, nacionales o extranjeras que hayan cometido o que presuntamente hayan participado en conductas delictivas en relación directa o indirecta con el conflicto armado, los terceros interesados en ofrecer verdad respecto de sus conductas y acciones asociadas al conflicto, pueden solicitar ser acogidos por ese organismo.

Mientras alias Triple Cero, extraditado, condenado y recluido en los Estados Unidos, confiesa la comisión de los más diversos y execrables crímenes, la prensa convencional no sólo ha ignorado tales declaraciones sino las nuevas revelaciones y reiteraciones con precisiones que ha prometido relatar ante el tribunal de paz, con circunstancias de modo, tiempo y lugar.

El paramilitarismo es una herramienta macrocriminal que se ensañó contra todo y contra todos, operando cual mercenarios corporativos al servicio de señores de la guerra, en la totalidad del territorio nacional. Bajo la excusa de combatir y enfrentarse a la amenaza de un enemigo desregulado, el fenómeno paramilitar se ensañó contra campesinos, líderes étnicos, activistas de derechos humanos, dirigentes estudiantiles y sindicales, en fin, al conjunto de la ciudadanía movilizada, a la cual asimilaron, presentaron o camuflaron como guerrilleros. En la última oportunidad que busca Mancuso para ser acogido por la JEP, tendrá que aportar revelaciones suficientes y efectividad que actualicen lo no sabido de este fenómeno delictivo.

Sumado a lo que ha podido ser esclarecido en los procesos adelantados por la justicia ordinaria, en la vigencia de la ley de Justicia y Paz y en el balance presentando en los informes de la Comisión de la Verdad, la JEP tendrá que sopesar con sigilo las afirmaciones de Mancuso respecto de los modos de operación y la diversidad de prácticas o tipologías criminales ejercitadas de manera personal, por interpuesta persona, en alianza o a pedido de alguno de los sujetos, actores institucionales o corporaciones involucradas en el conflicto.

Frente a representantes de las víctimas y ante magistrados de la JEP, una de ellos, la criminóloga afrodescendiente Heidi Baldosea Perea, el exparamilitar Mancuso relató de manera directa y con crudeza los detalles respecto de asesinatos, masacres y diferentes acciones delictivas; muchas de ellas perpetradas “en representación de la oligarquía colombiana”, reitera la acusación al exvicepresidente Francisco Santos de haber solicitado la creación del Bloque Capital en Bogotá.

Controvertidos expresidentes, militares y políticos vivos y muertos, fueron mencionados por Mancuso. Álvaro Uribe, el más connotado de ellos, fue acusado de haber retirado el esquema de seguridad al exalcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, favoreciendo su asesinato. En igual sentido, relató las diversas alianzas y operaciones conjuntas realizadas con miembros de la fuerza pública, los vínculos con civiles, especialmente empresarios, y las asociaciones con funcionarios comprometidos con el accionar de las estructuras paramilitares.

De manera escabrosa, Mancuso dio a conocer las estrategias que los paramilitares aplicaron ante el llamado de oficiales de policía y ejército para que disimularan las cifras de asesinatos, creando hornos crematorios para desaparecer civiles, incluso demarcando la frontera con Venezuela con fosas comunes en las que enterraron al menos a 200 de sus víctimas, muchos de ellos reportados en listas de supuestos colaboradores con la guerrilla, confeccionadas por altos militares.

La intensidad e importancia de lo narrado, nos recuerda el analista León Valencia, que en los 12 años de gobierno Pastrana – Uribe “se produjo el 63% de las víctimas del conflicto armado del país”; contexto que, de por sí, ameritaría el escrutinio y escudriñamiento profuso en radio, prensa y televisión.

No obstante, mientras Mancuso rompe el silencio, la gran prensa calla y se hace sorda a esta comparecencia. La excepción, hay que advertirlo, ha sido la sección “Pregunta Yamid” del Noticentro1 CM&, que presentó sendos resúmenes de lo revelado en tres días de aseveraciones y testimonios. Hubo mucha más acción informativa ciudadana en las redes virtuales y videotransmisores como Tercer Canal, que siguieron en vivo y paso a paso las nuevas declaraciones del exparamilitar.

Tal como ocurrió con los poco difundidos procesos de Justicia y Paz y el frío recibimiento a los informes de la Comisión de la Verdad, los crímenes de lesa humanidad reconocidos por Salvatore Mancuso poco importaron a los medios corporativos, más preocupados por el costo de la gasolina para una delegación diplomática en África.

Ese extraño silencio en cadena, evidencia la precaria objetividad e imparcialidad con la que se ha producido una manifiesta connivencia mediática con la guerra, sus intereses y los demenciales incidentes delincuenciales acumulados por décadas de padecimiento con el flagelo paramilitar.

Tales medios, evidencian escasa indagación, falta de análisis, información delusoria, artificiosa o falsa. Ante las acusaciones y los dramáticos casos testimoniados por quienes, como Mancuso, participaron activamente en el conflicto perpetrando los más sanguinarios crímenes, al país le quedaron debiendo la intensa indagación, difusión y seguimiento que merece el esclarecimiento de toda la verdad.

Así, más allá de registrar las consabidas salidas declarativas que niegan las acusaciones y prometen acciones judiciales en contra del denunciante, las empresas mediáticas ni se inmutan por preguntar o hilar fino para desenmarañar las pruebas o evidencias que el oficio periodístico serio y responsable debería corroborar o desestimar. Nada dicen, los que mucho tapan y silencian.

Por eso siguen resonando con intensidad las palabras de Francisco de Roux inquiriendo al país por no haberse detenido para exigir a todo actor armado parar la guerra y negociar una paz integral. Los medios han sido, en buena medida silentes. posando de verdugos sólo cuando sube o baja el dedo de quien decide la línea editorial que les resulta conveniente.

De ahí que, ante tan manifiesto silencio cómplice o complaciente, resulte fundamental a la transparencia informativa que prosperen las alternativas sociales de comunicación orquestadas por la ciudadanía anónima y la multitud de mujeres y hombres opinadores, comentaristas, analistas y medios que resisten la conveniencia corporativa tras el monopolio informativo, la uniformidad oficiosa y la unilateralidad en el cubrimiento noticioso.