30 de mayo de 2023

Por: John Jairo Blandón Mena

Ya se volvió parte del paisaje en los grandes centros urbanos de este país ver decenas de indígenas de todas las edades en condición cercana a los habitantes de calle. Son incontables los que se pueden encontrar en el centro de Bogotá, Medellín o Cali, la gran mayoría mendigando ayuda de los transeúntes, que, en su mayoría, como los gobernantes de esas ciudades, los ignoran y sienten hasta fastidio o incomodidad con su presencia.

Una nación que ignora, maltrata y no es solidaria con la población que encarna sus orígenes, merece la indignidad que sostiene el aun no construido proyecto colectivo de Colombia. Es que buena parte de los indígenas que salen forzadamente de sus territorios no son migrantes internos (como diría el Centro Democrático), sino que son desterrados de sus espacios de vida por el conflicto armado, la minería criminal y por tantos fenómenos gestados, mantenidos y agudizados por las mismas élites que ignoran su presencia en las ciudades.

Hace algunas semanas el alcalde de Medellín interpuso una acción de tutela solicitando que los cientos de indígenas Emberá ubicados en su ciudad fueran regresados a los territorios del Chocó de donde provienen. Lo que no entendió, y sigue sin entender el burgomaestre es que la confrontación armada que los expulsó de ese territorio aún se mantiene, y con mayor intensidad. Medellín, la ciudad innovadora, la incluyente, y ahora el epicentro de la Cuarta Revolución Industrial, parece no tener garantías para ofrecerle a unos colombianos que llegan a ese territorio huyendo de la guerra.

Y no son invasores. Ni mucho menos personas indeseadas como las han tratado. Las autoridades las han desplazado de un lugar a otro de la urbe, y se han desentendido de la situación, y los miran como bichos raros. Quisieran esos indígenas que la ciudad tuviera la misma hospitalidad con ellos, que con los miles de extranjeros que la visitan. El asentamiento infrahumano de indígenas en el barrio Niquitao, a pocas cuadras del centro, donde se evidencia a simple vista el hambre, las enfermedades y la falta de todo, no puede ocurrir en Medellín, ciudad que se vanagloria de tantas cosas por todo el mundo.

Y mientras el Estado garantiza las condiciones para el regreso en condiciones de seguridad al Alto Andágueda en el Chocó de estas comunidades, la ciudad debería propiciar un acompañamiento institucional que evite que los niños fallezcan por falta de atención médica o que haya decenas de personas enfermas por la insalubridad. La ultima fallecida fue una niña de 3 años el pasado 16 de mayo.

Pero si en Medellín llueve, en Bogotá no escampa. En la localidad de Los Mártires hay casi mil indígenas asentados, los han movido forzosamente de un lugar a otro. Y la alcaldesa de esa ciudad tan amante del ESMAD, hasta lo ha utilizado para enfrentarlos. La situación humanitaria de estos indígenas es dramática, y justificaría una acción jurídica ante organismos internacionales. Según los mismos indígenas van 30 muertos, principalmente niños como consecuencia directa de la insalubridad en que se encuentran hacinados. Las autoridades de salud de la capital reconocen 18 muertes y desmienten a los indígenas; como si uno u otro escenario no fuera una completa debacle.

Entretanto, la institucionalidad distrital se lanza la pelota con las autoridades nacionales. Misivas de la alcaldía a diferentes ministerios van y vienen, lavándose las manos de la responsabilidad que uno y otro deben asumir. Y mientras todo esto sucede, asistimos a una de las situaciones humanitarias más críticas que enfrenta el país ante el silencio cómplice de casi toda la sociedad.  

Mi anhelo es que el presidente Gustavo Petro que ha demostrado su cercanía con el Pueblo Indígena, intervenga para que esta aberrante situación cese.