26 de septiembre de 2023

Por: John Jairo Blandón Mena

Recientemente se hizo viral por redes sociales un video en el cual un grupo de campesinos cafeteros desde una tienda Juan Valdez en Pereira expresaban que mientras allí pagaron $4.500 por un tinto mediano; ellos tienen que vender una libra del grano en tan solo $4.000. A renglón seguido, los caficultores de Nariño, Cauca, Tolima, Valle, Quindío, Risaralda y Caldas que simbólicamente se convocaron en ese espacio icónico de la Federación Nacional de Cafeteros anunciaron que en los próximos días iniciarán un paro cafetero en todo el país.

Esa injusta distancia entre el precio del café comercializado en el mercado interno y el valor en que los caficultores venden su producción, es la misma brecha que existe entre la burocracia cafetera afincada en la Federación Nacional de Cafeteros y los campesinos que cultivan el grano. Mientras los dirigentes de ese gremio devengan altos salarios, entre ellos los alrededor de 100 millones de su presidente, buena parte de la base cafetera está en precarias condiciones de subsistencia.

Esa federación que no agrupa a la integralidad de los cafeteros del país maneja cuantiosos recursos de naturaleza publica y parafiscal. Por un lado, el Fondo de Estabilización de Precios del Café con 299.000 millones de pesos; y por otro, el Fondo Nacional del Café con más de 2 billones. Ambas cuentas administradas por esa entidad crecen progresivamente, una con recursos de todos los colombianos, y la otra con el precio internacional del grado derivado de las contribuciones pagadas por las exportaciones de cada libra de café.

El cuestionamiento de los cafeteros, que es uno de los puntos de la convocatoria del su próximo paro nacional, es que no puede el gremio que los agrupa estar direccionado por burócratas que llevan más de una década en sus cargos y que no representan sus intereses. El crecimiento de recursos y la bonanza de las cuentas bancarias de la federación difiera de las condiciones de vida de los productores; entre otras, por la crisis climática, la importación excesiva del producto, la falta de apoyo financiero y la inestabilidad del precio internacional.

¡Nosotros no somos limosneros, somos cafeteros! Ese será uno de los lemas del paro. Es que las mas de 550 mil familias cafeteras colombianas, que trabajan en las 930 mil hectáreas cultivadas del país no están pidiendo limosna a la federación y al Gobierno Nacional. A la primera se le exige, que administre los recursos en función de su real destinación; por un lado, la estabilización de los precios internacionales, y por otro, el mejoramiento de las condiciones de vida de los caficultores. Y al segundo, que propicie el cambio estructural de la Federación Nacional de Cafeteros.

Tiene absoluta razón el presidente Gustavo Petro, el Gobierno no puede construir de la mano con una Federación Nacional de Cafeteros que no se moderniza poniendo en el centro de su representación y conformación a la base cafetera. Por eso, la advertencia de la no continuidad de los contratos de administración de los fondos hoy en cabeza de ese gremio, es solo la garantía para que las decenas de miles de familias productoras mejoren su calidad de vida  para que perviva una de las economías fundacionales de este país.